Intendentes y funcionarios municipales se reunieron con diputados provinciales para debatir el proyecto de ley que prohíbe la actividad de los cuidacoches.
Los diputados integrantes de la comisión de Seguridad Pública se reunieron con intendentes y funcionarios municipales del área de control para debatir el proyecto – con media sanción del Senado- que prohíbe la actividad de los cuidacoches.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Este miércoles, en la Legislatura de Santa Fe se llevó a cabo una reunión de los diputados integrantes de la comisión de Seguridad Pública con intendentes y funcionarios municipales del área de control. El objetivo del encuentro fue debatir el proyecto – con media sanción del Senado- que prohíbe la actividad de los cuidacoches en todo el territorio santafesino.
Si bien la iniciativa no cuenta con apoyo político –incluso existen diferencias dentro del oficialismo-, los titulares de los Ejecutivos locales exigieron la sanción definitiva de la normativa. Por lo tanto, el proyecto –cuyo futuro era incierto- podría convertirse en ley en las próximas sesiones.
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Si se logra establecer sobre quién recaerá la obligación de armar una estructura procesal –con los gastos que conlleva- la aprobación está garantizada.
Luego de la reunión, el secretario de Gobierno y Control de la Municipalidad de Santa Fe, Sebastián Mastropaolo, calificó como “muy positiva” la posibilidad de exponer la experiencia local ante legisladores provinciales y funcionarios de otras ciudades. En ese sentido, destacó que la capital santafesina es, hasta el momento, la única que cuenta con una ordenanza vigente que prohíbe la actividad de cuidacoches.
El funcionario explicó que la normativa, sancionada por el Concejo Municipal, se implementa junto a un registro previo de trabajadores, lo que permitió avanzar en la reconversión laboral de parte del sector. “Muchos fueron integrados a cooperativas y hoy desarrollan tareas con condiciones dignas”, señaló. Actualmente, 104 personas fueron incorporadas a distintas actividades, como mantenimiento de espacios públicos o servicios vinculados al municipio.
No obstante, Mastropaolo advirtió que la problemática persiste y que requiere una respuesta de mayor alcance. “Necesitamos una ley provincial que nos dé herramientas más contundentes. Hoy la ordenanza establece contravenciones como multas o tareas comunitarias, pero en muchos casos no se cumplen”, sostuvo.
En ese marco, describió que las situaciones de violencia y coacción hacia vecinos continúan repitiéndose. “Muchas veces se detiene a una persona, pero a las pocas horas vuelve al mismo lugar. Así no se logra resolver el problema”, afirmó. Por eso, insistió en la necesidad de avanzar hacia una legislación provincial que permita una intervención más efectiva de las fuerzas de seguridad.
El funcionario remarcó que la postura del municipio es clara: avanzar hacia la prohibición de la actividad. “Debemos ser coherentes con la ordenanza que ya está vigente en Santa Fe”, indicó, y recordó que la iniciativa provincial ya cuenta con media sanción del Senado, aunque aún debe ser tratada en Diputados.
En relación al proyecto, expresó preocupación por algunos puntos, en particular aquellos que trasladan a los municipios la carga administrativa del control y sanción. “Hoy no tenemos la estructura para procesar la cantidad de infracciones que implicaría, teniendo en cuenta que hay más de 300 cuidacoches detectados en la ciudad”, explicó.
Además, advirtió que el contexto económico agrava la situación, con un crecimiento sostenido de personas que se vuelcan a esta actividad. “Necesitamos reglas claras y poder dar una respuesta concreta a los vecinos, que nos reclaman la aplicación de la ordenanza”, agregó.
Por último, valoró el acompañamiento del Ministerio de Seguridad, aunque reiteró que sin una ley provincial no se logra cerrar el circuito de intervención. “El policía puede actuar, pero sabe que más allá de una contravención no hay mucho más para hacer”, concluyó.
Por su parte, el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, también destacó la importancia del debate legislativo y coincidió en la necesidad de avanzar con una normativa provincial. “Es una problemática que venimos atravesando desde hace años y que en el último tiempo se ha vuelto más violenta”, afirmó en diálogo con AIRE.
Viotti explicó que en Rafaela ya se tomó la decisión de prohibir la actividad y consideró que la ley permitiría fortalecer ese camino. “Necesitamos herramientas que nos permitan actuar de manera conjunta entre municipios, la Provincia y la Justicia”, sostuvo.
El mandatario subrayó la importancia de que la actividad sea considerada una falta, lo que facilitaría su abordaje legal, y reclamó sanciones más firmes. “Queremos penas cumplibles que dejen en claro que estas prácticas no serán permitidas en las ciudades que decidan prohibirlas”, expresó.
Finalmente, advirtió sobre la complejidad del fenómeno, al señalar su vínculo con problemáticas sociales más amplias. “En muchos casos hay una relación directa con el consumo de drogas y la inseguridad. Por eso necesitamos avanzar con urgencia en una ley que nos ayude a ordenar el espacio público y brindar mayor seguridad”, concluyó.
En tanto, la diputada provincial del socialismo, Lionella Cattalini, calificó como “muy positiva” la reunión mantenida con intendentes y secretarios de control de las principales ciudades de la provincia, en el marco del debate por el proyecto de ley sobre la actividad de cuidacoches.
No obstante, aclaró que también se plantearon objeciones: “Nos pidieron cambios porque los municipios no tienen hoy la estructura suficiente para afrontar un esquema de contravenciones con una gran cantidad de actas. Tenemos que revisar cómo se implementaría esto en la práctica”.
Cattalini remarcó además que existen realidades muy distintas en el territorio provincial. “Hay regulaciones diferentes en Rosario, Reconquista, Villa Gobernador Gálvez o Rafaela. Algunas ciudades tienen ordenanzas, otras decretos y en algunos casos no hay normativa. Eso nos obliga a legislar con mucha responsabilidad”, afirmó.
En ese sentido, advirtió sobre la complejidad del tema: “Es un problema delicado, que en algunos casos involucra violencia, y en otros, pobreza y falta de empleo. No podemos vender espejitos de colores ni pensar que se va a resolver únicamente con una ley, y mucho menos con una ley tratada a las apuradas”.
La diputada recordó que el proyecto, impulsado por el senador Lisandro Enrico, ingresó el 9 de mayo de 2025 y obtuvo media sanción en el Senado el 19 de marzo de este año, luego de casi un año de debate. “Ahora la Cámara de Diputados está haciendo lo que no se hizo antes: escuchar a los intendentes y a los distintos actores sociales para mejorar la iniciativa”, destacó.
Respecto al contenido, explicó que el texto proveniente del Senado plantea que cada municipio deba dictar una ordenanza para prohibir la actividad, en línea con lo que ya ocurre en la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, señaló que el debate sigue abierto entre avanzar hacia una prohibición total o establecer algún tipo de regulación.
Por último, Cattalini aclaró que el objetivo no es demorar el tratamiento, sino garantizar una ley eficaz. “Hace un mes que tenemos el proyecto en la Cámara. Estamos convocando a intendentes, recibiendo aportes de distintos sectores —incluso de la Iglesia— y vamos a trabajar en los cambios necesarios para que esta ley sirva realmente y aporte una solución a un problema complejo”, concluyó.
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