El caso Jeremías Monzón: el crimen del joven santafesino que cambió para siempre el sistema penal juvenil de Argentina
El aberrante asesinato de Jeremías Monzón, ocurrido en diciembre de 2026, atravesó el debate político, judicial y social sobre la edad de imputabilidad hasta el estreno este 5 de septiembre de un nuevo régimen penal juvenil en Argentina.
El predio ubicado en la zona sur de Santa Fe, donde a fines del año pasado fue encontrado asesinado el adolescente Jeremías Monzón.
Desde este 5 de septiembre rige en la Argentina el nuevo Régimen Penal Juvenil, una reforma que baja la edad de imputabilidad y que atravesó buena parte del debate público durante 2026. Detrás de esa sanción hay un nombre propio: Jeremías Monzón, el joven de Santo Tomé cuya desaparición había sido publicada por AIRE el 20 de diciembre de 2025, y su posterior crimen se convirtió en uno de los casos más resonantes de la historia policial santafesina y en el disparador político de la nueva ley.
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Desaparición, misterio y un cuerpo hallado en una construcción abandonada
A Jeremías Monzón lo buscaban desde el 18 de diciembre cuando salió con su bicicleta de su casa en Santo Tomé. Era algo habitual y no había señales que hicieran pensar en una ausencia prolongada. Tenía 15 años y asistía al Colegio Nacional de la ciudad de Santa Fe. Su familia rápidamente comenzó a buscarlo, con pedidos de paradero y difusión a través de redes sociales. Incluso, pidiendo registros fílmicos que permitieran observar el recorrido del joven.
Casi en paralelo, se denunció la desaparición de otra persona vinculada a Jeremías. Se trataba Milagros A., una chica de 16 años con la que Jeremías frecuentaba y se sospechaba que había sido la última persona que lo vio con vida.
Una semana después, en la mañana del lunes 22 de diciembre, se observó un fuerte operativo policial en un terreno baldío ubicado frente a la cancha del Club Colón. La Policía de Investigaciones (PDI) había encontrado un cuerpo en una construcción abandonada.
Las autopsias del día siguiente y la propia familia confirmaron lo peor: se trataba de Jeremías y su cuerpo presentaba una veintena de puñaladas. En la misma jornada apareció Milagros. Estaba bien, en el refugio Juan Diego del barrio Candioti Sur de Santa Fe y junto a su madre.
Para ese entonces, en el caso ya habían intervenido tres fiscales del Ministerio Público de la Acusación. El primero fue Gonzalo Iglesias, cuando la causa estaba caratulado como "búsqueda de paradero". Luego intervino Francisco Cecchini, del fuero de menores, para determinar si existía la responsabilidad penal de algún menor en el homicidio. Y por último, Estanislao Giavedoni, que participó de la búsqueda de la chica allegada a Jeremías.
Lo que vino después fue más horror. Las actuaciones quedaron a cargo de Cecchini, a quien se le sumó la fiscal Ana Laura Gioria y el homicidio se investigó, desde entonces, en el fuero de menores.
Operativo en el Parque del Sur, menores detenidos y un video
Reconocido el cuerpo de Jeremías, la Fiscalía inició una causa que reconstruyó cómo había sido el derrotero del adolescente hasta llegar a su desenlace fatal, aquel 18 de diciembre. Según estableció la investigación, el chico de 15 años salió desde su casa en Santo Tomé en bicicleta para encontrarse con Milagros A., de 16 años, en el Fonavi San Jerónimo, de la zona sur de Santa Fe.
Ambos caminaron hasta el predio abandonado en donde aguardaban dos chicos de 14 años que al ver entrar a Jeremías, lo atacaron con golpes y puñaladas y lo torturaron mientras le exigían la clave para desbloquear su teléfono. Tras conseguir ese objetivo, la joven Milagros A. les dijo a los menores: "Ya está, matalo”.
La secuencia homicida no fue como cualquier otra sino que quedó registrada en un video que los homicidas hicieron mientras sometían a Jeremías dentro del predio abandonado.
Una vez culminado el crimen, los tres adolescentes fueron hasta la casa de la abuela de Milagros A., en donde permanecieron durante una hora y luego fueron rumbo a encontrarse con Nadia Juárez –madre de la chica– detrás del estadio del Club Colón.
Los investigadores sospechan que en ese encuentro, los menores le mostraron el video a Juárez y luego se marcharon los cuatro hasta el Parque del Sur en donde descartaron pertenencias de Jeremías y hasta improvisaron una lápida.
