Los crímenes que encienden el debate: cómo el gobierno de Javier Milei usa cada caso de violencia juvenil para impulsar la baja de imputabilidad
Desde el asesinato del playero Bruno Bussanich en marzo de 2024 hasta el brutal crimen de Jeremías Monzón, cada homicidio cometido por menores se convierte en munición política para reformar una ley que rige desde la dictadura militar.
El oficialismo apuesta a que la nueva conformación del Congreso, con mayor presencia libertaria y aliados del PRO, ofrezca mejores condiciones para tratar la baja de la edad de imputabilidad.
El patrón se repite con precisión quirúrgica. Un menor comete un crimen que conmociona a la opinión pública. En cuestión de horas, Patricia Bullrich sale a las redes sociales. El exvocero Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete, amplifica el mensaje. El presidente Javier Milei cierra con un tuit contundente. Y el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que lleva meses empantanado en el Congreso y que ahora se prevé que sea tratado en sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, vuelve a la agenda nacional.
Desde 2024, el gobernador Maximiliano Pullaro está alineado en esta posición al reclamar la baja de la imputabilidad de menores que hayan cometido “delitos de grandes”. El gobierno santafesino, como desgranó esta semana el ministro de Seguridad, Pablo Cocciocioni, no pretende que haya un piso en la edad. La mirada es de acuerdo al delito que se cometa.
En este punto, Pullaro suscribe en parte el discurso del gobierno de Javier Milei, como quedó expuesto tras el crimen de Jeremías Monzón, asesinado y torturado por tres menores. Su postura no es nueva. Cuando fue asesinado Bruno Bussanich –el empleado de una estación de servicio- en marzo de 2024 en Rosario por un chico de 15 años también pidió la baja de imputabilidad. Se prevé que el proyecto que impulsa el gobierno nacional se trate en las sesiones extraordinarias en febrero próximo, y los legisladores alineados con el gobernador votarían a favor del proyecto.
El crimen de Jeremías expone sin vueltas el problema que se dispara cada vez que los victimarios son menores. La chica de 16 años que participó del asesinato de Monzón permanece detenida en un penal de menores, pero los dos adolescentes de 14 años, que torturaron y mataron a Jeremías, volvieron con sus respectivas familias, por ser inimputables para la ley argentina.
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Jeremías Monzón tenía 15 años al momento del asesinato.
El debate es necesario, aunque asoma cada vez más seguido con la presión que genera la conmoción de un crimen que tiene a un menor como victimario. La secuencia se ha repetido al menos cinco veces en los últimos meses. Cada homicidio, cada caso que genera indignación popular, se transforma en el combustible que un sector de la política necesita para mantener vivo un debate que, paradójicamente, lleva más de dos décadas sin resolución. El problema es que no hay alternativas a esta postura de endurecer las penas a los menores, porque fracasaron y están fuera del contexto actual.
El asesinato del playero en una estación de Rosario
Cada fotograma de las imágenes de estos crímenes aberrantes enciende la conmoción con la que se alimenta la discusión. Como ocurrió después del asesinato que se produjo en la madrugada del 10 de marzo de 2024, cuando un adolescente de 15 años descendió de un Fiat Duna frente a la estación de servicio Puma en Rosario. Sin mediar palabra, disparó tres veces contra Bruno Bussanich, un playero de 25 años que trabajaba esa noche, a quien el sicario no conocía. El joven murió en el lugar.
El crimen formaba parte de una escalada narcoterrorista que había cobrado otras tres víctimas esa misma semana: dos taxistas y un colectivero. Pero el caso Bussanich tenía un elemento que lo diferenciaba: el ejecutor era menor de edad, por lo tanto, inimputable.
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Un adolescente de 15 años disparó tres veces contra Bruno Bussanich, un playero de 25 años que trabajaba esa noche en la estación de servicio.
Diecinueve días después, cuando la Policía de Santa Fe detuvo al adolescente gracias a una recompensa de 10.000.000 de pesos, Patricia Bullrich no dejó pasar la oportunidad. "Acaba de ser detenido por la Policía de Santa Fe el asesino del playero Bruno Bussanich, de Rosario. Asesinato que destruye toda una familia", escribió en X. Y agregó: "Ya está entrando al Congreso de la Nación la Ley de Imputabilidad, para que nunca más crímenes como estos queden impunes".
El presidente Milei reposteó el mensaje con tres palabras: "El que las hace, las paga". Adorni, más explícito, sintetizó la postura oficial: "Delito de adulto, pena de adulto".
La frase se convertiría en el mantra del gobierno. Simple, contundente, diseñada para redes sociales. Tres meses después, el 28 de junio, Bullrich y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentaban formalmente el proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años.
Otro caso en La Plata
El debate se volvió a agitar con otro hecho espeluznante. El 25 de febrero de 2025, Florencia Barbosa frenó su Fiat Palio rojo en el semáforo de 25 y 72, en La Plata. En cuestión de segundos, dos adolescentes la bajaron a empujones y arrancaron sin advertir que en el asiento trasero viajaba Kim, su hija de 7 años. La nena quedó enganchada por el cinturón de seguridad. La arrastraron 15 cuadras hasta estrellar el auto contra un poste. Murió por fracturas múltiples. Los detenidos tenían 14 y 17 años. El menor, inimputable. El mayor, con antecedentes por un intento de robo similar apenas un mes antes.
