Un proyecto del diputado santafesino Esteban Paulón propone que los contratos con fines especulativos, que ya tributan Ganancias, paguen un impuesto extra y por única vez del 15%. Opinan dos economistas.
Esteban Paulón en rosarino, socialista y militante histórico de la comunidad homosexual y la diversidad. En 2010 escuchó de boca de Néstor Kirchner una propuesta de “reparto de tareas” para impulsar la Ley de Matrimonio Igualitario: “Milítenlo como siempre y más fuerte también, ustedes sigan ganando la calle que de los votos me encargo yo”.
Quince años después, Paulón está dentro de la Cámara de Diputados de la Nación y, junto a su compañera de bancada Mónica Fein, tiene que juntar los votos para una ley que le pertenece y la calle –por imperio de una hegemonía cultural y política que asocia impuesto con robo o confiscación– no reclama. Pero que los miles de trabajadores del complejo científico y tecnológico nacional pueden incorporar a sus banderas de lucha.
Hoy es un degenerado en todo el ancho de banda –sexual y fiscal– y lo toma con humor: “Me están hateando mucho más con este proyecto que cuando me tildaban de pedófilo, decenas de traders e inversores del mercado financiero”. Y todo por un proyecto que propone gravar de manera extraordinaria, es decir por única vez, con una alícuota del 15% a toda operación de dólar futuro que no tuviese como objetivo cobertura cambiaria para operaciones de comercio exterior, sino fines puramente especulativos.
“Todo bien con el sistema financiero y las herramientas que permiten ganar dinero por fuera de la economía real, pero no puede ser que el Estado nacional ponga todos los incentivos en la economía especulativa, mientras el desarrollo científico y el sistema productivo que se beneficia con él están atravesando la peor crisis en décadas”, le confía Paulón a AIRE.
“El mercado promete un futuro, pero no es para todos”, sino para aquellos operadores corporativos (empresas, bancos, exportadores, fondos de inversión) y particulares (inversores) que deseen controlar el impacto que el precio fundamental de la economía argentina (el dólar) puede tener sobre operaciones de compra o venta diferida de activos financieros o agropecuarios. Intenta modular el riesgo para cubrir pérdidas potenciales por la fragilidad macroeconómica local y las variaciones en el precio del dólar.
Estas operaciones son una herramienta de política económica para el Estado y las tentativas de judicializar su uso ya fracasaron, cuando la Corte Suprema confirmó en diciembre de 2024 el sobreseimiento de Cristina Fernández, Axel Kicillof y otros funcionarios del Banco Central, en la causa impulsada por Federico Pinedo y Mario Negri (Cambiemos) en diciembre de 2015.
La pérdida de U$S 17 mil millones para el país había sido ocasionada por la devaluación con la que Mauricio Macri inaugura su mandato en 2015, menor en magnitud, pero con la misma lógica, que la de Javier Milei: en diciembre de 2023, a días de haber asumido y para fijar una relación favorable al capital que los trabajadores no podrán igualar (gracias a paritarias por el piso) en lo que resta del mandato.
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También, como bien aporta un economista y ex funcionario de la ex AFIP, “el mercado de futuros es un mercado atado al valor del dólar, pero en pesos, cuando el acuerdo vence se paga en pesos y, por lo tanto, es una opción más para que actores institucionales o particulares se mantengan en moneda local y no vayan directamente al dólar para presionar el tipo de cambio”.
En una economía bimonetaria “gravar esos contratos puede no ser la mejor solución, el problema es más bien el diferencial que deberá pagar el BCRA con un dólar tan atrasado y la certeza en casi todos los operadores del mercado de que después de octubre habrá una nueva devaluación”, sostiene el analista consultado para esta nota.
También la ex titular del AFIP, Mercedes Marcó del Pont, manifiesta: “No dudo sobre las buenas intenciones del proyecto, pero a priori no veo razonabilidad para gravar esta operatoria”, por la naturaleza del instrumento y la dificultad para establecer una base o listado de operaciones y actores alcanzados.
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Porque el mercado de futuros no todo es timba y discriminar entre movimientos de cobertura para operaciones de la economía real y otros de pura especulación financiera, es uno de los puntos críticos del proyecto. El diputado Paulón relativiza la observación: “Tampoco fue sencillo armar una base imponible para el Impuesto a las Grandes Fortunas que, además, fue judicializado por confiscatorio, nosotros detectamos un aumento después del desarme de las LEFIs por parte del gobierno, y siguiendo los movimientos de ésos contratos vimos que sobre u$s 5000 millones negociados entre enero y julio, casi las dos terceras partes correspondían al último mes”.
