Yamil Benavidez, con chaleco y casco investigado por la justicia federal.
La vida de Ángel Yamil Benavidez y su familia cambió drásticamente el martes al mediodía cuando la policía lo encontró en un departamento de la zona del Puerto de Santa Fe -la de mayor crecimiento y desarrollo de la ciudad en la última década- junto a $45.251.600; 83.000 dólares; 22.000 euros; y 23.000 reales.
Según confirmó el fiscal Walter Rodríguez, también hallaron 39 tarjetas de débito, con su correspondiente clave de acceso bancario, celulares y documentación de interés para la causa. A partir de ese momento, las versiones y especulaciones comenzaron a circular por distintos círculos de poder empresarial y político.
Benavidez es oriundo de la provincia de Entre Ríos, donde militó activamente en la Unión Cívica Radical, actividad que continuó cuando decidió arraigarse en la ciudad de Santa Fe, cuando llegó para estudiar derecho en la Universidad Nacional del Litoral.
"Más que a la Franja Morada estaba vinculada a la Juventud radical", aclaran algunos correligionarios. Según la información a la que pudo acceder AIRE, el hombre de 40 años cumplió funciones en el Concejo de Santa Fe como asistente técnico en el bloque de la UCR hasta principios de 2023 y durante aproximadamente doce meses.
Antes fue funcionario del área de Control de la gestión del exintendente y ahora diputado electo, José Corral.
A través del decreto N° 0018 emitido el 8 de febrero de 2017, Yamil Benavidez fue designado como Coordinador Ejecutivo del Programa de Tránsito y Seguridad Vial, cargo que ocupó a partir del 6 de febrero de ese año. El acto administrativo lleva las firmas del exintendente José Corral y de la entonces secretaria de Gobierno, María Martín.
Antes, en agosto del 2016 agosto, Ángel Yamil Benavidez, fue designado por el Ejecutivo Municipal como Coordinador Ejecutivo del Programa de Actividades, Vía Pública y Transporte, dependiente de la Secretaría de Control.
Otro de los archivos donde aparece Benavidez es de mayo del 2013, donde a través del decreto N° 00814, se autorizó un contrato de locación de servicios por “compras descentralizadas con manejo del sistema de Reforma de Administración Financiera (R.A.F.A.M) y relacionadas a compactación a cargo de la Secretaría de Control municipal”.
El decreto lleva la firma del propio Corral y de la entonces secretaria de Gobierno, hoy concejala y ex precandidata a la intendencia capitalina en las PASO del 16 de julio de este año, Adriana “Chuchi” Molina.
Se sospecha -y por esa razón el fiscal Walter Rodríguez realizaría la requisitoria de información correspondiente a la Municipalidad de Santa Fe y el Concejo local- que Benavidez, antes de ser funcionario de aquella gestión, también recibió contrataciones directas por la prestación de servicios al gobierno municipal. Hasta las primeras horas de este viernes, el pedido no había ingresado formalmente.
Ángel Yamil Benavidez, joven de 40 años, el viernes fue acusado por la Justicia de tres delitos: defraudación en 39 casos, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada.
El fiscal Rodríguez ratificó que pedirá la intervención de dos organismos claves para causas que investigan delitos económicos. Uno de ellos es la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que depende del Ministerio Público Fiscal de la Nación y el otro es la Unidad de Información Financiera.
En la previa a la audiencia indagatoria de este viernes, el fiscal Walter Rodríguez, a cargo de la causa, explicó que las tarjetas encontradas en el interior del departamento portuario fueron obtenidas mediante un presunto ardid. “Se obtenían datos de identidades de terceras personas para poder canalizar, vía bancaria, un producto y después mal utilizarlo como un producto financiero”, detalló.
AIRE se comunicó con allegados al Bloque de la Unión Cívica Radical en el Concejo de Santa Fe que expresaron sorpresa y mucha bronca por la situación que, directa o indirectamente, los involucra.
En ese sentido, indicaron que estaban siguiendo de cerca los hechos y analizarán durante el fin de semana difundir un documento público que exprese su posición y la predisposición ante cualquier requisitoria de información de parte de la Justicia.
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