El gobierno provincial resolvió, al menos momentáneamente, no volver a realizar cultivos en el predio de Monte Vera. En la Cámara de Diputados quieren piden informes sobre las políticas de cannabis medicinal.
Se busca saber qué pasó con los 30 consultorios de cannabis medicinal distribuidos en la provincia y si se avanzó con la formulación y distribución gratuita.
Al igual que ocurrió a nivel nacional con la administración de Javier Milei, el gobierno de Santa Fe, encabezado por Maximiliano Pullaro, resolvió avanzar con un análisis exhaustivo sobre el desarrollo de las políticas públicas en materia de cannabis medicinal, concretadas en la anterior gestión de gobierno.
Al hacer una revisión pormenorizada de las actuaciones, contrataciones y avances en la materia, el gobierno provincial resolvió, al menos momentáneamente, no volver a realizar cultivos en el Centro de Investigación y Desarrollo de Cannabis medicinal, Acuicultura y Agroecología (CIDCaM), ubicado en la localidad de Monte Vera.
En Santa Fe, la temática del cannabis medicinal es administrada por el Ministerio de Salud, el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) y el área de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Con el objetivo de conocer cuáles son las medidas impulsadas por la actual gestión, AIRE dialogó con Erica Hynes, encargada del área de Ciencia y Tecnología del Ministerio de la Producción.
“Antes de asumir la gestión, durante la transición, tuvimos charlas con quienes estaban a cargo del área de cultivo en Monte Vera y recibimos información. Cuando asumimos, tomamos el control del espacio y empezamos a rastrear la información y la verdad es que encontramos una realidad muy diferente a la que nos informaron durante la transición”, explicó Hynes.
La funcionaria describió el estado en el que recibieron el predio: “Era un espacio precario y el invernadero no permitía hacer ensayos científicos con el rigor necesario porque no controla el fotoperíodo, no tiene riego automático y los primeros cultivares que usaron tenía mucha diversidad genética”.
“El objetivo del cultivo de cannabis, que era hacer aceite y proveer a los efectores públicos, nunca se alcanzó. Estaban en una etapa muy preliminar”, agregó Hynes. Y también mencionó que “recibimos una obra sin terminar y las personas que trabajaban ahí estaban nombradas por decreto de fin de gestión”.
Ante ese escenario, desde el área de Ciencia y Teconología se tomó la decisión de establecer un nuevo objetivo, mediante un nuevo programa que brinde herramientas certeras al CIDCAM para trabajar correctamente. “No vamos a cultivar por cultivar. Tiene que haber un norte para ese esfuerzo del Estado en gastar recursos, tiempo y trabajo. Tenemos programa nuevo que estamos llevando adelante. No implica seguir cosechando y sembrando automáticamente. Lo ponemos en otro estadío en cuanto a lo estratégico”, indicó la funcionaria.
Según Hynes, el trabajo en el CIDCAM no está bajo un programa creado por la gestión anterior, sino que solamente hay una resolución que cambia el nombre del lugar. “No hay creación, ni presupuesto”, reveló.
“Había todo un relato, pero en realidad no se avanzó. Se hicieron dos cosechas que se acumularon, no se hizo laboratorio de ensayo, no se terminó la obra. La materia vegetal se echó a perder porque no se secaron en buenas condiciones y fueron atacadas por hongos”, admitió la titular de Ciencia y Tecnología.
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Al ser consultada sobre qué rol tomará su cartera en cuanto a políticas de cannabis medicina, Hynes dijo que “será un espacio de vinculación entre las personas que están en el ecosistema del cannabis en Santa Fe. Tuvimos reuniones con las organizaciones y asociaciones que trabajan en investigación. Queremos que haya una mirada productiva y de salud pública”.
En cuanto a cultivo del cannabis medicinal, la funcionaria dejó entrever que podría haberlos, pero únicamente con fines de investigación, a la vez que resaltó que “en todo lo que tenga que ver con la ciencia, nos interesa seguir apoyando. No descartamos ningún programa y menos de investigación. Lo que no hacemos más es cultivar cannabis y tenerlo almacenado”.
En ese contexto, en la próxima sesión ingresará a la Cámara de Diputados un pedido de informes. La diputada del PJ y exministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, elaboró un proyecto de Comunicación, por el cual solicita precisiones sobre una serie de políticas impulsadas durante su gestión.
Entre algunos de los puntos, Martorano busca saber qué pasó con los 30 consultorios de cannabis medicinal distribuidos en la provincia y si se avanzó con la formulación y distribución gratuita de cannabis medicinal a pacientes del sistema público y del Iapos.
En los fundamentos del pedido de informes, Martorano sostuvo que “el uso terapéutico del mismo ha permitido mejorar la calidad de vida de muchos pacientes, sin embargo, actualmente, el acceso se ve dificultado por el alto costo y las irregularidades en el REPROCANN (Registro Nacional del Programa de Cannabis). Es por esto que es primordial conocer el rol actual del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) en cuanto a su distribución”.
A su vez, advirtió que la ley provincial Nº 13602 “expresa las obligaciones que tiene el Poder Ejecutivo en este campo de acción, haciendo hincapié en garantizar el acceso a los derivados de cannabis para todos los pacientes con indicación médica, ya sea especialidad medicinal distribuida por el LIF, u otro laboratorio”, y considera “fundamental la capacitación y actualización continua de los equipos de salud para poder acompañar y asesorar a los usuarios y potenciales pacientes”.
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En materia de investigaciones, la ex ministra de Salud de la provincia resaltó la importancia de la investigación clínica, ya que es lo que permitirá sumar evidencia científica para respaldar el uso y ampliación en nuevas patologías, como por ejemplo la investigación que se inició en el año 2023 entre el UF y el equipo del Hospital Clemente Álvarez (HECA) para el tratamiento del dolor en pacientes quemados.
“Es importante el área de ciencia y tecnología aplicada a toda la línea productiva, partiendo desde el cultivo experimental hasta productos industriales a base de cáñamo, como el área desarrollada en la localidad de Monte Vera, conocido como Centro de Investigación y Desarrollo de Cannabis Medicinal (CIDCaM)”, afirmó Martorano.
Por último, en materia legal, la diputada indicó que “la comisión reguladora tiene una responsabilidad central en analizar la evidencia científica, elaborar normativas de aplicación, articular solicitudes de investigación y participar de los consejos consultivos, es por ello que creemos necesario conocer los integrantes actuales de este organismo creado por Ley 13602, como así también los del consejo consultivo integrado por diferentes representantes tanto del estado como de otros ámbitos (universidades, colegios de profesionales, asociaciones civiles, etc.), teniendo en cuenta que dicho consejo es el ámbito necesario para poder debatir y avanzar en políticas públicas relacionadas al cannabis medicinal”.
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Concretamente, el pedido de informes requiere datos sobre:
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