La reacción del gobierno nacional volvió a ser inmediata, pero esta vez con un ingrediente adicional: el ataque político. "Hace un año presentamos el Régimen Penal Juvenil. Su tratamiento debe ser ¡URGENTE! Los argentinos no podemos esperar más", escribió Bullrich. Y arremetió directamente contra el gobernador bonaerense: "Kicillof, tu inutilidad está costando vidas. Esperemos que tus diputados aprueben esta Ley, o ¿estás a favor de que esto siga pasando?".
Milei fue más allá. Pidió la renuncia de Kicillof y amenazó con "intervenir" la provincia de Buenos Aires. "No se puede trabajar con alguien que cree que los delincuentes son las víctimas", tuiteó.
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Kicillof denunció penalmente a Milei por "uso oportunista y miserable" del aberrante caso.
La respuesta del gobernador bonaerense fue contundente. Convocó a una conferencia de prensa, y denunció penalmente a Milei por "uso oportunista y miserable" del caso, y contraatacó: "Milei es el principal responsable del narcotráfico. La provincia no produce droga. Para llegar a nuestros barrios tiene que recorrer 1.500 kilómetros y atravesar fronteras nacionales". Parecía un deja vú de la postura del socialismo cuando estuvo en el poder en Santa Fe.
El caso Kim Gómez escaló el conflicto político a niveles inéditos. La tragedia de una nena de 7 años se había convertido en el campo de batalla entre dos modelos de gestión, dos miradas sobre la seguridad, dos proyectos políticos en pugna electoral.
José Luis Espert, en los albores de su campaña en la provincia, antes de renunciar por recibir fondos del narco Fred Machado, aprovechó para lanzar su clásico "cárcel o bala". Elisa Carrió, desde la Coalición Cívica, se preguntó por qué "nunca se trató el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que lleva más de 23 años de presentado".
El asesinato de Jeremías Monzón alimentó otra vez la discusión
Ahora, el terrible crimen de Jeremías Monzón, de 15 años, alimentó otra vez la discusión. El chico desapareció el 18 de diciembre de 2024 en Santo Tomé, Santa Fe. Su familia lo buscó durante cuatro días. El 22 de diciembre hallaron su cuerpo en un galpón abandonado del barrio Chalet. La autopsia reveló 23 puñaladas. Las armas: un cuchillo y una herramienta metálica similar a un destornillador.
Los sospechosos eran tres adolescentes: una chica de 16 años y dos varones de 14. La menor quedó detenida en un centro de menores en Rosario. Los otros dos recuperaron la libertad. Son inimputables.
Pero había algo más. Uno de los agresores había filmado el asesinato. El video, que debió permanecer bajo reserva de sumario, se filtró a las redes sociales en enero de 2026. Las imágenes muestran a Jeremías siendo torturado. "¿Dónde tenés los videos?", le preguntan con insistencia. "Estoy sangrando", responde la víctima. "En el celu", agrega ante el dolor. "¿Tenés los videos ahí, sí o no? Dale. Poné la contraseña del celular", insisten.
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Bullrich recibió a la mamá de Jeremías Monzón.
La familia rogó que no se viralizara el contenido. Pero era tarde. El caso Jeremías Monzón había explotado en la opinión pública.
"Fue torturado y asesinado por menores que se filmaron haciéndolo. Hoy, dos de ellos están libres", escribió Patricia Bullrich en X. "Menores que cometen los peores delitos y salen impunes", agregó.
Pullaro fue más allá: "Los menores que cometen delitos de extrema violencia deben responder por esos hechos en función del delito cometido y no únicamente de su edad". Y sentenció: "No podemos evaluar que un chico de 14 o 15 años no comprende las acciones que lleva adelante".
Un editorial del diario La Nación, publicada el 28 de enero, fue directo: "La inimputabilidad absoluta no protege a esos menores, sino que los somete a un circuito de violencia, reincidencia y muerte temprana".
El debate llegará al Congreso durante las sesiones extraordinarias
El caso, sumado a otros dos homicidios recientes —el de Joaquín Ibarra en Tucumán y el de Uriel Giménez en Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires—, llevó al gobierno nacional a incluir finalmente el Régimen Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias del Congreso para febrero de 2026. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, confirmó la decisión. Adorni la defendió: "La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas".
La normativa que regula la responsabilidad penal juvenil en Argentina tiene 44 años de antigüedad. La Ley 22.278, sancionada el 25 de agosto de 1980 en plena dictadura militar y modificada parcialmente en 1983, establece que los menores de 16 años son inimputables: no pueden ser juzgados ni condenados penalmente.
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El Régimen Penal Juvenil fue incluido en las sesiones extraordinarias del Congreso para febrero de 2026.
