En Santa Fe, los números oficiales representan una variable menor que se inscribe dentro de una discusión más amplia respecto a la imputabilidad de menores.
Al cierre de la semana pasada, se contabilizaban 45 jóvenes de entre 16 y 18 años alojados en unidades del Servicio Penitenciario de Santa Fe.
Casos recientes de alto impacto, durante las últimas semanas, volvieron a poner en el centro de la escena el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad y el abordaje de los menores de edad en conflicto con la ley penal.
En Santa Fe, los números oficiales describen una realidad acotada en términos cuantitativos, aunque atravesada por debates de fondo sobre el rol del Estado y la respuesta punitiva frente al delito, en un escenario donde una variable menor se inscribe dentro de una discusión mucho más amplia.
Según fuentes oficiales consultadas por AIRE, hacia el cierre de esta semana se contabilizaban 45 jóvenes de entre 16 y 18 años (punibles) alojados en unidades del Servicio Penitenciario de Santa Fe, específicamente en los Centros Especializados de Responsabilidad Penal Juvenil (CERPJ).
Ese número se inscribe dentro de un universo total de más de 11 mil personas detenidas en el sistema penitenciario provincial, lo que representa apenas el 0,38% del total, una proporción ínfima.
Además, las mismas fuentes indicaron que la ocupación de los centros ronda el 50% de su capacidad disponible.
El debate se reavivó con el avance de la investigación por el crimen de Jeremías Monzón, ocurrido en la ciudad de Santa Fe. La causa tiene como eje a tres adolescentes y una persona mayor de edad.
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En ese marco, una joven de 16 años permanece detenida en Rosario, mientras que dos chicos de 14 años también han sido señalados como partícipes del hecho, pero debido a su edad legal son considerados inimputables y quedaron en libertad.
En las últimas horas, además, fue detenida la madre de la menor, lo que amplió el alcance judicial del caso y volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento del sistema penal juvenil.
“Pedimos a los políticos por la baja de imputabilidad”, insiste recurrentemente la familia del joven ultimado a cuchillazos, una consigna que se tradujo en múltiples marchas —incluidas autoconvocadas— de sectores de la sociedad que reclaman con urgencia modificar la edad de imputabilidad.
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Fue en ese contexto que la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich se posicionó nuevamente en el debate nacional, vinculando expresamente el caso con la necesidad de reformar el régimen penal juvenil vigente, al señalar que “la edad no puede ser excusa” para que menores que cometieron delitos graves queden fuera del alcance de sanciones penales.
Los Centros Especializados de Responsabilidad Penal Juvenil son institutos cerrados de privación de libertad destinados a jóvenes acusados de infringir la ley penal. En la provincia de Santa Fe existen dos dispositivos de este tipo, uno en la ciudad de Santa Fe y otro en Rosario.
Su objetivo central no se limita al encierro, sino que apunta a intentar transformar la subjetividad de los adolescentes, mostrándoles alternativas de vida consideradas superadoras y beneficiosas para su futuro.
En ese camino, se trabaja con la continuidad de la escolaridad, la participación en talleres de oficios y el acceso a espacios de recreación, con la expectativa de que, al momento del egreso, el joven pueda comprender que es posible modificar su destino.
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Ambos centros funcionan bajo un esquema de gestión mixta, con intervención de personal de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil (DPJPJ) y del Servicio Penitenciario, que es el encargado de la custodia y la seguridad de los jóvenes alojados.
La discusión también se inscribe en el marco del nuevo Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe, que redefine los objetivos del sistema penal juvenil y coloca en el centro el principio de justicia restaurativa.
La normativa establece que el proceso penal debe orientarse prioritariamente a la reintegración social de la persona menor de edad, la restauración de la paz social y la reparación del daño causado por el delito, antes que a una lógica estrictamente punitiva.
En ese sentido, la ley promueve la participación voluntaria de la víctima, del adolescente imputado y de otros actores de la comunidad, a través de instancias de diálogo, mediación y conciliación que favorezcan la responsabilización y la construcción de soluciones consensuadas, utilizando siempre un lenguaje comprensible y adecuado a la edad.
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Asimismo, el marco legal vigente prioriza la desjudicialización del conflicto, las medidas no punitivas y las alternativas a la pena, cuando el proceso penal tenga como única finalidad la imposición de una sanción, sin dejar de resguardar los derechos de las víctimas. Un enfoque que, en el contexto de los casos recientes, vuelve a tensionar el debate entre las demandas de mayor castigo.
En paralelo, organismos internacionales como UNICEF sostienen que no existe evidencia que demuestre que la baja de la edad de imputabilidad impacte favorablemente en una mayor seguridad para la población.
Como ejemplo, señalan que Argentina, con una edad de imputabilidad fijada en 16 años, registra un promedio de 5 homicidios cada 100 mil habitantes, ubicándose por debajo de países como Brasil y México, que alcanzaron en 2023 un promedio de 23 homicidios cada 100 mil habitantes, pese a tener una edad de imputabilidad de 12 años.
Los datos, los casos concretos y el entramado legal vigente delinean un escenario profundamente complejo, donde la discusión excede a los meros posicionamientos mediáticos o a las cifras estadísticas.
A diferencia de las simplificaciones que a veces circulan en redes o en manifestaciones públicas, expertos en derecho penal advierten que la baja de la edad de imputabilidad no es una solución automática ni garantizada para resolver la sensación de inseguridad ciudadana, y su posible modificación requiere un extenso debate parlamentario y acuerdos políticos amplios que consideren no solo aspectos punitivos, sino también derechos humanos, estándares internacionales y evidencia técnica.
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