Edad de imputabilidad: cómo es el régimen penal juvenil en otros países y las diferencias con Argentina
El debate por la edad de imputabilidad en Argentina se reabre en contraste con los sistemas penales juveniles vigentes en Brasil, Chile, Uruguay y la región.
Jóvenes detenidos bajo el estado de excepción llegan a un centro de detención transportados por la Policía Nacional en un camión de carga en Soyapango, El Salvador, el 7 de octubre de 2022.
El anuncio del Gobierno Nacional de incluir en las sesiones extraordinarias del Congreso el debate por una Ley Penal Juvenil profundizó la discusión sobre la edad de imputabilidad en Argentina, reactivando un tema que lleva años postergado en la agenda legislativa. La iniciativa se vio impulsada, además, por una serie de hechos de alto impacto, entre ellos el brutal crimen de Jeremías Monzón, perpetrado por tres menores de edad en Santa Fe.
Sin embargo, más allá de la coyuntura local, el tema se inscribe en una problemática que atraviesa desde hace años a los sistemas jurídicos de América Latina, Europa y otras regiones del mundo, donde la mayoría de los países avanzó en reformas que combinan responsabilidad penal adolescente con regímenes diferenciados del sistema adulto.
América Latina: edades más bajas y regímenes diferenciados
En el plano internacional no existe un modelo único. Los Estados fueron ajustando sus marcos legales a partir de consensos sociales, fallos judiciales y recomendaciones de organismos internacionales, con un eje común: establecer edades mínimas de responsabilidad penal más bajas que la argentina, pero siempre bajo sistemas juveniles especiales, orientados a la educación, la contención y la reinserción social.
En el plano internacional no existe un modelo único. Los Estados fueron ajustando sus marcos legales a partir de consensos sociales, fallos judiciales y recomendaciones de organismos internacionales.
En América Latina, la mayoría de los países fijó la edad mínima de responsabilidad penal entre los 12 y los 14 años. Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela establecieron el umbral en los 14 años, mientras que Brasil, México, Ecuador, Panamá, Honduras, El Salvador y Costa Rica lo hicieron en los 12. En todos los casos, las sanciones aplicadas a adolescentes no replican el sistema penal adulto y priorizan medidas socioeducativas, con límites estrictos a la privación de la libertad.
En el Cono Sur, Uruguay, Chile y Brasil mantienen la mayoría de edad penal en los 18 años, pero con esquemas de responsabilidad adolescente bien definidos. Uruguay aplica un sistema infraccional desde los 13 años, con sanciones diferenciadas, tras el rechazo en 2014 a un plebiscito que buscaba bajar la imputabilidad plena.
Chile responsabiliza penalmente a jóvenes de entre 14 y 17 años a través de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que prohíbe el alojamiento en cárceles comunes. Brasil combina la imputabilidad adulta desde los 18 con medidas socioeducativas desde los 12 años, con internaciones que no superan los tres años.
El extremo internacional: imputabilidad desde los 7 años
Fuera de la región, existen casos que marcan los umbrales más bajos a nivel mundial. En países del Caribe como Trinidad y Tobago, la edad mínima de responsabilidad penal se ubica en los 7 años, uno de los registros más bajos del sistema penal internacional. Si bien se trata de regímenes también diferenciados del sistema adulto, estos modelos suelen ser citados por organismos de derechos humanos como ejemplos de marcos legales desalineados con los estándares actuales de protección de la niñez.
trinidad y tobago
En países del Caribe como Trinidad y Tobago, la edad mínima de responsabilidad penal se ubica en los 7 años, uno de los registros más bajos del sistema penal internacional.
Europa presenta un escenario diverso pero mayormente concentrado en edades intermedias. La mayoría de los países fijó la edad mínima en los 14 años. España redujo la edad en 2000, pero excluyó sanciones penales tradicionales; Italia, Alemania y Austria solo admiten penas si se demuestra que el adolescente comprendía la gravedad del delito. Inglaterra constituye una excepción dentro del continente, con responsabilidad penal desde los 10 años, aunque bajo un régimen juvenil específico hasta los 17.
Argentina, una excepción regional
En ese contexto comparado, Argentina aparece como una excepción. El país mantiene la edad mínima de imputabilidad en los 16 años y comparte esa condición únicamente con Cuba dentro de América Latina. El régimen vigente se rige por un decreto-ley de 1980, sancionado durante la última dictadura militar, que nunca fue reemplazado por una ley integral de justicia penal juvenil.
Ya pasaron más de 500 días desde la presentación del proyecto de baja de edad de imputabilidad. Lo impulsamos en el marco del Plan Tolerancia Cero con el Crimen desde la Secretaría de Justicia.
Mientras el Congreso demora su tratamiento e ignora un reclamo de la sociedad, el… pic.twitter.com/egQUN8C23W
El debate reaparece de manera cíclica, generalmente asociado a hechos de violencia protagonizados por menores. En la actualidad, volvió a instalarse con fuerza tras varios hechos de delitos graves protagonizados por menores, junto a la decisión del Gobierno nacional de avanzar con una reforma y habilitar su tratamiento en el Congreso. Además del proyecto del oficialismo, existen múltiples iniciativas presentadas desde 2016 que abordan no solo la edad de imputabilidad, sino también la reinserción social, la educación, la formación laboral y las condiciones de detención.
El proyecto impulsado por el Ejecutivo propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años y establecer un Régimen Penal Juvenil orientado a la responsabilización y la resocialización, con procesos judiciales reservados, límites a las penas privativas de la libertad y la intervención de equipos interdisciplinarios.
El posicionamiento de UNICEF y los estándares internacionales
Desde UNICEF advirtieron que cualquier reforma del sistema penal juvenil debe darse en el marco de un debate amplio y alineado con los estándares internacionales de derechos humanos. El organismo remarcó que la privación de la libertad debe ser excepcional, de último recurso y por el menor tiempo posible, y señaló que no existe evidencia empírica de que la baja de la edad de imputabilidad reduzca los niveles de violencia o inseguridad.
Según datos citados por UNICEF, la proporción de adolescentes en conflicto con la ley penal es significativamente menor en comparación con la criminalidad adulta, y la mayoría de los delitos cometidos por menores está vinculada a hechos contra la propiedad. En ese marco, el organismo recomienda que la edad mínima de responsabilidad penal sea al menos de 14 años y lo más cercana posible a los 18, y que todos los adolescentes sean juzgados en sistemas especializados.