Foto: Maxi Luna/NA
Para los adolescentes de entre 16 y 18 años, la situación es diferente. Pueden ser procesados, pero solo por delitos cuya pena sea superior a dos años de prisión. Sin embargo, no son juzgados por el sistema penal de adultos.
La ley tiene una trampa, según explican los especialistas. Si bien declara inimputables a los menores de 16, el artículo 1º permite que un juez ordene su internación en un instituto de menores "por tiempo indeterminado" si considera que el adolescente "es pobre o presenta problemas de conducta". Es decir, pueden quedar privados de su libertad sin juicio previo, por decisión discrecional de un magistrado.
A nivel nacional, el Ministerio de Justicia informó que en 2023 se iniciaron más de 23.000 causas penales contra menores. Entre ellas, cerca de 200 homicidios en los que están involucrados menores de 15 años. Los robos agravados cometidos por jóvenes crecieron un 31% respecto de 2022, y los hurtos, un 14%.
El proyecto oficial: 13 años y hasta 20 de prisión
El proyecto enviado por Milei al Congreso el 28 de junio de 2024 propone cambios sustanciales. La edad mínima de imputabilidad bajaría de 16 a 13 años. El régimen se aplicaría a adolescentes de entre 13 y 18 años imputados por cualquier delito tipificado en el Código Penal.
La iniciativa original del Poder Ejecutivo establecía penas de hasta 20 años de prisión para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. Se prohibía la reclusión perpetua, incluso en casos de concurso de delitos.
Sin embargo, el texto que finalmente obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Diputados en mayo de 2025 introdujo modificaciones importantes. La edad de imputabilidad se fijó en 14 años, no en 13. La pena máxima se redujo a 15 años de cárcel. Y se priorizaron las penas alternativas —tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento, reparación del daño causado— para delitos con penas de hasta tres años.
centro de detención juvenil las flores
Una de las celdas en donde son alojados los menores en conflicto con la ley penal en la ciudad de Santa Fe.
La privación de libertad solo se aplicaría como último recurso. El proyecto contempla la creación de Institutos Especializados de Detención, donde los menores condenados tendrían garantizado el derecho a educación, atención médica, tratamiento en caso de adicciones y personal capacitado en infancia y adolescencia. Se prohíbe expresamente que convivan con adultos detenidos.
El dictamen tuvo 77 firmas: LLA, PRO, UCR, Innovación Federal, Coalición Cívica (con disidencias) y Democracia Para Siempre. Unión por la Patria presentó un dictamen propio que mantiene la edad de imputabilidad en 16 años.
El proyecto incorpora garantías procesales inexistentes en la ley actual: procesos reservados, protección de la identidad de los adolescentes, intervención de la asesoría tutelar, notificación a los padres desde el inicio, y prohibición de difundir la identidad de los menores salvo renuncia expresa.
También contempla mecanismos de justicia restaurativa como la mediación, la conciliación y el acuerdo reparatorio, siempre con el aval de la víctima.
Pese al dictamen de mayoría, el proyecto nunca llegó al recinto en 2025. Con el recambio legislativo de diciembre, perdió estado parlamentario. Ahora debe comenzar desde cero.
La discusión sobre la edad de imputabilidad no es nueva
En 2009, el Senado le dio media sanción a un nuevo Régimen Penal Juvenil que reducía la edad a 14 años. Pero el proyecto nunca fue tratado por Diputados y perdió estado parlamentario dos años después.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2017, los ministros Germán Garavano (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad) presentaron otro proyecto para bajar la edad a 14 años. Se realizaron reuniones informativas, pero nunca llegó al recinto.
En 2019, el macrismo intentó nuevamente, esta vez proponiendo 15 años como edad mínima. Tampoco prosperó.
Ahora es el turno de Milei. Y el gobierno apuesta a que la nueva conformación del Congreso —con mayor presencia libertaria y aliados del PRO— ofrezca mejores condiciones. El oficialismo necesita sumar sectores del massismo, cuyo líder, Sergio Massa, cuando era diputado promovió reducir la edad punible a 14 años. Su bancada en Unión por la Patria oscila la decena de integrantes, y al menos siete podrían votar a favor, según fuentes del bloque.
La estrategia del gobierno es clara: usar cada caso de violencia juvenil para mantener el tema en la agenda mediática y presionar al Congreso. Cada homicidio, cada víctima, cada video viral se convierte en argumento político para impulsar una reforma que lleva más de dos décadas esperando.
Los especialistas advierten que no hay evidencia de que bajar la edad de imputabilidad reduzca la criminalidad juvenil. UNICEF ha señalado que países de la región que tomaron esa medida no registraron mejoras significativas en seguridad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó que la edad mínima penal sea superior a los 12 años y "preferiblemente lo más cercana a los 18".
Pero en un contexto de inseguridad creciente, con la conmoción pública a flor de piel cada vez que un menor comete un crimen brutal, el debate excede los argumentos técnicos. Se trata, ante todo, de una discusión política. Y política es lo que el gobierno de Milei hace cada vez que un caso enciende las alarmas.
