La Cámara de Apelaciones evaluará el acuerdo de juicio abreviado que impuso condenas en suspenso a dos exempleados del hospital Iturraspe por quedarse con dinero del sueldo de sus compañeros.
Los empleados del hospital Iturraspe denunciaron el desvío del "Fondo del 30%".
Maiquel Torcatt / Aire Digital
La causa que investiga un millonario fraude a los empleados del Hospital Iturraspe, tuvo en diciembre de 2024 las primeras dos condenas: el exencargado de la liquidación de sueldos, Jorge Carnaghi, y su esposa Belén Milessi, fueron condenados a través de un juicio de procedimiento abreviado.
Ahora, el juez de la Cámara de Apelaciones Jorge Andrés, revisará ese fallo que impuso condenas en suspenso y una reparación económica por 42 millones de pesos, por una presentación del abogado querellante Claudio Torres del Sel, en nombre de cuatro damnificados.
En tanto, los representantes de la Fiscalía de Estado provincial, el Ministerio Público de la Acusación y los abogados defensores Néstor y Mariana Oroño, reclamaron que se confirme el acuerdo de juicio abreviado.
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El abogado querellante sostuvo que “desde el comienzo nos manifestamos en contra del abreviado porque la calificación legal seleccionada -estafa- y la reparación económica -42 millones de pesos entre los dos condenados- no se ajusta a la realidad de los sucesos. El abreviado no es razonable y no es legal”, valoró Torres del Sel.
Para el querellante, debe imponerse la figura legal de asociación ilícita, con Carnaghi en rol de jefe: “Fueron años de fraude reiterado a los empleados del hospital, se trata claramente de una asociación ilícita encabezada por Carnaghi”, y agregó que “la cifra de reparación es irrisoria en comparación con el fraude sufrido por los empleados”.
Torres del Sel cuestionó la intervención que tuvo el gobierno provincial en el proceso: “Esto debía ser controlado por la propia provincia, que de manera sorpresiva e insólitamente se puso del lado de los imputados, quienes deben ser guardianes de sus empleados acuerdan con la defensa”, sostuvo.
El abogado insistió con que el acuerdo abreviado que tuvo sentencia el 26 de diciembre “es un absurdo jurídico”, y que “al momento de la sentencia el perjuicio económico del fraude total es de 200 millones de pesos -valores históricos sin actualizar-”.
Finalmente, Torres del Sel sostuvo que la investigación realizada por el fiscal de la Unidad de Delitos Complejos Federico Grimberg “debió ser más profunda y con más tiempo, tal vez así nos sacábamos todas las dudas, nadie sabe el monto real de la estafa. No se trabajó contablemente como debió hacerse… se llegó a una solución definitiva sin saber de cuanto es el perjuicio”.
“Hay que investigar mejor, pero se avanzó a pasos agigantados, había que cerrar el acuerdo. No entendemos cómo firmó este acuerdo la ministra de salud. Se hizo una investigación paupérrima, no se investigó como debía”, concluyó el querellante.
A continuación, el fiscal de Apelaciones Carlos Arietti solicitó que se rechacen los planteos del abogado querellante, y sostuvo que “es difícil calcular el monto -del resarcimiento económico- porque no es automático el depósito de ese plus salarial”.
Arietti agregó que los querellantes pueden recurrir a sede civil y administrativa para reclamar el resarcimiento total, “y esta condena les está dando un título para que vayan con más fuerza a hacer ese reclamo”, valoró.
Finalmente, el fiscal se refirió a la calificación legal que reclama el querellante, de asociación ilícita: “No hay elementos para acusar por ese delito, el tribunal no puede ordenar al MPA que investigue y acuse por tal delito, eso vulneraría varios principios judiciales y del MPA”, concluyó.
El camarista le consultó al fiscal por el monto de la estafa: “41 millones entre 2020 y 2023 acreditados a Carnaghi es lo que se pudo acreditar como sustracción”, respondió Arietti.
En tanto, los representantes de la Fiscalía de Estado Paola Landa, Valeria Nitori y Leandro Mega, sostuvieron que no hubo vulneración de derecho alguno en el proceso y que estuvo bien hecho el acuerdo abreviado; además, remarcaron que las víctimas pueden iniciar el reclamo en sede civil y administrativa para una reparación integral.
Por último, el abogado defensor de Carnaghi y Milessi, Néstor Oroño, aclaró que el monto actualizado de la estafa perpetrada a los empleados, a diciembre de 2023, era de 120 millones de pesos, distribuidos entre los doce imputados. El letrado sostuvo que en la investigación se pudo precisar cuánto recibió cada uno, y en el caso de Carnaghi fueron 41 millones de pesos, y Milessi 1.200.000 pesos: “Esos son los valores por los que ellos deben responder, y respondieron”, remarcó Oroño.
"En otros casos, algunos imputados recibieron cuatro millones, otros 12, o no llegaban al millón de pesos. Así se precisó la responsabilidad patrimonial de cada uno de los imputados”, aclaró el defensor, y agregó que “son muy modestos los valores que corresponden a cada empleado, en comparación con el total del sueldo”.
Finalmente, el defensor expresó que "la justicia restaurativa no convierte al fueron penal en un superfuero; la reparación integral no es un requisito para la admisión del acuerdo abreviado", y agregó que el reclamo económico debe hacerse "en el fuero que corresponde".
Jorge Carnaghi pidió la palabra al finalizar la audiencia que se realizó en la sala 5 del primer piso de Tribunales: “Se confunde lo que cobran empleados del Cullen o del Classia, pero porque ahí se hacen intervenciones más complejas, por eso reciben más”, sostuvo, y agregó que "los montos (que correspondían cobrar) eran de 12 mil pesos un mes, y ocho mil pesos el mes siguiente. Hace un año que no trabajo más en el hospital, y ahora cobran 17 mil un mes y 4 mil pesos el mes siguiente”, sostuvo.
“Yo pagué el 40% de todo el dinero, tuve que vender todo para pagar esos 40 millones, hay otras diez personas que también tienen que pagar, el problema ahora es que necesitan más dinero para pagarle los honorarios al abogado por ser querellantes”, finalizó Carnaghi.
El juez Jorge Andrés dio por finalizada la audiencia y resolverá los planteos expuestos por las partes en el plazo que establece la ley.
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