El nuevo proyecto de Ley de Humedales tiene perspectiva federal.
La posibilidad de una ley nacional que proteja y regule el uso de los humedales en el país retomó impulso esta semana con la re-presentación del proyecto en el Congreso, después que el 10 de diciembre pasado perdiera estado parlamentario la iniciativa anterior.
La presentación la encabezó el diputado porteño Leonardo Grosso, quien desde la presidencia de la Comisión de Ambiente, en 2020, sacó adelante el único dictamen que el tema consiguió en la Cámara baja. Lo acompañaron diputados y senadores del Frente de Todos, una senadora del PRO y legisladores del Frente de Izquierda, junto a las organizaciones ambientalistas que militan la ley.
El proyecto en sí es aquel dictamen de 2020 que se logró después de un arduo trabajo de síntesis de diez proyectos de ley que había en la Cámara, cuatro audiencias públicas en las que opinaron y fueron consultados desde sectores económicos hasta organizaciones ambientales, pasando por científicos y referentes regionales.
¿Tiene chances de convertirse en ley? Esa pregunta ahora no tiene respuesta, pero hay luces y sombras que merecen ser tenidas en cuenta para lo que viene.
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En primer lugar el dictamen de la Comisión de Ambiente perdió estado parlamentario tras quedar varado en la segunda de las cuatro comisiones por las que debía pasar. Concretamente en la de Agricultura y Ganadería, donde están representados intereses productivos y regionales que ven la ley de humedales como un freno a la expansión de fronteras agropecuarias o una limitación (en realidad regulación) para actividades que hoy se realizan casi sin el ojo rector del Estado en materia de impacto ambiental. La influencia de los sectores inmobiliario, agropecuario, forestal y minero representa uno de los grandes desafíos que tuvo y tiene por delante el proyecto.
Otra sombra es que la idea de una ley de humedales pareciera tener más consenso social que político. Y esto merece un análisis con alguna profundidad porque de lo contrario se corre el riesgo de que no haya nunca ley o que haya una ley que luego no se cumpla.
Las movilizaciones por los incendios en el Delta del Paraná o las cadenas de solidaridad con el desastre natural que el fuego provocó en Corrientes despiertan una empatía extendida, muchas veces movilizada por la emocionalidad derivada de las imágenes de la TV y redes sociales y el convencimiento de miles de argentinos que desde sus casas adhieren al “algo hay que hacer”, y así lo manifiestan a través de sus redes sociales con un posteo, un like o firmando en plataformas como Change.org donde el pedido de una ley de humedales motorizado por organizaciones ambientales llegó a superar las 700 mil firmas.
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Sin embargo, hay una cruda realidad. El activismo pro ley de humedales caló hondo en el Gran Rosario, podríamos extenderlo a la provincia de Santa Fe, pero no en la misma magnitud en el resto del país, donde el debate tiene dificultades para generar agenda más allá del ámbito de los sectores ambientalistas –que cada vez son más y más numerosos– y de las comunidades locales o regionales damnificadas.
Esto es lo que impidió, junto con las presiones de sectores económicos que ven el proyecto como contrario a sus intereses, que en el Congreso se conformara una masa crítica transversal y federal capaz de empujar la ley por encima de motivaciones locales o sectoriales.
Para decirlo sin vueltas: haber conseguido dictamen en la primera de las cuatro comisiones por las que debía pasar el proyecto obliga a recalcular la estrategia política ahora que se va por un nuevo intento. Evidentemente la posible solución necesitaba madurar un poco más para reunir esa masa crítica de diputados y senadores (y gobernadores). Y para eso la ley a votar no puede enfrentarlos a sus electorados ni con las economías regionales a las que en definitiva representan.
El ejemplo expuesto por el diputado correntino de la UCR Jorge Vara pone en escena esa complejidad. “Se dice que en el noreste (del país) la principal amenaza a los humedales son la actividad ganadera, forestal y arrocera. ¿Qué representan esas actividades para nuestra provincia? El 85% del PBI. Entonces parece que Corrientes es la amenaza del humedal, cuando es todo lo contrario: el segundo humedal de Sudamérica (Esteros del Iberá) lo tenemos nosotros y lo conservamos intacto como vino al mundo”, defendió. Casos como el de Corrientes no obedecen sólo a venales intereses económicos, que siempre rondan, sino a cuestiones mucho más complejas como la relación Nación-provincias y la autonomía para planificar y administrar su territorio.
