Este sábado, 3 de mayo, la ciudad de Santa Fe se sumará a la Marcha Mundial de la Marihuana, con una serie de reclamos históricos y que en la actualidad tienen mayor vigencia. La concentración será a las 15 en la Plaza Pueyrredón.
En Santa Fe, como en cientos de ciudades en todo el mundo, éste 3 de mayo, se llevará a cabo la Marcha Mundial por la Marihuana.
En Santa Fe, como en cientos de ciudades en todo el mundo, éste 3 de mayo, se llevará a cabo la Marcha Mundial por la Marihuana, en la que los usuarios harán una serie de planteos y reclamos, que son históricos, pero ante la realidad actual en Argentina, tienen mayor relevancia.
A 35 años desde la sanción de la Ley de Drogas, y en 2025, la comunidad cannábica argentina continúa siendo criminalizada por esta normativa gestada en el sistema prohibicionista, anacrónico, inconstitucional, patriarcal y sin perspectiva de derechos humanos, que sólo favorece al narcotráfico.
Algunos de los fragmentos del documento –al que accedió AIRE- y que será leído en la marcha señalan que “la experiencia global ha demostrado que la guerra contra las drogas fracasó en la lucha contra los narcos y plantó una guerra contra las personas usuarias. Este enfoque ha afectado especialmente a sectores de la población que, debido a su situación socioeconómica, género, pertenencia cultural o su relación con la planta, son más susceptibles a la criminalización”.
“Esta normativa-según el documento-, aún vigente, ha dejado una estela de injusticias: personas encarceladas por cultivar, familias destruidas por allanamientos, juventudes perseguidas, pacientes desamparados y comunidades vulneradas. Es urgente su derogación y la construcción colectiva de una nueva ley de drogas. Es hora que los proyectos dejen de dormir en el Congreso y se legisle según las necesidades y derechos del pueblo”.
Los usuarios, cultivadores y asociaciones aseguran que “una nueva ley de drogas debe fundamentarse en el ámbito de la salud, estableciendo un diálogo con normativas existentes como la Ley de Salud Mental N° 26.657. Es esencial adoptar un enfoque de reducción de riesgos y daños, así como regular de manera integral los distintos usos del cannabis, priorizando la salud pública y la justicia social. En definitiva, es necesario abandonar el enfoque punitivo que perpetúa la desigualdad”.
La comunidad cannábica remarca que “el prohibicionismo afecta de manera desproporcionada y encarcela a los grupos más vulnerables. Jóvenes de barrios populares, personas trans y travestis, mujeres cuidadoras, pueblos originarios, cultivadorxs solidarixs y usuarixs siguen siendo objeto de criminalización. El cultivo, práctica del ámbito privado y social, continúa siendo castigado con allanamientos, causas penales y violencia institucional. El cannabis se encuentra presente en todos los sectores y es utilizado en diversos estratos y contextos sociales”.
“Salud mental, consumos problemáticos, cuidado comunitario, placer, autonomía y acceso a la salud pública deben ser parte de la política de drogas que queremos. No podemos seguir permitiendo que el miedo y la represión definan el vínculo entre el Estado y quienes deciden usar sustancias”, subrayan y agregan: “En este contexto, es indispensable retomar e implementar de manera efectiva el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Plan IACOP), establecido por la Ley 26.934. Esta política pública plantea una estrategia integral, comunitaria y territorial para acompañar a las personas en situación de consumo problemático, desde una perspectiva de salud y derechos humanos”.
Argentina cuenta con dos leyes nacionales de cannabis impulsadas por la militancia y un mercado que no para de crecer: la ley de cannabis medicinal 27.350, y la ley de cannabis y cáñamo industrial 27.669. Pero las resoluciones restrictivas en Reprocann, en INASE, en Ariccame y la decisión del gobierno nacional de frenar el desarrollo de la industria y socavar derechos adquiridos, han llevado a diversas provincias y ciudades a crear sus propias normativas. Algunas de estas regulaciones responden a las necesidades de la comunidad cannábica, mientras que otras parecen ignorarlas por completo.
Otro de los reclamos de la comunidad tiene que ver con la reparación histórica de las víctimas de la ley 23.737. “No alcanza con dejar de criminalizar, por eso exigimos reparación histórica para todas las personas perseguidas, judicializadas y encarceladas por la Ley 23.737. Queremos amnistía, absolución, sobreseimiento, cancelación de antecedentes penales y reparación económica para las víctimas del prohibicionismo”, sostienen. Además, exigen “el reconocimiento del trabajo digno realizado por quienes están involucrados en el ámbito del cannabis y otras sustancias, así como por las redes comunitarias, organizaciones cannábicas, cultivadores y profesionales que han asegurado el acceso a tratamientos en un contexto de abandono por parte del Estado”.
Las organizaciones cannábicas aseguran que el accionar represivo del gobierno actual se ha intensificado con medidas como el Protocolo antipiquete Bullrich, “afectando a los más vulnerables, representa una avanzada contra el derecho a la protesta pacífica, como lo hemos visto con los jubilados en el congreso cada miércoles, habilitando la intervención de fuerzas federales sin control judicial efectivo, lo que da lugar a abusos, represión y detenciones arbitrarias”.
“En este escenario, nuestra identidad, la planta, el territorio y las manifestaciones populares son atacadas como parte de un mismo intento de disciplinamiento social. A esta violencia institucional se añade la persecución desmedida hacia quienes alzan la voz y reclaman, con una criminalización sistemática de la disidencia”, remarcan en el documento.
Otra medida para criminalizar es la Ley antimafia 27.786, que se aplica en Argentina “de manera arbitraria, ignorando la realidad social argentina, donde las organizaciones cumplen un rol crucial en la contención, la solidaridad y la defensa de derechos. Equiparar a éstas con redes delictivas es un acto de violencia institucional que busca silenciar a las voces disidentes y sembrar miedo en quienes militan por una sociedad más justa, más equitativa”.
Ante esta situación, se exige la capacitación obligatoria y con perspectiva de derechos humanos para todas las fuerzas de seguridad, el poder judicial, legislativo y ejecutivo. “La política de drogas debe ser una política de contención, prevención y acompañamiento, no una excusa para incrementar la persecución a usuarixs. El cannabis es identidad, cultura, historia, comunidad y trabajo. No somos el problema: somos parte de la solución”, explican.
Por último, indican que “el cannabis representa mucho más que una planta: es identidad, es diversidad, es trabajo y es industria, un derecho, una herramienta, una cultura y una comunidad. Esta lucha trasciende nuestros intereses individuales; se trata de abogar por una nueva política de drogas basada en derechos humanos, que deje de encerrar a quienes cultivan y eligen sus usos, y que comience a garantizar salud, acompañamiento y libertad. Queremos un país sin represión, donde prevalezca la comunidad, sin miedo y más vida”.
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