Fuerte condena internacional a Argentina por echar de su cargo a un exjuez de la Corte Suprema

El tribunal internacional emitió un fallo contra Argentina por un episodio ocurrido hace más de dos décadas en relación a la Corte Suprema de Justicia.

El organismo internacional también cuestionó el desarrollo del juicio político. Advirtió que distintas decisiones adoptadas durante el procedimiento carecieron de la debida fundamentación.

El organismo internacional también cuestionó el desarrollo del juicio político. Advirtió que distintas decisiones adoptadas durante el procedimiento carecieron de la debida fundamentación.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable internacionalmente a Argentina por la destitución del exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eduardo José Antonio Moliné O’Connor, quien fue removido de su cargo en 2003 mediante un juicio político impulsado por el Congreso. Falleció en agosto del 2014.

El tribunal consideró que el proceso vulneró la independencia judicial porque la acusación por mal desempeño se sustentó en criterios jurídicos expresados por el magistrado en el ejercicio de sus funciones.

La destitución de un juez de la Corte Suprema terminó en una condena internacional contra Argentina

La sentencia, notificada este jueves 12 de noviembre, concluyó que el Estado argentino violó distintos derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entre ellos, las garantías judiciales, la protección judicial, los derechos políticos, la propiedad privada, el trabajo y la seguridad social. También determinó que la destitución arbitraria afectó el proyecto de vida del exmagistrado.

Uno de los puntos centrales del fallo estuvo relacionado con los fundamentos utilizados para remover a Moliné O’Connor. Según la Corte IDH, el Congreso le atribuyó mal desempeño a partir de interpretaciones jurídicas plasmadas en decisiones judiciales, una circunstancia que consideró incompatible con las garantías que protegen la independencia de quienes integran los tribunales.

El organismo internacional también cuestionó el desarrollo del juicio político. Advirtió que distintas decisiones adoptadas durante el procedimiento carecieron de la debida fundamentación y que las autoridades judiciales que intervinieron en los recursos presentados por el magistrado no dieron respuestas adecuadas a los cuestionamientos planteados contra su destitución.

La controversia también tuvo consecuencias previsionales. A raíz de su remoción, se revocó la pensión vitalicia que le correspondía como integrante de la Corte Suprema. La Corte Interamericana consideró que esa decisión vulneró sus derechos y señaló que el proceso judicial iniciado para revertirla se extendió injustificadamente durante más de una década.

En ese marco, el tribunal ordenó al Estado argentino regularizar el régimen de pensión que le correspondía a Moliné O’Connor y pagar las indemnizaciones establecidas en la sentencia por los daños materiales e inmateriales ocasionados, además de cubrir las costas y los gastos del proceso. También dispuso la publicación y difusión del fallo y de su resumen oficial.

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