El director del Instituto de Participación y Políticas Públicas y ex director del Banco Nación, Claudio Lozano, ve este impuesto extraordinario como “una herramienta pensada para intervenir en el contexto particular de ésta política económica. Hoy hay una intervención a futuro del gobierno para tratar de mantener fijo el tipo de cambio y eso genera pérdidas para el Estado, lo que el proyecto busca es quedarse con parte de esta renta para financiar otras cosas, pero no es una intervención puntual, no general para la política económica”.
Aclara además que “los contratos de futuro ya pagan Ganancias, tanto las personas jurídicas como físicas, sería como un impuesto sobre Ganancias que ya tributan” y señala un camino pendiente y posible en materia de recaudación sobre operaciones financieras especulativas: “Aquí lo que habría que hacer como política tributaria genérica es eliminar las exenciones vigentes para las operaciones financieras en general y sobre las personas humanas”.
El economista subraya el carácter coyuntural de este gravamen porque “en el marco de otra política no creo que sea conveniente, porque los mercados de futuro permiten también evitar devaluaciones innecesarias que afecten las condiciones de vida y el poder adquisitivo de la población, es el caso del gobierno del Frente de Todos en 2015”.
El riesgo que corre este proyecto es el de establecer una doble imposición para las empresas, que termine en una judicialización con fundamentos que podría esterilizar el instrumento recaudatorio. “Los que hoy están comprando LECAPs con una ganancia del 70% deberían ser gravados por sus ganancias extraordinarias y eso sería un impuesto no sólo justo sino más general”, dice Paulón.
El diputado socialista acepta que es un impuesto para esta coyuntura en la que “los jugadores del dólar futuro obtuvieron una ganancia de $500 mil millones, lo que se paga con emisión cuando no hay recursos suficientes. Por eso lo planteamos para este momento, y el tema de la doble imposición está aclarado en los artículos 4 y 5 del proyecto, en donde se aclara que sólo para las operaciones especulativas este gravamen no será deducible para la liquidación del impuesto a las Ganancias”.
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Sobre el desplazamiento que se podría producir al gravar una herramienta en pesos, el diputado sostiene que “los grandes jugadores ponen plata en varios instrumentos a la vez, no van a dejar de comprar futuro por un impuesto extraordinario y el gobierno los va a seguir ofreciendo porque necesita seguir pisando el dólar y mientras tanto esos recursos no van a fines más necesarios, como sostener organismos como el INTI, el INTA y el CONICET”.
El caso de José Luis Espert es notable. Es un diputado testimonial que preside –para congelar– la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara baja y candidato anunciado y activo para actividades de campaña. De hecho, la actitud de no convocar la Comisión en lo que va del año lo pone a tiro de remoción según el artículo 107 del reglamento de la cámara.
“Esta es una propuesta que no podemos dejar de hacer, pero tenemos claro que obtener dictamen para el tratamiento parlamentario del proyecto, con Espert en la cabeza de la Comisión de Hacienda, va a ser muy difícil”, acepta Paulón. Igual, cree que se pueden obtener apoyos en bloques que serían aliados naturales, como el de Unión por la Patria, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda.
La política oficial de gobernar sin presupuesto en una suerte de prórroga que, además, implica un ajuste permanente por el desfasaje que produce la inflación acumulada, no permite imaginar otra cosa que una nueva prórroga del presupuesto 2023 para el año que viene. Este es el camino que marcó el presidente Milei en la última cadena nacional, con una “Ley para que no haya leyes” y persecución judicial para diputados como Paulón, o cualquiera que pretenda gravar la riqueza.
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En una reunión bilateral entre Argentina y Alemania, celebrada en febrero de 2020, la ex canciller Angela Merkel comparaba la presión fiscal de ambas economías sobre las actividades productivas, y para 2020 las cifras eran 41,9% en Alemania y 29% para nuestro país. Según el portal Datos Macro, en la comparativa 2024, Alemania aún tiene una presión fiscal 10 puntos por encima de la Argentina.
En aquel cónclave, la máxima autoridad política de la economía más importante de Europa y la cuarta a nivel mundial por PBI nominal, sacaba una conclusión que resonó y sigue resonando en la actualidad porque es parte del contrato no escrito que el establishment le impone a cada presidente: “Uno de los grandes problemas de América Latina es que los ricos no quieren pagar nada”.
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