La combinación de tasas de interés récord y dólar atrasado genera riesgos para la economía: frena la actividad, encarece créditos y golpea el consumo.
El Gobierno y buena parte de los economistas aseguran que el aumento del valor del dólar durante julio —subió un 12%— no se trasladó a los precios, a juzgar por el 1,9% que midió el Indec. Sin embargo, por el temor a que el dólar se acerque al techo de la banda, se disparó un impresionante incremento de la tasa de interés para las colocaciones en pesos, con el objetivo de controlar el tipo de cambio y evitar un traslado a los precios internos.
“De persistir este escenario, se profundizará la desaceleración del nivel de actividad, habrá más complicaciones para el cumplimiento de los créditos, y se hará sentir en un incremento del stock de deuda pública doméstica, dado que de aquí a enero de 2026 los vencimientos a refinanciar equivalen a 12,3% del PIB, con una concentración de 8,7% del PIB entre agosto y octubre”, señala Jorge Vasconcelos, en el IERAL (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, Fundación Mediterránea).
Los datos marcan que ya el viernes 8 los préstamos interbancarios de cortísimo plazo operaron a tasas del 68,0% anual, por lo que agosto se está perfilando como una continuidad de julio en términos de desaceleración del nivel de actividad. De acuerdo a la medición de IERAL de la recaudación de impuestos vinculados al mercado interno, en julio hubo una caída de 1,5% respecto de junio, en términos reales y desestacionalizados. Con los datos de julio, este índice se ubica sólo 0,4% por encima del nivel alcanzado en diciembre de 2024, confirmando el amesetamiento del nivel de actividad, señala Vasconcelos.
En los días siguientes, la tasa de interés siguió en ascenso y Economía habilitó licitaciones especiales para colocar nueva deuda en pesos, ante el fracaso de las licitaciones generales. En tanto, el dólar retrocedió y, de orillar los $1.400, descendió a los $1.300.
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La trepada de la tasa de interés —que triplica las proyecciones de inflación— tiene consecuencias adversas para la economía. Implica que el Tesoro deberá afrontar el pago de mayores partidas para el pago de esos intereses, incrementando el gasto financiero fiscal. Esto, en un contexto donde el Gobierno, con menores ingresos futuros —redujo las retenciones a las exportaciones y las anuló para las mineras—, lleva a Economía a usar más a fondo la motosierra para compensar esa suba de los intereses. El veto a las leyes sobre jubilaciones y discapacidad votadas por el Congreso va en esa dirección.
El afán del Gobierno de bajar el valor del dólar refuerza el atraso cambiario con todo lo que acarrea: más importaciones sustitutivas de la producción local, salida de divisas por tours de compra y turismo, fletes, seguros, cierre de empresas —pequeñas y hasta grandes— y caída del empleo.
Un desajuste de la economía, como el atraso cambiario, no puede ser sostenido por otro desajuste, como tasas de interés altísimas en términos reales.
Para las empresas, el aumento del costo financiero afecta la actividad porque encarece costos y las disuade de impulsar créditos vinculados a sus ventas, además de postergar o anular decisiones de inversión. Y esto en un contexto donde se observan incrementos en la mora de los pagos de deuda comercial.
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Para las personas y familias, golpea aún más el consumo, ya que encarece los préstamos personales y el uso de tarjetas de crédito, en momentos en que sueldos y jubilaciones siguen perdiendo frente a la inflación. El cepo salarial del 1% mensual contrasta con una inflación que ronda el 2%. Y el bono de hasta $70.000 para las jubilaciones mínimas, congelado desde marzo de 2024, erosiona el ingreso de 5 millones de jubilados y pensionados.
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