El juicio oral a los exjefes Rafael Grau y Omar Odriozola comenzará a fin de mes en los tribunales de Santa Fe. Ambos enfrentan posibles condenas de prisión efectiva.
Los exjefes policiales Rafael Grau y Omar Odriozola serán juzgados por defraudación al Estado provincial
La Justicia de Santa Fe fijó fecha de juicio para dos exjefes policiales de la provincia, involucrados en una causa de fraude al Estado que comenzó hace casi diez años. El debate oral y público comenzará a fin de mes, y en el banquillo de los acusados estarán los expolicías Rafael Grau y Omar Odriozola.
La denominada causa del "D4" comenzó en 2016 y ya tiene a varias personas condenadas a través de juicios abreviados. La situación de los exjefes se dilató debido a varios vaivenes con la acusación, que llevó incluso a un rechazo de admisión por parte de un magistrado, lo que obligó a la Fiscalía a reimputar y volver a acusar.
La situación procesal de Grau y Odriozola, acusados de ser jefes de una asociación ilícita que defraudó al Estado provincial a través del arreglo de móviles policiales se definirá en un juicio oral y público a realizarse en los Tribunales de Santa Fe, que está previsto que se desarrolle durante casi un mes.
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Fuentes del caso confirmaron a AIRE que el debate comenzará el 29 de mayo y se prolongará hasta el 19 de junio, desde las 8 hasta las 17. La acusación es sostenida por el fiscal de la Unidad de Delitos Complejos y Violencia Institucional, Ezequiel Hernández.
El tribunal asignado para presidir el debate estará conformado por los jueces Celeste Minniti, Sebastián Szeifert y Martín Torres, y los acusados enfrentan posibles condenas de hasta nueve años de prisión.
En tanto, Grau y Odriozola serán representados en el debate por las abogadas del Servicio Público de la Defensa Penal, Virginia Balanda e Ileana Echaniz.
Los exjefes se encuentran acusados de haber liderado una asociación ilícita que realizaba maniobras delictivas relacionadas a la reparación y compra de repuestos para vehículos policiales. La investigación fue iniciada por el fiscal Roberto Apullán a raíz de una denuncia presentada por el entonces ministro de Seguridad, y actual gobernador Maximiliano Pullaro, en el año 2016.
En ese entonces, Pullaro sostuvo que había recibido en su despacho una denuncia anónima que ponía al descubierto ciertos manejos irregulares de fondos destinado a la reparación de los móviles policiales, dependiente del departamento de logística, denominado D4.
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En las primeras diligencias, el fiscal Apullán solicitó el allanamiento del D4, con la colaboración de Asuntos Internos; la documentación secuestrada permitió determinar que uno de los comercios involucrados era un lavadero, que emitía facturas como taller mecánico. También se encontró documentación que vinculaba a un comercio de repuestos y un taller.
Las primeras imputaciones se concretaron en septiembre de 2017, y en noviembre de 2017 la causa pasó de la órbita de Apullán a la de la fiscalía de Delitos Complejos y Violencia Institucional, encabezada por el fiscal Ezequiel Hernández, junto con la entonces fiscal Mariela Jimenez.
Las pesquisas permitieron determinar una importante cantidad de involucrados, entre funcionarios del ministerio de seguridad y comerciantes que realizaban su aporte para la concreción de esas maniobras. Entre los funcionarios públicos se imputó a los contadores que oficiaban como habilitados en el ministerio, y el quien estaba al frente del departamento de Logística. Todos los coimputados resolvieron sus procesos a través de procedimientos abreviados o probation, (ver Varias condenas) a excepción de los sindicados "jefes" de la asociación ilícita, Grau y Odriozola.
La Fiscalía sostiene que los dos exjefes de la policía de la provincia aprovecharon su potestad jerárquica, y "dispusieron los medios por los cuales la organización se valió para ejecutar sus planes criminales, habilitaron el ámbito de las maniobras defraudatorias y consintieron las actividades ilícitas desplegadas”.
La modalidad delictiva consistía en facturar reparaciones de móviles policiales que no se hacían y compras de repuestos que no se adquirían, burlando el procedimiento administrativo respectivo. En tal sentido, los fiscales detallaron que “los dos acusados firmaron cheques y realizaron facturas y rendiciones de cuenta que permitieron la disposición patrimonial ilegítima; coordinaron acciones con Facundo José Testi –organizador de la banda– y con sus miembros; y determinaron el reparto de las utilidades conseguidas ilegítimamente”.
En cuanto a la participación de los particulares, éstos emitían facturas por la realización de reparaciones en los vehículos que no se hacían y por la presunta compra de repuestos que no se adquirían. Las facturas eran presentadas al Habilitado, quien emitía las órdenes de pagos específicas a través de cheques.
“Para poder librar dichas órdenes de pago, el Habilitado requería la firma del jefe provincial de la policía y una confirmación del departamento de Logística”, revelaron los fiscales y agregaron que “tanto el Habilitado como el Jefe de Logística coordinaban esta tarea con el organizador de la asociación ilícita (Facundo José Testi, ya condenado), quien a su vez diagramaba con los talleristas y comerciantes la elaboración y firma de las facturas, el cobro de los cheques y la distribución de la recaudación”.
“Una vez que los talleristas y comerciantes cobraban los cheques, le entregaban parte de ese dinero en efectivo al Habilitado de la policía, quien a su vez, se lo daba al jefe provincial”, aclararon los fiscales y concluyeron que “era la máxima autoridad policial de la provincia quien luego decidía sobre el reparto del dinero para con sus subalternos”.
Por último, los fiscales apuntaron que “el Habilitado confeccionaba los expedientes de rendición de cuentas por las erogaciones efectuadas, e incluía las facturas así emitidas. Para poder finalizar el trámite, el jefe provincial de la policía debía prestar su conformidad”.
Varios de los involucrados fueron resolviendo sus situaciones procesales a través de juicios abreviados: nueve personas ya fueron condenadas, cinco de ellas con condenas de cumplimiento efectivo. Uno de ellos fue Raúl Alberto Patriarca de 50 años, quien se desempeñaba como habilitado de la Jefatura provincial de la Policía, junto con Ariel Villanueva.
Los otros condenados fueron José María Leiva, quien oficiaba jefe del departamento de Logística de la Policía Provincial; Facundo José Testi, quien era el dueño y responsable tributario del comercio “T-gráfica” que era utilizado para cometer los fraudes; Rodrigo Exequiel Ruiz, dueño del taller “Servicio Mecánico”; Andrés Daniel Soto, chapista; Artemio Biscari, dueño o responsable tributario del comercio de repuestos “TC Repuestos”; Noelia Biscari, civil, dueña o responsable tributario del comercio de repuestos “TC Repuestos”; y Maximiliano Edgardo Ambrosio.
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