Además, estas personas debían hacer sus necesidades en tachos y no tenían agua potable. Hay dos personas imputadas en el marco de la causa que está en manos del juez federal de Rosario Eduardo Rodrigues Da Cruz, indicaron fuentes judiciales.
El procedimiento que rescató a 31 personas en el norte de Santa Fe
Según se indicó, en la tarde del jueves, personal de ARCA, de la División "Coordinación contra el Trabajo llegal", informó a la Fiscalía Descentralizada Rafaela que se encontraba realizando un operativo de fiscalización junto con personal de Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) en un campo identificado como "Establecimiento Santa Ana", ubicado en cercanía de la Ruta Provincial 77, correspondiente a localidad de Pozo Borrado, departamento 9 de Julio, provincia de Santa Fe.
Allí, se encontraron con una quincena de personas que realizaban tareas de desmalezamiento en el lugar. Entre ellos había dos menores de diecisiete años. El grupo vivía en campamentos improvisados en el lugar y totalmente precarios, bajo condiciones de vivienda deplorables.
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Una de las carpas en donde las víctimas pasaban sus días en campos del norte de Santa Fe.
Según explicaron, eran todos de la localidad de Los Juríes, provincia de Santiago del Estero, y su jornada era de lunes a lunes de 08 a 18hs., con salarios muy bajos (aproximadamente $300.000 por quincena).
Agregaron que se les descontaba el valor de la comida durante las jornadas. Respecto de sus condiciones de vida, refirieron que harían sus necesidades fisiológicas en tachos, y que no tienen fuentes cercanas de agua potable.
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Los inspectores detectaron en un campo lindante llamado "La Revancha e IsabelIiana SA”, de la misma firma, otras cinco personas en idénticas condiciones de precariedad, y más campamentos en estados deplorables. Ellos también afirmaron haber sido trasladados por una persona, que sería el encargado de los establecimientos, desde Los Juríes hasta ese lugar donde prestaban las tareas referidas.
Orden de registro en el norte de Santa Fe
A raíz de ello, la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela solicitó al juez de Garantías Rodrigues Da Cruz una orden de registro del lugar, el allanamiento del casco de los establecimientos y la requisa de los rodados, medidas que fueron llevadas a cabo entre la noche del jueves y la mañana del viernes por personal de la Agencia de Trata de Personas de la Policía de Investigaciones (PDI). Allí se procedió a rescatar a un total de 31 personas, que vivían en esas condiciones.
Complementariamente, se dio intervención a la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, quienes se encargaron tanto del alojamiento de todas las personas como de su alimentación, junto con la Municipalidad de la ciudad de Tostado.
Asimismo, se dio intervención al Programa de Rescate y Acompañamiento a Víctimas del Delito de Trata de Personas, correspondiente al Ministerio de Justicia de la Nación, quien prestó colaboración para realizar entrevistas a todas las personas, que se están llevando a cabo en estos momentos, y a la Procuraduría contra la Trata de Personas dependiente de la Procuración General de la Nación.
Qué ordenó la Justicia sobre el caso de trata laboral en Santa Fe
Como resultado de los allanamientos practicados, el juez ordenó el secuestro de teléfonos celulares, un cuaderno con anotaciones y se identificaron a dos personas que quedaron sujetas a la causa. De las primeras entrevistas, surge que las personas rescatadas no tenían posibilidad de retirarse del lugar, no tenían medios de comunicación, varios de ellos no sabían leer ni escribir y solo algunos de ellos tenían documentos de identidad. Todos se hallaban en situación de vulnerabilidad, precisaron las fuentes judiciales.
Intervienen en el caso el fiscal federal Jorge Gustavo Onel, y los fiscales auxiliares Federico Grimm y Pablo Micheletti, y la investigación continúa por la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
