Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé, explicó que el gremio presentó un amparo colectivo en octubre del año pasado, solicitando la nulidad de la reforma por considerarla violatoria de derechos adquiridos. “La reforma vulnera derechos tanto de los docentes activos como de los jubilados. Modifica el régimen jubilatorio, exige más años de aportes y termina reduciendo el haber jubilatorio”, afirmó.
El recurso fue rechazado en primera instancia y también en el fuero laboral, pero fue apelado y actualmente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la provincia. “Venimos a exigir algo muy claro: que la justicia sea justa. Esta ley fue votada, sí, pero eso no significa que sea constitucional”, subrayó Alonso.
Críticas al Gobierno y reclamos concretos
El dirigente gremial también cuestionó la postura del Gobierno provincial frente al financiamiento del sistema previsional. “La excusa fue que no hay recursos, pero Córdoba logró que la Nación le pague su deuda. ¿Por qué Santa Fe no exige lo mismo?”, se preguntó. Asimismo, apuntó a la falta de voluntad política para implementar una reforma tributaria progresiva que haga que los grandes grupos económicos aporten más.
Uno de los puntos que más malestar genera entre los docentes es el llamado “aporte solidario”, que consideran una forma directa de ajuste. A esto se suma que los aumentos salariales para jubilados se efectivizan con una demora de 60 días, afectando el poder adquisitivo de quienes ya están retirados del sistema laboral.
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Perspectivas y continuidad del plan de lucha
Amsafé se encuentra en estado de asamblea permanente y, de no haber una convocatoria concreta por parte del Gobierno, continuará con acciones gremiales a nivel local, regional y provincial. La organización insiste en que no abandonará la calle hasta que se revierta el ajuste.
“Seguiremos luchando con firmeza. Esto no es solo un reclamo sectorial. Es una defensa profunda de la escuela pública y de los derechos de quienes la sostienen todos los días”, concluyó Alonso.
Desde el gremio docente manifestaron que estas medidas afectan directamente los derechos laborales de los trabajadores de la educación, sobre todo en lo que respecta a la calidad del haber jubilatorio y el acceso oportuno a los aumentos salariales acordados en paritarias.
