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Polémica por una resolución del gobierno sobre cannabis medicinal: aseguran que se busca obstaculizar el acceso

La resolución del Ministerio de Salud de la Nación hace foco en tres grandes temas: las asociaciones civiles, los profesionales de la salud y los cultivadores solidarios. Advierten que lloverán los planteos de inconstitucionalidad.

El 16 de agosto se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución 3132/2024 del Ministerio de Salud la que dispone una serie de cambios y modificaciones en el proceso de inscripción al Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) y el acceso al uso medicinal.

Concretamente, la Resolución modifica cuestiones relacionadas a tres grandes puntos: las asociaciones civiles, los cultivadores solidarios y los profesionales de la salud.

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Concretamente, la Resolución modifica cuestiones relacionadas a tres grandes puntos: las asociaciones civiles, los cultivadores solidarios y los profesionales de la salud.

Concretamente, la Resolución modifica cuestiones relacionadas a tres grandes puntos: las asociaciones civiles, los cultivadores solidarios y los profesionales de la salud.

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Las asociaciones civiles

Según la nueva normativa, los usuarios podrán inscribirse en el REPROCANN por sí o a través de un representante, y obtener autorización para cultivar para sí, o para acceder al cannabis y/o sus derivados a través una tercera persona (cultivador), o a través de una asociación civil y/o una fundación, sin fines de lucro.

En tal sentido, se determinó que sólo podrán solicitar su inscripción ante el REPROCANN las asociaciones civiles y/o fundaciones que se encuentren debidamente inscriptas para funcionar como persona jurídica ante el organismo correspondiente, según la jurisdicción a la que pertenezca; que contemplen como parte de su objeto social la prosecución de los objetivos previstos para el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales; que presenten la nómina de los usuarios para los cuales se registren como asociación civil y/o fundación cultivadora autorizada, con identificación clara y precisa de las personas usuarias registradas por el REPROCANN.

Además, deberán acompañar una declaración jurada suscripta por cada uno de los usuarios autorizados previamente por el REPROCANN para acceder al cultivo a través de dicha asociación civil o fundación, al igual que un registro de “cultivador solidario” realizado por cada uno de los interesados en su inscripción al REPROCANN.

Otro aspecto, uno de los más polémicos, tiene que ver con la determinación de que los miembros de la comisión directiva de las asociaciones civiles y miembros del Consejo de Administración de las Fundaciones, no posean antecedentes penales que guarden relación con la comisión de un delito relativo al uso de estupefacientes o sustancias prohibidas o el uso indebido del cannabis medicinal.

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Los usuarios podrán inscribirse en el REPROCANN por sí o a través de un representante, y obtener autorización para cultivar para sí, o para acceder al cannabis y/o sus derivados a través una tercera persona (cultivador), o a través de una asociación civil y/o una fundación.

Los usuarios podrán inscribirse en el REPROCANN por sí o a través de un representante, y obtener autorización para cultivar para sí, o para acceder al cannabis y/o sus derivados a través una tercera persona (cultivador), o a través de una asociación civil y/o una fundación.

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Al respecto, en diálogo con AIRE, David Rojkin, integrante de Conectar Med explicó que “lo que se hace es restringir el tipo de persona jurídica que puede trabajar con cannabis: son las asociaciones civiles y fundaciones. Las simples asociaciones quedan afuera”.

Además, según Rojkin, la medida “obliga de forma excluyente a que no presenten antecedentes penales los integrantes de la comisión directiva. Es aberrante. El texto específicamente habla de antecedentes penales en delito vinculados al uso de estupefacientes o al uso indebido de cannabis medicinal. El uso no está penado, lo que está penado es la tenencia”, y agregó: “se quiere revictimizar y juzgar doblemente a las personas que fueron perseguidas penalmente por el uso o tenencia de estupefacientes. Es un escándalo”.

Cultivadores solidarios

Respecto a los cultivadores solidarios, el abogado y activista cannábico precisó que debido a la nueva resolución “solamente pueden cultivar para dos personas contándose a sí mismos, desarticulando una figura que, culturalmente, tiene mucho peso. Ese cultivador solidario preexiste, es una persona muy importante dentro del activismo porque es quien corría riesgos penales por cultivar para sus hijos, nietos o vecinos”.

Profesionales de la salud

La Resolución 3132/2024, luego, establece como requisito excluyente para solicitar la inscripción en el REPROCANN contar con indicación médica para uso de cannabis y sus derivados por parte de un profesional médico que se encuentre registrado en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS) y contar con una Diplomatura o Maestría sobre el uso medicinal de la Planta del Cannabis Medicinal.

Al respecto, Rojkin calificó dicho requisito de “arbitrariedad injustificada, porque los obliga a registrarse en un registro que se creó el año pasado Registro de la Red Federal de Profesionales de la salud y los obliga a hacer una maestría específica en la materia”.

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Los médicos deberán estar registrados en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS) y contar con una Diplomatura o Maestría sobre el uso medicinal de la Planta del Cannabis Medicinal.

Los médicos deberán estar registrados en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS) y contar con una Diplomatura o Maestría sobre el uso medicinal de la Planta del Cannabis Medicinal.

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“Todo eso va en contra del artículo 99 inciso 2 de la Constitución Nacional, que es el que especifica que cuando el Estado decide reglamentar una ley no puede ir en contra de la misma. El espíritu de la ley es la investigación científica y médica sobre el cannabis y la accesibilidad”, dijo el abogado, quien adelantó que “es probable que empiecen a llover planteos de inconstitucionalidad”.