Presentan en Santa Fe un proyecto de Inviolabilidad de la propiedad privada

En el marco de la discusión legislativa sobre la protección de la propiedad privada en el Congreso de la Nación, la diputada provincial Silvia Malfesi presentó un proyecto integral de ley destinado a modificar el régimen de expropiaciones de la provincia de Santa Fe, regulado actualmente por la Ley N.° 7.534, sancionada en 1975. La propuesta busca adecuar el marco normativo local a los estándares actuales de seguridad jurídica y previsibilidad institucional.

Entre sus principales lineamientos, la iniciativa establece la exigencia de una "Utilidad Pública Calificada", la cual deberá fundamentarse mediante la elaboración de un estudio técnico y económico previo que acredite la inexistencia de alternativas menos lesivas y la disponibilidad presupuestaria efectiva antes de concretar cualquier expropiación. Asimismo, se dispone que la indemnización sea previa, íntegra y calculada sobre la base del valor objetivo de mercado del bien, apartándose de los avalúos fiscales y estableciendo la exención del monto indemnizatorio frente a tributos provinciales y locales.

En el plano procesal, el proyecto regula la realización de una pericia judicial urgente a solicitud del titular en un plazo de diez días hábiles en caso de disconformidad con la oferta inicial, condicionando la toma de posesión por parte del Estado al depósito previo de la totalidad de la suma peritada. Adicionalmente, la propuesta contempla la derogación de la figura de la expropiación temporal. Este mecanismo permite al Estado ocupar, usar o restringir un inmueble privado por un tiempo determinado sin llegar a comprarlo ni expropiar su dominio, dejando al propietario en un limbo jurídico. Los fundamentos del proyecto señalan que este instituto carece de sustento constitucional, ya que toda expropiación debe implicar la extinción plena y definitiva del derecho y no un uso parcial o transitorio.

"No hay previsibilidad, arraigo ni inversión productiva en una provincia donde el fruto del esfuerzo individual y el dominio privado permanezcan expuestos a la discrecionalidad pública", advirtió la legisladora, remarcando que conciliar la utilidad pública con la inviolabilidad de la propiedad privada exige someter la potestad estatal a límites sustantivos y procesales rigurosos.

Esta discusión se vincula de forma directa con otros ejes de la agenda de protección a la propiedad privada, tales como el proyecto de proceso monitorio de desalojo presentado por la diputada Malfesi en octubre de 2025, el cual a la fecha no obtuvo tratamiento legislativo. Aquella iniciativa propuso incorporar mecanismos procesales ágiles en el Código Procesal Civil y Comercial para la restitución de inmuebles ante supuestos de vencimiento contractual, falta de pago o usurpación.