miércoles 21 de octubre de 2020
Policiales | Policía | Seguridad | corrupción

Causa D4: presentarán otra vez la acusación contra los exjefes policiales por malversación de fondos

La Fiscalía de Delitos Complejos presentará nuevamente la acusación contra Rafael Grau y Omar Odriozola. En julio, el juez Silva la había rechazado por "invalidez formal".

Los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, de la Unidad Especial de Delitos Complejos, insistirán con la acusación contra los dos ex jefes de la policía de Santa Fe, Rafael Grau y Omar Odriozola, sobre quienes pesa la sospecha de haber liderado una asociación ilícita que realizaba maniobras delictivas relacionadas a la reparación y compra de repuestos para vehículos policiales y defraudar así las arcas del gobierno provincial, más específicamente del Ministerio de Seguridad.

Esta decisión se toma tras el rechazo de la acusación original presentada por los fiscales, que se discutió en audiencia preliminar a fines del mes de junio. Una semana después el juez Octavio Silva emitió la resolución en la que rechazó la acusación a ambos funcionarios públicos en base a “vicios formales esenciales” que pusieron en jaque la “correlación entre la imputación y el fallo”.

En su escrito, Silva desmenuzó la imputación fiscal a ambos exjefes, a la que catalogó cómo una “fusión de imprecisiones, mezclas e inconsistencias con las imputaciones, que obstaculiza y pulveriza al derecho de defensa” y concluyó que la investigación debía “enmendar” estos “defectos”.

Leer más ► ¿Se cae la causa del D4?: rechazaron la acusación contra los exjefes de Policía, Grau y Odriozola

silva.jpg
El juez Octavio Silva rechazó la acusación a Grau y Odriozola, como así también el pedido de sobreseimiento

El juez Octavio Silva rechazó la acusación a Grau y Odriozola, como así también el pedido de sobreseimiento

A los fiscales les quedaron entonces dos opciones: apelar la resolución del magistrado para que sea revisada por un tribunal de la Cámara de Apelaciones, o “enmendar” los errores marcados por Silva.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a Aire Digital que Hernández y Jiménez decidieron no apelar el fallo de Silva, tal vez por la demora en los procesos que suelen generar las intervenciones de la Cámara de Apelaciones, y que por el contrario, solicitaron algunas diligencias más para incorporar a la causa, y presentar otra vez la acusación contra Grau y Odriozola.

Esto implica que los exjefes de la policía deberán ser citados nuevamente a audiencia imputativa, a fin de respetar el denominado principio de congruencia entre los hechos imputados y los hechos por los que se formula la acusación, y luego deberá fijarse fecha para la audiencia preliminar.

La causa

La investigación comenzó en mayo de 2016, a cargo del fiscal Roberto Apullán a partir de una presentación que hizo en el MPA el entonces ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro. En su denuncia, el funcionario indicó que se anotició de las maniobras ilícitas a partir de un documento dejado en un sobre cerrado en una oficina del ministerio provincial.

Las pesquisas permitieron determinar una importante cantidad de involucrados, entre funcionarios del ministerio de seguridad y comerciantes que realizaban su aporte para la concreción de esas maniobras. Entre los funcionarios públicos se imputó a los contadores que oficiaban como habilitados en el ministerio, y el quien estaba al frente del departamento de Logística. Todos los coimputados resolvieron sus procesos a través de procedimientos abreviados o probation, (ver Condenados) a excepción de los sindicados "jefes" de la asociación ilícita, Grau y Odriozola.

Los fiscales sostienen que los dos exjefes de la policía de la provincia aprovecharon su potestad jerárquica, y "dispusieron los medios por los cuales la organización se valió para ejecutar sus planes criminales, habilitaron el ámbito de las maniobras defraudatorias y consintieron las actividades ilícitas desplegadas”.

La modalidad delictiva consistía en facturar reparaciones de móviles policiales que no se hacían y compras de repuestos que no se adquirían, burlando el procedimiento administrativo respectivo. En tal sentido, los fiscales detallaron que “los dos acusados firmaron cheques y realizaron facturas y rendiciones de cuenta que permitieron la disposición patrimonial ilegítima; coordinaron acciones con Facundo José Testi –organizador de la banda– y con sus miembros; y determinaron el reparto de las utilidades conseguidas ilegítimamente”.

En cuanto a la participación de los particulares, éstos emitían facturas por la realización de reparaciones en los vehículos que no se hacían y por la presunta compra de repuestos que no se adquirían. Las facturas eran presentadas al Habilitado, quien emitía las órdenes de pagos específicas a través de cheques.

fiscales Hernández y Jiménez_marca.jpg
Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, fiscales de la Unidad Especial de Delitos Complejos

Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, fiscales de la Unidad Especial de Delitos Complejos

“Para poder librar dichas órdenes de pago, el Habilitado requería la firma del jefe provincial de la policía y una confirmación del departamento de Logística”, revelaron los fiscales y agregaron que “tanto el Habilitado como el Jefe de Logística coordinaban esta tarea con el organizador de la asociación ilícita (Facundo José Testi, ya condenado), quien a su vez diagramaba con los talleristas y comerciantes la elaboración y firma de las facturas, el cobro de los cheques y la distribución de la recaudación”.

