Las personas rescatadas realizaban trabajo esclavo en los establecimientos “La Revancha e Isabelliana” y “Santa Ana", departamento 9 de Julio.
Los trabajadores rurales dormían en carpas improvisadas con nylon, sin ningún tipo de servicio elemental.
Mientras el diputado provincial, Fabián Palo Oliver, pidió informes a distintas áreas del Gobierno de la Provincia sobre dos firmas investigadas por posibles delito de trata de personas o reducción a la servidumbre en el departamento 9 de Julio; desde la Justicia federal aguardan información oficial para corroborar quiénes son los titulares de las empresas sospechadas.
A principios de septiembre, efectivos de la Agencia de Trata de Personas (de la Policía de Investigaciones), rescataron a 31 personas que vivían y trabajaban en condiciones deplorables, en campos bajo explotación de las firmas “La Revancha e Isabelliana S.A”. y “Santa Ana”, cercanos a Pozo Borrado, departamento 9 de Julio de Santa Fe.
El procedimiento se realizó bajo el seguimiento del fiscal federal Gustavo Onel -a cargo de la Fiscalía federal de Rafaela-, a partir de una denuncia impulsada por Arca (Agencia de Recaudación y Control Aduanero). También intervinieron los fiscales Federico Grim y Pablo Micheletti.
"No podemos naturalizar estas situaciones, aunque sean ajenas a los grandes centros urbanos", remarcó el diputado Palo Olive en el programa Creo, que se emite cada mañana en AIRE.
Por este motivo, desde el ámbito administrativo el legislador pidió informes al Gobierno de la Provincia sobre posibles incumplimientos de los convenios colectivos de trabajo, registros de estas empresas y datos sobre quiénes son los responsables de las mismas. También preguntó sobre los titulares catastrales de ambos campos y si existen antecedentes como empleadores.
Desde el plano judicial, Palo Oliver sostuvo: "Nos llama la atención que no se haga público quiénes son los titulares de ambos campos. Quiénes son los titulares catastrales y la composición de las sociedades anónimas. Da la sensación de que se está evitando que se sepa quiénes son los responsables directos de tamaño delito, como es la trata de personas".
"Cuando los fiscales federales piden la colaboración de la Provincia de Santa Fe, desde la Policía se envió a personal de la Agencia de Trata de Personas. A estos trabajadores los trasladaron desde otra provincia, los aislaron de sus familias, les retuvieron los teléfonos celulares, estaban incomunicados, no tenían unidades sanitarias y vivían en condiciones deplorables. Hasta les cobraban la comida", insistió.
Fuentes de la Justicia federal, consultadas por AIRE, aseguraron que en el marco de la investigación, aguardan los informes del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia, para determinar quiénes son los dueños de estos campos. Se espera que estas respuestas lleguen en el corto plazo.
Mientras tanto, personal especializado del Ministerio de Justicia de la Nación avanza en las entrevistas a las 31 personas rescatadas, para recabar información que permita determinar si existieron delitos como trata de personas -de índole federal-, o reducción a la servidumbre -que debería ser investigado por la Justicia de Santa Fe-.
Se considera trata de personas aquellas situaciones en que se produce la captación, transporte o traslado; recepción o acogida de personas para su explotación laboral o sexual, con o sin el conocimiento de las víctimas. Cuando se habla de "trabajo esclavo", se apunta al delito de reducción a la servidumbre.
Si bien no existe hasta el momento información oficial confirmada, no se descarta la posibilidad de que los responsables de los campos afectados y de las empresas investigadas sean personas de Santiago del Estero o del norte de la provincia de Santa Fe.
El pedido de informes de Fabián Palo Oliver ingresó ingresó a la Cámara de Diputados, con requisitorias que involucran a los Ministerios de Trabajo, de Gobierno e Innovación Pública, de Ambiente y Cambio Climático y de Seguridad y Justicia.
El legislador pretende saber si el Ministerio de Trabajo intervino en el operativo del 4 de septiembre, si existen antecedentes de controles efectuados por esa dependencia en las explotaciones agropecuarias referidas y si se encuentran registrados como empleadores las firmas “La Revancha e Isabelliana S.A”. y “Santa Ana” y en caso de ser así, quienes son los responsables de las mismas.
En cuanto al Ministerio de Gobierno e Innovación pública, el legislador pregunta si las firmas antes mecionadas están inscriptas en el Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos y, en su caso, si están registradas como Sociedad. En caso de que la respuesta sea afirmativa, solicita que se remita la información y documentación de la sociedad.
Por su parte, al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático se le solicita que informe si se relevó, mediante inspecciones, el cumplimiento de la Ley Provincial N° 13372 por parte de los emprendimientos agropecuarios referidos.
Finalmente, se le solicita al Ministerio de Seguridad y Justicia que informe los datos registrables y catastrales del o los inmuebles donde se llevaron a cabo los procedimientos ordenados por la justicia Federal con identificación de sus titulares registrales, si existen antecedentes de denuncias ante autoridades policiales y/o del Ministerio respecto de los hechos acreditados a partir de los procedimientos ordenados por la justicia Federal y que informe sobre la participación de las fuerzas de seguridad provinciales en el operativo concretado e 4 de septiembre pasado.
Lucas Musuruana, jefe del Departamento Región 5 de Trata de Personas, explicó en AIRE que el caso salió a la luz tras una inspección del Renatre, el organismo que regula el trabajo rural.
“Encontró esta situación que vulnera muchísimos derechos a todas estas personas que estaban allí. A partir de allí se comienza la investigación con intervención de la Fiscalía Federal, que derivó en los allanamientos y en poder rescatar a estas personas”, relató.
En el operativo intervino personal de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, que se encargó del alojamiento de todas las personas rescatadas y su alimentación.
También prestaron colaboración desde el Programa de Rescate y Acompañamiento de Víctimas del Delito de Trata de Personas, correspondiente al Ministerio de Seguridad de la Nación.
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