Una guía urgente para familias advierte que la violencia de género digital es real. El material propone pasar del control al acompañamiento en la adolescencia.
Acompañar es la palabra clave en la adolescencia.
La violencia que ocurre en las pantallas va mucho más allá de las pantallas. Y mucho más en la adolescencia. Empieza en las redes sociales pero tiene impacto en la salud mental, en los vínculos, en los proyectos de vida y en la participación social de quienes la sufren.
Con esa premisa —“lo virtual es real”— Amnistía Internacional Argentina y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) presentaron la “Violencia de género digital: Guía urgente para familias”, un manual estratégico pensado para acompañar a adolescentes y jóvenes frente a los riesgos del entorno digital.
“El mundo digital es una extensión de la vida offline. Lo que sucede ahí genera impactos reales en el bienestar físico, mental y emocional de las personas”, explica María Paula García, coordinadora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina.
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Desde la organización, junto a UNFPA, vienen trabajando desde hace años en la prevención y el abordaje de la violencia de género digital contra periodistas, activistas, defensoras de derechos humanos y también contra niñas, niños, adolescentes y juventudes.
Los datos dimensionan el problema: el 95% de niñas, niños y adolescentes de entre 9 y 17 años tiene un celular con acceso a internet y ocho de cada diez usa redes sociales todos o casi todos los días.
En ese espacio se expresan, aprenden y se entretienen, pero también quedan más expuestos a situaciones de hostigamiento, discriminación y violencia.
Y también advierten que esa violencia no afecta a todas las personas por igual: mujeres, adolescentes, niñas y diversidades sexuales la padecen de manera desproporcionada.
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“Que la violencia ocurra en una pantalla no la vuelve menos dañina”, advierte García. A nivel global, cerca de seis de cada diez niñas y adolescentes reportan haber atravesado situaciones de violencia digital, y una de cada cuatro manifiesta haber sentido miedo físico como consecuencia.
La guía identifica las formas más frecuentes de agresión digital: la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, el ciberacoso y el hostigamiento, el doxing —publicación de datos personales para facilitar ataques— y la sextorsión, basada en el chantaje con material sexual.
A esto se suman nuevas prácticas potenciadas por la tecnología, como los deepfakes con contenido sexual: a nivel global, nueve de cada diez tienen como objetivo a mujeres, niñas y adolescentes.
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“Cuando Naciones Unidas releva el ciberacoso, advierte que las mujeres tienen un 27% más de probabilidades de estar expuestas a violencia digital”, señala García.
Estas prácticas, lejos de ser hechos aislados, generan además un efecto persistente de autocensura: muchas mujeres y personas LGBTI+ optan por abandonar las redes sociales para protegerse, perdiendo un espacio clave de expresión y ciudadanía.
Uno de los aspectos más desafiantes del material es el rol que asigna a las familias. Frente a situaciones de violencia digital, la guía propone correrse del control punitivo —quitar el celular, prohibir aplicaciones— para construir un acompañamiento crítico y basado en la confianza.
“La motivación de esta guía fue brindar herramientas para que las familias sepan que estas violencias existen y puedan habilitar conversaciones sin juzgar ni culpabilizar”, explica García.
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El material fue elaborado con aportes de especialistas en crianza digital, como Lucía Fainboim, y con la participación directa de adolescentes y jóvenes. Una demanda se repite: más espacios de escucha y menos sanción automática.
La alfabetización digital del mundo adulto aparece como condición indispensable. Entender cómo funcionan las plataformas, sus lógicas y riesgos, permite acompañar mejor y evita que el miedo al castigo lleve a que adolescentes oculten situaciones de peligro.
Cuando la violencia ya ocurrió, la guía propone un protocolo claro: preservar las pruebas (capturas de pantalla, URLs, metadatos), denunciar en fiscalías especializadas o a través de la línea 144, y reportar los contenidos en las propias plataformas.
El documento también señala la responsabilidad de las grandes empresas tecnológicas, como Meta, TikTok o X, por la opacidad de sus algoritmos y la lentitud en la moderación, que muchas veces permite que el contenido violento se viralice antes de ser eliminado.
Un aporte central de la guía —poco habitual en este tipo de materiales— es el abordaje específico con adolescentes y jóvenes que ejercen violencia digital. Lejos de una lógica exclusivamente punitiva, el enfoque apunta a desarmar la conducta violenta sin fijar identidades irreversibles.
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“Intentamos evitar etiquetas como ‘agresor’ o ‘victimario’ como única característica de una persona”, subraya García. “Son subjetividades en construcción y el mundo adulto tiene un rol clave en esos procesos de aprendizaje”.
La guía propone abrir instancias de diálogo sin estigmatización, escuchar los motivos —muchas veces ligados a dinámicas de grupo o discursos de odio naturalizados— y trabajar la responsabilización: comprender el daño causado, sus consecuencias emocionales y también legales.
Las respuestas reparatorias van más allá del pedido de disculpas e incluyen acciones concretas, como eliminar contenidos, desmentir información falsa o asumir públicamente el error cuando el ataque fue colectivo.
También se plantea la necesidad de establecer límites claros y acuerdos familiares sobre el uso de la tecnología, desarmar la complicidad del entorno y reflexionar sobre los mandatos de género que sostienen muchas de estas violencias.
En los casos en que las conductas sean reiteradas o muestren una profunda falta de empatía, se recomienda recurrir a equipos interdisciplinarios.
La guía dialoga con otros recorridos, como la guía propuesta por la familia de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que se suicidó en agosto de 2024 después de la viralización de un video íntimo sin su consentimiento, difundido por un compañero.
El trabajo apunta a que las familias no se sientan solas y que escuelas, Estado y plataformas asuman su corresponsabilidad.
Porque intervenir a tiempo, también en el mundo digital, es una forma concreta de prevenir violencias que dejan marcas muy reales.
