El caso se encuentra a cargo de los fiscales federales de Rafaela, Federico Grimm y Gustavo Onel que, mientras aguardan una serie de diligencias ordenadas a los investigadores, obtuvieron los datos de quienes son los dueños de los campos involucrados.
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Uno de los propietarios es un productor agropecuario oriundo de Tostado, el cual fue identificado como Carlos B.; y el otro es una Sociedad Anónima llamada “La Isabelina”.
Sobre esta última, trascendió que el 22 de julio pasado, el Boletín Oficial de la Nación informó que dicha sociedad estaba conformada por un grupo de personas que estarían ligadas a la firma Vicentín S.A. De igual manera, la Fiscalía solicitó un informe nuevo para conocer la composición actual de la firma propietaria del establecimiento rural en donde fueron rescatadas un total de 31 personas que trabajaban en condiciones infrahumanas.
Trata laboral en Pozo Borrado
La causa salió a la luz el pasado 5 de septiembre, cuando agentes de la División Trata Personas allanaron, junto con Gendarmería, dos campos ubicados a la vera de la ruta provincial 77.
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Una de las carpas en donde las víctimas pasaban sus días.
El procedimiento fue en el marco de un legajo judicial que se tramita en la Fiscalía Federal de Rafaela (a cargo de Gustavo Onel) y surgió a partir de una denuncia impulsada por Arca (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) que había hecho una inspección por el establecimiento.
En el allanamiento, fueron rescatadas un total de 31 personas que, según trascendió, vivían en condiciones de extrema explotación laboral. De trabajar de lunes a lunes (entre ellas dos menores de edad) en tareas de desmalezamiento a cobrar 300 mil pesos cada quince días.
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Además, se detectó que se les descontaban las comidas de cada jornada y que hacían sus necesidades fisiológicas en un tacho. No obstante, se estableció que carecían del suministro de agua potable.
Causa en trámite
Tras el destape, la Fiscalía aguarda por estas horas que la Agencia de Trata de Personas culminen con las entrevistas a las personas que fueron rescatadas en los establecimientos rurales.
En base a esos testimonios, los investigadores analizarán si existen elementos que acrediten la trata laboral o si, en su defecto, hubo reducción a la servidumbre cuya competencia es de la Justicia provincial.
