En ese contexto, el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, volvió a plantear la necesidad de discutir un esquema legal que permita asignar consecuencias frente a delitos de extrema gravedad cometidos por adolescentes y niños. El planteo fue realizado este miércoles 7 de enero, durante la habilitación de una nueva base operativa del Comando Radioeléctrico en la ciudad de Santa Fe.
Pablo Cococcioni y el debate por la responsabilidad penal juvenil
Consultado por el aumento de episodios violentos registrados en los últimos días, Cococcioni pidió diferenciar fenómenos. Reconoció que se produjo una acumulación atípica de hechos, especialmente hacia el cierre del año, pero aclaró que no responde a una única causa estructural.
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En ese marco, destacó que el análisis de la violencia no puede limitarse a la cifra global de homicidios, sino que debe considerar el contexto de cada hecho: violencia interpersonal, intrafamiliar, disputas entre conocidos, consumo de alcohol, conflictos de género o economías ilegales. “La respuesta del Estado no es la misma en cada caso”, remarcó, y sostuvo que muchos episodios exceden las herramientas tradicionales de la prevención policial.
Menores y violencia extrema: el eje del planteo
El punto más fuerte de la conferencia llegó al abordar los casos recientes que involucraron a menores de edad, entre ellos el ataque sufrido por una adolescente de 15 años en San Cristóbal y otros hechos graves ocurridos en la provincia, como el brutal crimen de Jeremías Monzón.
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Cococcioni fue categórico al plantear que el actual esquema legal deja al Estado con herramientas muy limitadas frente a delitos cometidos por menores no punibles. “No estamos diciendo que esto se solucione bajando automáticamente la edad de imputabilidad”, aclaró, pero insistió en que ante hechos de violencia extrema debe existir una instancia de responsabilización y de asignación de consecuencias.
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El ministro diferenció los delitos menores o de baja lesividad de situaciones como homicidios o lesiones graves. “Cuando se cruza un umbral de violencia desmedida, nadie puede sostener seriamente que un adolescente no comprende la gravedad de lo que hace”, afirmó. Según su visión, estos actos transgreden no solo la ley, sino límites culturales y éticos básicos.
Un debate que excede a la seguridad
Cococcioni subrayó que, en muchos de estos casos, la respuesta estatal queda reducida a intervenciones asistenciales desde las políticas de niñez y juventud, sin posibilidad de aplicar medidas de mayor intensidad. Para el ministro, esa limitación obliga a dar una discusión a nivel nacional sobre el régimen de responsabilidad penal juvenil, al menos para delitos de extrema gravedad.
“Hay hechos que no pueden quedar sin consecuencias”, sostuvo, al tiempo que reconoció que se trata de un debate complejo, que no se agota en la seguridad pública y que involucra factores sociales, culturales y familiares.