De los cuatro involucrados en esa secuencia, solo Milagros A. y su madre resultaron detenidas ya que los otros dos menores, al ser no punibles, terminaron sobreseídos pero con un monitoreo por parte del Estado.
En lo que respecta a la chica de 16 años, la Fiscalía le imputó ser coautora del delito de homicidio calificado por ser cometido por el concurso premeditado de ser cometido por tres o más personas y por el ensañamiento y alevosía. Mientras que su madre, la cual fue detenida el 29 de diciembre de ese año (una semana después), fue acusada como “partícipe secundario” del homicidio calificado.
Un debate que se formó en medio del dolor: "No importa la edad, son asesinos"
Para los primeros días de 2026, en la ciudad y en la provincia de Santa Fe ya se hablaba de una "Ley Jeremías". Así lo exigían las recurrentes marchas de vecinos, amigos, familiares y allegados al joven asesinado cuando se fue conociendo el modus operandi de los tres menores que participaron del crimen.
La mamá de Jeremías, Romina, comenzó a brindar declaraciones ante autoridades de diferentes instituciones y organismos, y también a los medios: "Pido justicia. Pido que entiendan otras mamás que estos chicos están sueltos y que van a estar escolarizados con sus hijos”, dijo en su primer enfrentamiento a los micrófonos. Días después, sostuvo: "No importa la edad, son asesinos y lo que hicieron fue una ejecución. Que baje la ley de imputabilidad porque no es justo".
Sobre el caso también se refirió la máxima autoridad provincial, el gobernador Maximiliano Pullaro. Desde el primer momento, definió que "la pena tiene que ver con el delito y no con la edad de la persona que lo cometió”.
Por su parte, en diálogo con AIRE, el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni coincidió en que, "en los delitos graves como homicidios y lesiones, tiene que haber una respuesta penal”.
Patricia Bullrich en AIRE: "Lo de Jeremías fue la gota que rebalsó el vaso"
La viralización del video del crimen a través de redes sociales no hizo más que nacionalizar al máximo el caso Jeremías Monzón. Eso ocurrió a mediados de enero y motivó a otra investigación por parte de Fiscalía: establecer si el registro fílmico fue filtrado por agentes policiales que pudieran haber tenido (o no) acceso al legajo judicial del asesinato del adolescente de 15 años.
Casi inmediatamente, el 27 de enero y a contrarreloj, el Gobierno nacional incluyó el proyecto de ley del Régimen Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias de febrero y la baja o no de la edad de imputabilidad en Argentina atravesó los debates de la agenda política y la opinión pública.
"Fue la gota que rebalsó el vaso", reconoció la senadora de La Libertad Avanza y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en diálogo exclusivo con el programa Ahora Vengo de AIRE.
“Vi el video, lamentablemente. Es impresionante. No hay algo que pueda decir que lo hicieron sin querer: fue premeditado y brutal”, señaló y aseguró que los familiares "no podrán recuperar a Jeremías, pero vamos a lograr que no sufran eso otras familias”.
Para la legisladora, la baja de imputabilidad no representaba "un dilema ideológico, ya que todos los países del mundo juzgan a los menores", y confirmó que el propio presidente Javier Milei estaba convencido del proyecto.
En el Partido Justicialista, por otra parte, no comenzó a debatir internamente la baja en la edad de imputabilidad hasta principios de febrero y el tema exponía tensiones internas. La diputada nacional, Caren Tepp, habló también con AIRE y pidió abordar el tema “con celeridad, con responsabilidad, pero también con mucha sensibilidad”.
Por su parte, Agustín Rossi cuestionó al Gobierno nacional por avanzar con la iniciativa a partir del crimen que ocurrió en Santa Fe, y pidió tener una "mirada integral". Diego Giuliano, en tanto, rechazaba el proyecto del oficialismo: "No estamos de acuerdo".
Un debate social, más allá de lo político
La cobertura de AIRE se transformó en un espacio de debate multidisciplinario. Para ese entonces, fuentes oficiales consultadas daban cuenta que los menores privados de la libertad representaban apenas el 0,38% del total de la población carcelaria de la provincia de Santa Fe. En contrapartida –de acuerdo al último informe de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación– esta provincia tenía la mayor cantidad de causas iniciadas contra menores de 18 años: 4.551 menores; por encima de Córdoba (2.437) y Buenos Aires (1.802).
Detrás de los datos locales, los reclamos de justicia y las posturas políticas, expertos de distintos ámbitos exponían las aristas más complejas del régimen juvenil, la salud mental adolescente y las carencias estructurales del Estado.
