De no mediar inconvenientes, el próximo jueves 12, la Cámara de Diputados de la Nación avanzará con la baja de la edad de imputabilidad. La mirada desde Santa Fe.
El Congreso de la Nación se prepara para discutir la baja de la edad de imputabilidad.
El brutal crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado en Santa Fe tras ser emboscado por menores de edad, volvió a poner en primer plano el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad y aceleró los tiempos políticos de una discusión históricamente controversial.
En ese contexto, el Gobierno de Javier Milei logró avanzar en la agenda legislativa y confirmó el tratamiento del Régimen Penal Juvenil en la Cámara de Diputados, un proyecto de alto impacto social que vuelve a dividir a la dirigencia y a la opinión pública entre posiciones más punitivas y miradas centradas en la protección integral del menor.
La Cámara baja debatirá el tema en el recinto el jueves 12 de febrero, luego de que el oficialismo alcanzara acuerdos con aliados políticos para fijar los ejes centrales del nuevo esquema.
El consenso, en principio, se consolidó en torno a reducir la edad mínima de punibilidad de 16 a 14 años, con penas máximas de hasta 15 años de prisión efectiva para delitos graves, junto a un sistema que prioriza sanciones alternativas y medidas socioeducativas antes que la privación de la libertad.
La discusión no se limita a la edad. El proyecto busca reformular el régimen penal juvenil a partir de un abordaje integral que incluye penas alternativas —como tareas comunitarias, monitoreo electrónico o reparación del daño—, programas educativos y de tratamiento de adicciones, y la creación de institutos especializados donde se garantice el acceso a la educación y a la atención médica.
También se incorporaron compromisos de financiamiento nacional para infraestructura y equipos profesionales, uno de los reclamos centrales planteados por las provincias.
Para el diputado Nicolás Mayoraz, la iniciativa se inscribe en el cambio de paradigma en materia de seguridad impulsado por el Gobierno nacional. Según planteó, el proyecto busca dar respuesta a una realidad en la que menores cometen delitos graves sin que el Estado cuente hoy con herramientas eficaces para intervenir.
“El proyecto tiene que ver con la postura del Gobierno respecto a la inseguridad en Argentina y con modificar el status que había sobre el abolicionismo penal zaffaroniano”, sostuvo en diálogo con AIRE. En esa línea, remarcó que el régimen no se agota en la discusión sobre la edad, sino que propone un abordaje integral sobre cómo debe tratarse al menor que delinque.
Mayoraz también destacó la comparación regional y señaló que Argentina mantiene una de las edades de imputabilidad más altas de la región. Según explicó, el nuevo esquema contempla múltiples alternativas a la privación de la libertad y apunta a dotar al sistema judicial de herramientas más claras.
Además, se mostró optimista respecto de la posibilidad de que el proyecto avance en el Senado en el corto plazo.
La diputada Gisela Scaglia defendió la baja de la edad de imputabilidad desde una perspectiva vinculada tanto a la responsabilidad penal como al impacto del narcotráfico en la captación de menores.
“Cuando tenés jóvenes inimputables que son conscientes de lo que hacen, la pregunta es por qué ellos no son punibles y alguien de 18 sí”, expresó. En ese sentido, también vinculó el debate con el accionar de las organizaciones criminales: “Es una forma de salvar a los pibes. Si los hacés punibles, probablemente bajes la búsqueda de soldaditos”.
La legisladora sostuvo que, en casos de delitos graves, la edad no debería funcionar como atenuante cuando existe plena conciencia del acto cometido. En cuanto al financiamiento del sistema, se mostró escéptica respecto del compromiso nacional y advirtió que, en la práctica, podrían ser las provincias las que terminen absorbiendo los costos, en un contexto de reclamos históricos por recursos penitenciarios.
En la misma línea, el diputado nacional Pablo Farías remarcó la necesidad de avanzar con el debate parlamentario. “Es urgente tratarlo porque hace tiempo se viene discutiendo y hay distintas iniciativas. Si bien estadísticamente los casos graves no son tantos, hechos como el de Jeremías Monzón ameritan un trato diferenciado para menores involucrados en delitos tan graves. No podemos permitir que vuelva a pasar sin que el Estado tenga herramientas adecuadas”, afirmó.
Respecto a los recursos, Farías coincidió con Scaglia y señaló que se trata de un punto central de la discusión. “Los dispositivos son provinciales, pero no puede haber ausencia de Nación en el financiamiento de programas y convenios con instituciones. No se trata de que cargue solo Nación, pero tampoco solas las provincias porque eso genera desigualdades entre distritos de acuerdo al nivel de recursos. Debe haber inversión nacional y estrategias coordinadas”, reclamó.
En el peronismo, el debate por la baja de la edad de imputabilidad expone tensiones internas y posiciones que aún no están del todo definidas. De cara al tratamiento en comisión, durante el fin de semana se preveían reuniones virtuales y otros encuentros previos con el objetivo de ordenar una postura común frente a una discusión que encuentra diversas miradas.
Consultado por AIRE, Agustín Rossi, reclamó abordar el debate con una mirada amplia y cuestionó al Gobierno nacional por avanzar con la iniciativa a partir del crimen que ocurrió en Santa Fe y que calificó como "brutal".
“No hay una posición tomada”, aclaró el legislador respecto a la postura de Unión por la Patria, recordó el rechazo de la Iglesia y pidió tener una "mirada integral"
“No estamos de acuerdo con el proyecto del gobierno de Javier Milei”, indicó categóricamente Diego Giuliano, legislador peronista, al rechazar que se fije la edad en 13 años y se pretenda alojarlos en los mismos lugares que los adultos. “Deben estar privados de su libertad en institutos, pero que tengan la especialidad y recuperación”.
“El proyecto en el contexto del Gobierno nacional es de un Estado que se desentiende, que abandona y no trata seriamente el Régimen Penal Juvenil, no crea fiscalías, defensorías, juzgados ni las medidas de precaución y seguridad correspondiente", remató.
En ese contexto, el gobernador Maximiliano Pullaro reiteró su postura a favor de una revisión del régimen vigente.
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Durante una recorrida por el sur provincial, sostuvo: “Hace siete u ocho años ya lo planteaba con mucha fuerza cuando era ministro de Seguridad: el Estado tiene un problema muy grave con los delitos cometidos por menores y con un régimen de imputabilidad que no le brinda ninguna herramienta para privarlos de la libertad”.
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