Tras la sanción de leyes económicas en el Senado, la sensación es que el gobierno de Javier Milei se muestra en un estado de mayor soledad al del año pasado.
El presidente Javier Milei adelantó que las leyes aprobadas por el Congreso serán vetadas o judicializadas.
Los recientes proyectos de ley aprobados por el Senado, que consisten en mejoras para los jubilados y pensionados y en mayores fondos para atender a las personas con discapacidad, marcan un giro en la situación política, con una incidencia de importancia sobre la economía.
De inmediato, el presidente Javier Milei adelantó que esas leyes serán vetadas o judicializadas, acusó a los gobernadores de “degenerados fiscales” y a la vicepresidenta de “traidora”, agravando el conflicto institucional, con cruces dentro de las filas oficialistas por el resultado parlamentario.
Es evidente que lo aprobado por el Congreso de la Nación “representa un punto de inflexión, puesto que da cuenta de una oposición que logra articularse con gobernadores y fuerzas provinciales, lo que refuerza su poder de negociación frente al Ejecutivo”, señala Radar Económico de la Consultora PxQ.
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La respuesta del oficialismo fue elevar la confrontación en medio de un calendario electoral decisivo tanto para el Ejecutivo como para los gobernadores y para la conformación del futuro Congreso Nacional.
“Aunque el oficialismo busca atribuir a la oposición las posibles consecuencias económicas de las leyes aprobadas, como una eventual inestabilidad financiera, el riesgo de una aceleración inflacionaria en la antesala electoral constituye un escenario que el Gobierno difícilmente esté dispuesto a asumir sin negociar”, agrega Radar Económico.
Sin embargo, con las leyes votadas los márgenes de negociación son muy estrechos, más aún con la advertencia o amenaza del veto presidencial. Y se produce en un contexto de mayor conflictividad social con la mirada puesta en las reservas del Banco Central que siguen sin recuperarse por los pagos de deuda y la salida de dólares por el turismo, los seguros, los fletes, los intereses de la deuda y los pagos de importaciones.
Además, el proceso de desinflación se estancó: la medición de junio será mayor a la de mayo y la de julio amenaza con volver a subir en medio de un dólar oficial que pegó un salto y un consumo familiar que no logra repuntar. Y los choques político-institucionales afectan las decisiones en especial de las inversiones.
La alternativa más probable es que las leyes sean vetadas y luego el Gobierno apueste a desbloquear a los gobernadores y a que el Congreso no logre los dos tercios de los votos para insistir con esas leyes.
De todos modos, “la sensación que se recibe en general (ciudadanía, inversores internos y externos, etc) es la de un gobierno que se muestra en un estado de mayor soledad que el año pasado. Esa aparente soledad podría estar atada únicamente a los métodos empleados para continuar una agenda reformista”, señala la consultora LCG.
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Y agrega: “Así, de a poco, Argentina vuelve a enfrentar desafíos que son de carácter estructural: su dificultad de encontrar acuerdos políticos amplios y duraderos, y su dificultad para generar divisas suficientes para permitir el crecimiento”.
¿Qué aprobó el Senado? Por un lado, convirtió en ley tres proyectos que ya contaban con media sanción de la Cámara de Diputados: el aumento del 7,2% de los haberes y $40.000 al bono de $70.000 para jubilados y pensionados de haberes mínimos, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.
Por otro lado, otorgó media sanción a dos proyectos impulsados por los gobernadores que ahora deberán ser tratados en Diputados: son la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y la Redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Además, el Senado insistió en la sanción de la ley que declara la emergencia en Bahía Blanca —previamente vetada por el presidente—, que también deberá volver a la Cámara baja.
El aumento de las jubilaciones y pensiones aprobado por el Congreso es muy restringido cuando los haberes vienen de una pérdida del orden del 40% en los últimos años. Y no está prevista ninguna reparación a esa enorme caída del poder de compra.
La nueva ley otorga a partir de agosto un incremento de los haberes previsionales que cobran poco más de siete millones de jubilados y pensionados del 7,2% y una suba del bono que perciben los haberes mínimos de $40.000, al pasar de $70.000 a $110.000.
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El 7,2% debió aplicarse en abril de 2024 porque el Gobierno otorgó por enero de ese año un incremento del 12,5% cuando la inflación de enero fue del 20,6%. No obstante, la ley señala que “el incremento señalado será incorporado al haber mensual siguiente al de la sanción de la presente sobre el haber percibido en el mes de su sanción”.
También el aumento del bono debería regir a partir de agosto, pese a que el monto de $70.000 del bono sigue congelado desde marzo de 2024.
Por otro lado, la ley ratifica que la fórmula de movilidad en base a la inflación como fue aprobada por decreto presidencial el año pasado. No contempla ningún ajuste por crecimiento de la economía o mejoras salariales. Esto implica que los bajos niveles de haberes actuales van a mantenerse y perpetuarse indefinidamente.
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