Según Marisa Graham, ex defensora Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, de alrededor de 12.200.000 de niños en el país "sólo el 0,55% está vinculado a alguna denuncia penal. Eso significa que el 99,45% de los chicos no comete ningún delito”.
La mirada también se posaba sobre los países vecinos, ya que la edad de imputabilidad siempre formó parte de los debates jurídicos en América Latina. Por ejemplo, en Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela se estableció el umbral en los 14 años, mientras que Brasil, México, Ecuador, Panamá, Honduras, El Salvador y Costa Rica lo hicieron en los 12.
Desde UNICEF advertían que cualquier reforma del sistema penal juvenil debía darse en el marco de un debate amplio y alineado con los estándares internacionales de derechos humanos y afirmaban que la proporción de adolescentes en conflicto con la ley penal era significativamente menor en comparación con la criminalidad adulta. Según el organismo, la mayoría de los delitos cometidos por menores estaba vinculada a hechos contra la propiedad, y recomendaba que la edad mínima de responsabilidad penal sea al menos de 14 años y lo más cercana posible a los 18, además de que todos los adolescentes sean juzgados en sistemas especializados.
En el centro del debate sobre la edad, en realidad, la cuestión era mucho más profunda que una número: lo que se ponía en cuestionamiento era el grado de maduración de la psiquis y la capacidad de conciencia de un adolescente frente a sus propios actos. La discusión pasaba, entonces, por determinar cuánto comprende un chico de 14 años sobre la gravedad de lo que hace, qué capacidad tiene para dimensionar sus consecuencias y en qué medida su desarrollo psicológico permite hablar de una responsabilidad plena.
Emiliano Avila, psiquiatra forense y docente de la UNL, explicó para este medio que no existe una edad biológica exacta para determinar la maduración de la psiquis, ya que la comprensión se adquiere paulatinamente hasta bordear los 18 años. También puso el foco en el fenómeno del crimen en grupo y en la manera en que las dinámicas colectivas pueden potenciar conductas que individualmente no ocurrirían.
Su análisis también apuntó al Estado: cuestionó la falta de instituciones especializadas para alojar y tratar a menores que cometen delitos graves y advirtió sobre el riesgo de que vuelvan “al mismo ambiente que los moldeó”.
La psicóloga Romina Bravo consideró que el de Jeremías se trató de un caso "excepcional y extremo" que no debe usarse para justificar medidas simplistas. Explicó que la empatía, la culpa y la compasión son "diques" que se construyen en las instituciones y la familia: " No nacemos sabiendo que ante el enojo no se responde con un cuchillazo". Advirtió que la masa diluye los frenos inhibitorios y fue escéptica sobre la "recuperabilidad" en abstracto, cuestionando que la única respuesta estatal ante una crisis de salud mental e institucional juvenil sea meramente represiva.
Por su parte, Adrián Frachia, psicólogo forense y especialista en perfil criminal, calificó el crimen como una muestra de violencia expresiva y sadismo extremo, diferenciándolo de un hecho instrumental impulsivo. "No es solo darle muerte a la persona para huir; es destruirla. Es una etapa superior de maldad donde se busca montar una escena macabra", sostuvo. Metaforizó el cerebro adolescente a los 14 años como el de "un motor de Fórmula 1 con el freno de una bicicleta", donde el registro moral se apaga selectivamente.
Las tres miradas –y las de otros especialistas consultados– coincidían en algo: la edad cronológica por sí sola no alcanza para explicar un crimen de estas características. Pero también mostraban que comprender el funcionamiento de la mente adolescente no implica necesariamente encontrar una respuesta sencilla sobre qué debe hacer la Justicia.
En ese plano jurídico, la situación se dirimía entre la solución de fondo y la medida "cortoplacista". El juez de la Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, Rodrigo Morabito, advirtió que la reducción de la edad penal resultaría una "medida cortoplacista que no va a resolver la inseguridad", señalando que la respuesta represiva posterior al hecho no ataca los determinantes sociales, la penetración de las adicciones ni la vulnerabilidad donde germina el delito juvenil.
Mientras que el abogado penalista, Federico Kiener, reclamó abordar la reforma del régimen penal juvenil "sin banderas políticas ni dogmatismos". Argumentó que una ley de 1980, redactada en la dictadura militar, quedó completamente desfasada de la realidad social y que fijar responsabilidades punitivas a partir de los 14 años permite otorgarle un marco de garantías procesales y tratamiento formal al menor, sacando a la Justicia de la inacción ante la franja de 14 y 15 años.