“Una vez que los talleristas y comerciantes cobraban los cheques, le entregaban parte de ese dinero en efectivo al Habilitado de la policía, quien a su vez, se lo daba al jefe provincial”, aclararon los fiscales y concluyeron que “era la máxima autoridad policial de la provincia quien luego decidía sobre el reparto del dinero para con sus subalternos”.

Por último, los fiscales apuntaron que “el Habilitado confeccionaba los expedientes de rendición de cuentas por las erogaciones efectuadas, e incluía las facturas así emitidas. Para poder finalizar el trámite, el jefe provincial de la policía debía prestar su conformidad”.

Condenados

Además de los dos exjefes acusados, hay otras nueve personas que ya fueron condenadas –cinco de ellas a penas de cumplimiento efectivo– en juicios en los que se abreviaron los procedimientos. “Los condenados admitieron la existencia de los hechos y su culpabilidad, tal como lo sostuvimos desde la Fiscalía. Además, logramos la recuperación de más de cinco millones de pesos en concepto de reparación económica, donaciones y multas”, remarcaron Hernández y Jiménez.

El monto recuperado es la suma de los pagos realizados por los condenados a lo largo de los últimos tres años. A valor de hoy, actualizado por la inflación, el dinero recuperado es mayor.

Leer más ► Causa D4: Para el abogado defensor de Grau, "las políticas de transparencia molestaron a alguien"

Las personas condenas hasta el momento son:

* Raúl Alberto Patriarca de 50 años, policía, exhabilitado de la Jefatura provincial de la Policía, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional; pago de una reparación económica de 40.658,98 pesos (25 mil pesos en concepto de capital y 15.658,89 pesos en concepto de intereses) por el perjuicio patrimonial causado al Estado; donación de 90 mil pesos a entidades de bien público y pago de una multa de 90 mil pesos al MPA.

* Ariel Hernán Villanueva de 44 años, policía y Contador Público Nacional, exhabilitado de la Jefatura provincial de la Policía, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos; pago de una reparación económica de 795.922 pesos (600 mil en concepto de capital y 195.922 en concepto de intereses) por el perjuicio patrimonial causado al Estado; donación de 600 mil pesos a cinco entidades de bien público y pago de una multa de 90 mil pesos al MPA.

* José María Leiva de 53 años, policía, exjefe del departamento de Logística de la Policía Provincial, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos; pago de una reparación económica de 204.420,50 pesos por el perjuicio patrimonial causado al Estado; donación de 150 mil pesos a entidades de bien público y pago de una multa de 90 mil pesos al MPA. Además de la condena por ser miembro de la asociación ilícita, coautor de defraudaciones en perjuicio de la administración pública y autor de tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.

* Facundo José Testi de 42 años, civil, dueño o responsable tributario del comercio “T-gráfica”, organizador de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo; pago de una reparación económica de 1.430.836,67 pesos (1 millón de capital y 430.836,67 de intereses) por el perjuicio patrimonial causado al Estado; donación de 1 millón de pesos a entidades de bien público y pago de una multa de 90 mil pesos al MPA.

* Rodrigo Exequiel Ruiz de 30 años, civil, dueño o responsable tributario del taller “Servicio Mecánico”, miembro de la asociación ilícita:condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional.

* Maximiliano Edgardo Ambrosio de 38 años, civil, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional; donación de 90 mil pesos a instituciones de bien público y pago de una multa de 90 mil pesos al MPA.

* Noelia Biscari de 40 años, civil, dueña o responsable tributario del comercio de repuestos “TC Repuestos”, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional; donación de 90 mil pesos a entidades de bien público y pago de 90 mil pesos de multa al MPA.

* Artemio Biscari de 42 años, civil, dueño o responsable tributario del comercio de repuestos “TC Repuestos”, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional; donación de 90 mil pesos a entidades de bien público y pago de 90 mil pesos de multa al MPA.

* Andrés Daniel Soto de 41 años, chapista, dueño o responsable tributario del taller “Los Hermanitos”, miembro de la asociación ilícita: condena a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo. En este caso, la pena fue por integrar la banda criminal, por la defraudación a la administración pública y también por la autoría de los delitos de corrupción de menores agravada (por el vínculo y la guarda) en perjuicio de una niña menor de edad, y tenencia de un arma de guerra sin la debida autorización legal.

Dejá tu comentario