La Iglesia rechaza la baja de la edad de imputabilidad y pide cambios profundos en las políticas juveniles
Bajo el título “No se trata de bajar la edad de imputabilidad, sí de asumir cambios profundos”, el texto de la Iglesia parte de un diagnóstico estructural.
La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) es un organismo estable de la Conferencia Episcopal Argentina.
El recrudecimiento del debate público sobre la baja de la edad de imputabilidad, reactivado tras el brutal crimen de Jeremías Monzón y el consecuente impulso de la Ley Penal Juvenil desde el Gobierno nacional, volvió a poner en primer plano el posicionamiento de la Iglesia Católica al respecto.
En ese contexto, la Comisión Episcopal de Pastoral Social decidió republicar en enero de 2026 un documento elaborado en marzo de 2025, en el que expresa una postura crítica frente a la reducción de la edad penal y plantea la necesidad de un abordaje integral de la problemática de la violencia juvenil.
Edad de imputabilidad: la Iglesia Católica marca su rechazo a la baja
Bajo el título “No se trata de bajar la edad de imputabilidad, sí de asumir cambios profundos”, el texto parte de un diagnóstico estructural: la inseguridad y la delincuencia juvenil, sostiene la Iglesia, no pueden analizarse de manera aislada ni atribuirse de forma central a los menores de edad.
Según cifras del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC-SAT), del Ministerio de Seguridad Nacional, la participación de menores en el total de delitos es baja en términos porcentuales.
Por el contrario, el documento vincula el fenómeno a décadas de políticas "incapaces de garantizar una cultura del trabajo, condiciones de vida dignas y oportunidades reales de desarrollo" para amplios sectores de la sociedad.
Las estadísticas y el foco del debate
Uno de los ejes centrales del pronunciamiento es la apelación a los datos oficiales. Según cifras del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC-SAT), del Ministerio de Seguridad Nacional, la participación de menores en el total de delitos es baja en términos porcentuales.
La Pastoral Social advierte que, pese a ello, el debate público suele concentrarse casi exclusivamente en adolescentes y jóvenes, especialmente a partir de hechos de alto impacto, lo que contribuye —según el documento— a simplificar una problemática compleja.
En 2024, el papa Francisco manifestó su rechazo a la baja en la edad de imputabilidad que impulsaba entonces el Gobierno nacional.
En esa línea, la Iglesia cuestiona que las discusiones mediáticas y políticas privilegien voces vinculadas al sistema judicial, a la dirigencia o a víctimas de delitos, mientras quedan relegadas las miradas de especialistas en salud mental, educación y desarrollo social. Cuando esos enfoques aparecen, señala el texto, la baja de la edad de imputabilidad pierde centralidad como solución viable.
Narcotráfico, consumos problemáticos y falta de oportunidades
El texto también apunta de manera directa a factores estructurales como el narcotráfico, el consumo de drogas y la falta de oportunidades. “Es una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad y no considerar sus causas”, sostiene la Iglesia, y agrega: “Las drogas los están destruyendo y el consumo es una de las principales causas de la violencia”.
Otro eje central del posicionamiento es la falta de dispositivos adecuados para adolescentes en conflicto con la ley penal. “Si se concreta la baja de edad de imputabilidad, ¿dónde van a recluir a los menores? ¿Cuáles son los dispositivos apropiados para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen?”, se pregunta el documento, y cuestiona que el sistema penitenciario sea una respuesta válida. “¿En serio creemos que esa es la solución?”, interpela el texto.
La Iglesia Católica propone priorizar la educación y la contención social por sobre el castigo.
Frente a ese escenario, la Iglesia propone priorizar la educación y la contención social por sobre el castigo. “Para un proyecto de país inclusivo, fraterno y desarrollado, ¿qué necesitamos?, ¿más cárceles o más escuelas?”, plantea, y remarca que cualquier reforma del Régimen Penal Juvenil debe poner el foco “prioritariamente en la reinserción social y en la educación”.
Finalmente, el documento convoca a un debate de largo plazo y a lo que define como “grandeza política”. “La solución de fondo es mucho más compleja que bajar la edad de imputabilidad”, afirma, y advierte que se requieren políticas públicas sostenidas que ofrezcan a los jóvenes “motivos para soñar y para creer que es posible un futuro con esperanza”.