El santafesino Eduardo Toniolli (Frente de Todos) acompañó Grosso en la re-presentación de la ley. Afirma que se trata de un proyecto que “es bastante razonable, no es prohibicionista e incluye las miradas regionales”. También opinó que fue una buena decisión quitar la cuestión de las sanciones penales para dejar ese debate como parte de una reforma aparte del Código Penal. A su entender eso implica que el proyecto pase por una comisión menos y evita el riesgo de sumar controversias que frenen el objetivo de la ley.
“No es que no se puede hacer ninguna actividad en un humedal como el Delta; se puede, lo que no se puede hacer es cortar cursos de agua, secar canales, etcétera”, explica el diputado del Movimiento Evita.
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En las últimas horas apareció una señal positiva a favor del proyecto desde el gobierno nacional. “Acompañamos la presentación del proyecto de Ley de Humedales. Argentina debe dar una discusión profunda y federal que nos permita avanzar en una Ley que cuide y preserve los humedales”, escribió el ministro de Ambiente Juan Cabandié, quien en los últimos dos años estuvo en el centro de las polémicas por los desastres en zonas de humedales asociadas a la acción humana y la extendida sequía que favoreció incendios.
Representó un posicionamiento del gobierno que hasta ahora no había sido del todo claro. De esta forma el gobierno ensaya un camino intermedio, que lo corre de la línea de fuego del activismo ambiental que pone en entredicho su vocación con el tema, y al mismo tiempo le evita quedar al frente de una cruzada que le mete ruido con corporaciones económicas, parte de los legisladores propios y algunas provincias.
Ahora el proyecto es responsabilidad del Congreso, lo que le da el argumento al gobierno para excusarse por si no avanzase y dar fe de su respaldo teniendo en cuenta que Grosso es muy cercano al presidente y que cuenta con el acompañamiento, al menos en lo formal, del Ministerio de Ambiente.
Pero no todo depende del oficialismo. Más aún en el nuevo Congreso, en el que la oposición recuperó protagonismo. Si bien cabe aclarar que la necesidad de una ley de humedales adherentes y detractores de forma transversal, el que mayoritariamente expresó su rechazo fue Juntos por el Cambio, con una mirada muy cercana al de las organizaciones agropecuarias. De hecho fue tajante la posición de sus legisladores en la Comisión de Agricultura y Ganadería, donde el proyecto anterior quedó paralizado desde 2020 hasta perder estado parlamentario.
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Si bien el dictamen de la Comisión de Ambiente es resultado del trabajo de legisladores de distintos bloques, en las próximas semanas y meses seguramente se presentarán proyectos de distintos bloques con variantes. Algunas más restrictivas que otras en función de los intereses y características de la interacción de las economías provinciales con sus humedales.
La arquitectura central del proyecto de ley se basa primero en un inventario de humedales de todo el país (algo en lo que algunas provincias ya están trabajando) y luego, en base al inventario, un ordenamiento de uso territorial planificado. Es la lógica que se utilizó para la ley de bosques nativos en 2007.
Si definir qué es humedal, cuáles son sus límites y cómo se pueden desarrollar o no actividades es un debate complejo en sí mismo, otro tanto lo es su implementación y cumplimiento. En el caso de la ley de bosques todavía hoy sigue siendo motivo de controversia, con recurrentes denuncias hacia los gobiernos provinciales porque no la hacen cumplir, o miran para otro lado o no disponen recursos para controlar.
Es que leyes como la de bosques o humedales son sancionadas por el Congreso nacional pero luego su ejecución es responsabilidad de los estados provinciales, que en muchas oportunidades, interesados en favorecer la expansión de la frontera agropecuaria, la minería o la actividad inmobiliaria, y otras veces sujetos a compromisos económicos y presiones, hacen la vista gorda o permiten de palabra avanzar con actividades que son incompatibles con el nivel de protección con el que fueron catalogadas. Los gobiernos salteños son el ejemplo más burdo pero no el único.
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