El caso de trata de personas en Pozo Borrado
El 5 de septiembre pasado, agentes de la División Trata de Personas junto con Gendarmería allanaron dos campos a la vera de la ruta provincial 77. La investigación está en manos de la Fiscalía Federal de Rafaela, a cargo de Gustavo Onel, y se inició tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca).
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Una de las carpas en donde las víctimas pasaban sus días.
En el lugar fueron rescatadas 31 personas —entre ellas, dos menores de edad— que trabajaban de lunes a lunes en tareas de desmalezamiento por un salario de 300 mil pesos quincenales. Según se constató, sufrían retenciones indebidas por la comida, carecían de agua potable y debían realizar sus necesidades en un tacho.
Reinserción de las personas y dificultades
“Para el tratante la persona es un objeto, y a partir de allí la trata de personas representa una grave violación de derechos humanos. Allí es donde trabajamos, a veces nos sale bien y a veces no”, expresó Jatón al ser consultado sobre la problemática, en diálogo con AIRE, en el Programa Una Tarde a la Vez.
El funcionario explicó que, tras conocerse la causa de Pozo Borrado, la Secretaría se trasladó al lugar para intervenir de manera directa. “Llegamos al lugar y hablamos con ellos. Los tuvimos que llevar a un albergue, ponerlos en condiciones dignas para que vuelvan a su localidad de origen. Los traslados los hicimos a través de móviles policiales”, detalló.
Jatón advirtió que el abordaje posterior a los rescates suele ser complejo y se vincula con las condiciones de vida de las víctimas. “Hoy se les tenía que ir a tomar declaración, el programa nacional de rescate, y cuando llegaron las personas ya habían salido a trabajar a otros campos, porque sino no pueden vivir. Esa es la mecánica de la trata y de la explotación laboral que se está dando en gran parte de la República Argentina”, señaló.
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El secretario ejemplificó con otro caso reciente: “Hace una semana dos personas habían ido a la cosecha de maíz en Salta. Uno de ellos se escapó, y el Gobierno de Salta lo mandó a Santa Fe. Tomamos contacto, estuvimos con ellos, tuvieron atención adecuada. Hace cuatro meses se habían ido a trabajar, y las familias habían asumido el costo de la vida de ellos, entonces cuando volvían debían pagar el almacén, la luz. Y volvieron con los bolsillos vacíos. Imaginemos el trabajo que hay que hacer ahora con esas dos personas”.
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Emilio Jatón, secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
El trabajo pendiente y los desafíos por delante
Finalmente, Jatón reconoció que los casos que salen a la luz son apenas una parte de la problemática: “Son los casos que conocemos. Hay muchos que no se denuncian", dijo el funcionario.
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En ese marco, reconoció que "por eso es necesario profundizar el conocimiento. Hay que trabajar con el resto de la sociedad, por eso los cursos que estamos brindando”.
