Las tarjetas sorprendieron a los investigadores y fueron secuestradas en el marco de la causa que se tramita en la Fiscalía Federal N°2.
Tras el desbarate de una cueva financiera que funcionaba en el interior de un departamento de la zona del Puerto de Santa Fe, la Justicia federal analiza por estas horas cientos de documentos que fueron secuestrados, no solo en el interior del inmueble portuario, sino también en siete allanamientos ejecutados por Gendarmería Nacional.
El caso salió a la luz el martes tras un allanamiento realizado por detectives de la Agencia de Investigación Criminal que irrumpieron en un departamento del piso 12 del Complejo Amarras Center del Puerto de la ciudad de Santa Fe.
Dicho procedimiento se dio en el marco de una causa encabezada por el fiscal Arturo Haidar y que tenía por objetivo recuperar bienes que eran de un inquilino de nacionalidad chilena que alquiló el inmueble y ante la falta de pagos se le retuvieron sus pertenencias.
Cuando la policía ingresó al inmueble, el martes por la mañana, revisaron las instalaciones y hallaron los elementos que buscaban (dos televisores y una licuadora). Sin embargo, al realizar la requisa, se toparon con una montaña de dinero en efectivo de distintas monedas sobre una mesa.
Además, hallaron una máquina de contar billetes, celulares, notebook y un total de 39 tarjetas de débito a nombre de distintas personas, entre otros elementos.
El descubrimiento fue luego informado al fiscal federal Walter Rodríguez, que tras la noticia y bajo la premisa de preservar la prueba, se hizo presente en el departamento y convocó a su vez al personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Santa Fe.
El procedimiento terminó con el secuestro de $45.251.600; 83.000 dólares; 22.000 euros; y 23.000 reales, una máquina de contar billetes, tres celulares y una notebook. Además, fueron también incautadas 39 tarjetas de débito del banco Santander que estaban a nombre de distintas personas, situación que causó mucha atención en los investigadores, como también del fiscal presente en el lugar.
Sobre este último secuestro, fuentes judiciales revelaron a AIRE que la hipótesis delictiva que se trabaja por estas horas apunta a establecer si hubo alguna maniobra ilegal, tipo robo de datos o engaño, que permitió dar de alta los productos bancarios que se encontraban en el interior del departamento portuario y que pudieron haber sido adquiridas entre el 2020 y el martes pasado cuando se hizo el allanamiento.
La sospecha que rodea al hallazgo de las tarjetas de débito surge también porque en el allanamiento los investigadores descubrieron que había 39 fotocopias de DNI correspondientes a diferentes personas, como también varios chips de telefonía celular.
Ante la posible existencia de delitos contra el orden económico y financiero, el fiscal Rodríguez inició una causa que tiene por estas horas detenido a quien se encontraba en el departamento de Amarras Center.
Se trata de Ángel Yamil Benavidez, de 40 años, quien por estas horas permanece detenido en la ciudad de Rafaela a la espera de ser trasladado a la ciudad de Santa Fe para ser indagado ante el juez federal Aurelio Cuello Murúa por los delitos de lavado de activos y defraudaciones.
Sobre Benavidez, trascendieron múltiples versiones en las últimas horas y muchas de las cuales apuntaron su ámbito laboral. Según bases de datos cotejadas por la Fiscalía, el santafesino se desempeñó como asesor de bloque del Concejo Municipal de Santa Fe.
También figura como miembro de una sociedad comercial -de la que también participa otro socio- que se constituyó en noviembre del 2022 y con la cual, sospechan en la Justicia, pudo ser utilizada para cometer presuntos delitos contra el orden financiero.
Asistido por el abogado Ignacio Alfonso Garrone, el santafesino tenía previsto ser indagado este jueves. Sin embargo, por motivos que no trascendieron, se pospuso la audiencia y se realizará el próximo viernes a las 10 de la mañana en la sede judicial de 9 de Julio y Monseñor Zaspe de la capital provincial.
En las últimas horas, el fiscal Rodríguez oficializó que pedirá la intervención de dos organismos claves para causas que investigan delitos económicos. Uno de ellos es la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que depende del Ministerio Público Fiscal de la Nación y que intervino, en su momento, en la causa Bolsafe Valores, que investigó una mega estafa que desapoderó de sus bienes a 408 ahorristas y ocasionó un perjuicio económico de más de 250 millones de pesos.
El otro organismo que la Fiscalía pedirá intervención es la Unidad de Información Financiera, cuya sede más cercana está en la ciudad de Rosario tras haber sido inaugurada este año y la cual tiene como eje analizar el tratamiento y transmisión de información para prevenir el lavado de activos.
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