Así lo indica un dictamen realizado por la Fiscalía de Estado que inició el sumario administrativo tras salir el caso a la luz.
Se cree que el desvío de fondos se dio desde el 2020 hasta 2023, cuando la maniobra fue denunciada por el Consejo de Administración del Hospital Iturraspe.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Un dictamen de la Fiscalía de Estado del Gobierno de Santa Fe recomendó dejar cesante a la mayoría de los empleados de salud que fueron imputados por el desvío de fondos del “fondo del 30%” del hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe.
Según la resolución, a la que tuvo acceso AIRE, el hecho investigado, primero en la fase administrativa, y después en la Justicia penal, se encuentra completamente acreditado, al igual que la maniobra "ardidosa y fraudulenta para llevarla a cabo".
“Los agentes ya mencionados y analizados individualmente cometieron una falta grave al detraer, adulterar, recibir indebidamente fondos del 30 en sus cuentas sueldos”, indicó el dictamen fiscal.
El pedido de cesantía alcanza al entonces jefe a cargo del Departamento de Informática, Diego Marín Acosta; Federico Carbo, del Departamento de Informática en comisión de servicios en el hospital Sayago; Alan Matías Carnaghi, profesional en la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud; Jose Alberto Carnaghi, encargado de la parte de sueldos, en el departamento administrativo; Aitor Imano Chiavassa, de la tesorería del departamento administrativo; María Belén Milessi, de la parte de hematología; Gerardo Jesús Robledo, Jefe de Personal; Josías Román Robledo - Departamento Administrativo; Betiana Lorena Wery, de la parte de sueldos del departamento administrativo; Laura Liliana Wery, de la parte de compras del departamento administrativo.
El dictamen gubernamental eximió de responsabilidad a la empleada de salud, Analía Verónica Zweifel. No obstante, decidió postergar el trámite del procedimiento disciplinario para el transportador de pacientes, Juan José Aguilar.
Tras emitir su postura la Fiscalía de Estado, ahora le toca opinar a las distintas defensas que asisten a los empleados sumariados. Una vez que los respectivos abogados expresen sus opiniones, el sumario será elevado a la ministra de Salud, Silvia Ciancio, quien deberá definir si ordena el cesanteo o adopta otra medida.
Además de la vía administrativa, el caso se encuentra siendo analizado por la Justicia penal, ya que en la Fiscalía de Delitos Complejos de Santa Fe se tramita una investigación en la que se encuentran imputados los doce empleados de salud.
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A todos el fiscal del caso, Federico Grimberg, les atribuyó la participación necesaria en los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública por un total de 38.337.865 de pesos que, actualizado por inflación actual, ascendería a 100 millones de pesos.
Se estima que la estafa se dio entre enero del 2020 y octubre del 2023 cuando los implicados, sabiendo que la maniobra era ilegal recibieron en sus cuentas bancarias grandes flujos de dinero superiores a los que se les debían acreditar por el denominado “Fondo del 30%” que surge a partir de los servicios que brinda el hospital a los distintos usuarios que tienen obras sociales, prepagas, medicina laboral o seguros de accidente.
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