La cesantía alcanza a Diego Martín Acosta; Federico Carbo, del Departamento de Informática en comisión de servicios en el hospital Sayago; Alan Matías Carnaghi, profesional en la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud; José Alberto Carnaghi, encargado de la parte de sueldos, en el departamento administrativo; Aitor Imano Chiavassa, de la tesorería del departamento administrativo; María Belén Milessi, de la parte de hematología; Gerardo Jesús Robledo, Jefe de Personal; Josías Román Robledo - Departamento Administrativo; Betiana Lorena Wery, de la parte de sueldos del departamento administrativo; y Laura Liliana Wery, de la parte de compras del departamento administrativo.
Según la resolución, a la que tuvo acceso AIRE, a lo largo del sumario administrativo se acreditó que entre enero del 2020 y octubre del 2023 los empleados recibieron en sus cuentas bancarias grandes flujos de dinero superiores a los que se les debían acreditar por el denominado “Fondo del 30%”, que surge a partir de los servicios que brinda el hospital a los distintos usuarios que tienen obras sociales, prepagas, medicina laboral o seguros de accidente.
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"Ha quedado debidamente acreditado la utilización con fines particulares, con la evidente intención de incrementar su propio peculio con bienes destinados al servicio oficial, en este caso dinero recaudado que tenía otro destino, el reparto previsto normativamente entre sus compañeros del Hospital", sostiene una parte del decreto. "La maniobra ardidosa y fraudulenta para llevar a cabo tal detracción también se encuentra probada", destacó otra parte de la resolución administrativa.
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Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
El sumario administrativo dejó provisoriamente afuera al transportador de pacientes, Juan José Aguilar, y a su vez decidió eximir de responsabilidad a Analía Verónica Zweifel, tal como dictaminó a principios de julio la Fiscalía de Estado, a cargo de Domingo Rondina.
Trámite penal
Los ahora ex empleados del Iturraspe afrontan además una causa penal en la cual se los imputó por fraude en perjuicio de la administración pública por un total de 38.337.865 de pesos que, actualizado por inflación actual, ascendería a 100 millones de pesos.
Dicha investigación, se inició a partir de una denuncia presentada por la dirección del Consejo de Administración ante la Fiscalía del Ministerio de la Acusación, luego de detectar el desvío de los fondos en el área de liquidación de sueldos.
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Se estima que la estafa ocurrió entre enero del 2020 y octubre del 2023 cuando los implicados, sabiendo que la maniobra era ilegal recibieron en sus cuentas bancarias grandes flujos de dinero superiores a los que se les debían acreditar por el denominado “Fondo del 30%”.
Por esa causa, que encabeza el fiscal Federico Grimberg, los exagentes se encuentran en libertad y bajo una serie de medidas alternativas a la prisión preventiva. Entre ellas, la prohibición de salida del país.