La Iglesia también tomó postura: “No se trata de bajar la edad de imputabilidad, sí de asumir cambios profundos”, definía un documento publicado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, en el que expresaba una postura crítica frente a la reducción de la edad penal y plantea la necesidad de un abordaje integral de la problemática de la violencia juvenil.
Sanción del Régimen Penal Juvenil: "No hace justicia por Jere, pero va a hacer que las víctimas no pasen lo que pasó él"
Con esta antesala y –como alguna vez escribió Eduardo Sacheri– "con semejante prólogo de tragedia", el debate se instaló en el Congreso y el 27 de febrero fue sancionada en la Argentina la Ley 27.801 que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil, bajando la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
El proyecto contó con una amplia mayoría en ambas cámaras. Lo que quedó de la "rosca" política y las alocuciones de cada bloque en los recintos fue historia. En Diputados (cuando se le dio media sanción) quedó fijada la postura de cada bloque en los legisladores provinciales de la propia Santa Fe: 13 legisladores santafesinos votaron positivamente (La Libertad Avanza y Provincias Unidas); mientras que otros seis fueron por la negativa (Unión por la Patria). En el Senado, la sanción definitiva de los santafesinos, fue 2 a 1: dos de Juntos por el Cambio lo aprobaron y el restante del Frente de Todos votó en contra.
Romina Monzón, madre de Jeremías, estuvo presente en los procesos legislativos. Tras la sanción definitiva, contó en AIRE que fueron "jornadas largas, pero de muchísimas emociones".
Desde su percepción, con la sanción de la ley "ganó el sentido común", y resumió dos sentimientos encontrados: “No devuelve a Jere, no hace justicia por Jere, no encierra a los homicidas de Jere. Pero va a hacer que las víctimas de acá en adelante no pasen lo que tuvo que pasar”.
"Quiero justicia por Jere", volvió a pedir Romina.
Qué cambia desde este 5 de septiembre
Hasta las 23.59 del 4 de septiembre de 2026, el régimen nacional se encontraba basado en el Decreto-Ley 22.278, sancionado el 25 de agosto de 1980, en plena dictadura cívico-militar y establecía que los menores de 16 años no eran punibles. Es decir que, para quienes tenían entre entre 16 y 18 años, la posibilidad de avanzar penalmente dependía de la gravedad de la conducta imputada y de que el delito tuviera prevista una pena privativa de la libertad superior a dos años.
La Ley 27.801, que comenzó a regir a la 0.00 de este 5 de septiembre, modifica el viejo esquema y establece que el Régimen Penal Juvenil será aplicable a adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18, cuando sean imputados por un delito previsto en el Código Penal o en leyes penales especiales.
Eso no significa que un adolescente de 14 o 15 años vaya automáticamente a una cárcel ante cualquier hecho. El nuevo régimen establece un sistema específico de responsabilidad juvenil, con medidas y penas diferenciadas. Entre las alternativas aparecen la amonestación, la prohibición de concurrir a determinados lugares, la prestación de servicios a la comunidad, el monitoreo electrónico, la reparación del daño y distintas modalidades de privación de la libertad.
La propia ley establece que la privación de libertad debe cumplirse en instituciones especializadas y bajo criterios vinculados con la educación, la formación, la resocialización y la reinserción social. También prohíbe la prisión perpetua y fija en 15 años el máximo de las penas privativas de libertad para adolescentes.
Una ley nueva, una pregunta que sigue abierta
El 18 de diciembre de 2025, Jeremías era un chico de 15 años al que buscaban porque había salido en bicicleta y no había vuelto. Este 5 de septiembre, casi nueve meses después, una nueva normativa comenzó a regir en la Argentina y puso a los 14 años como piso para la responsabilidad penal juvenil.
Entre una fecha y otra quedaron un crimen brutal, una familia atravesada por el dolor y que sigue esperando un juicio, un video que recorrió el país, marchas, discusiones políticas, especialistas que intentaron explicar qué ocurre en la mente de un adolescente y un Congreso que terminó modificando el régimen penal juvenil para siempre en la Argentina.
La ley cambió. La pregunta ahora es qué cambiará después de ella.
* (Esta crónica fue elaborada a partir de la cobertura periodística realizada por el equipo de AIRE entre el 20 de diciembre de 2025 y el 5 de septiembre de 2026. Reúne información obtenida en coberturas en vivo y en territorio, programas especiales, entrevistas, notas de análisis e investigaciones publicadas por periodistas de diferentes secciones durante esos casi nueve meses de seguimiento del caso y del debate que derivó en la sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil).
