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Política Ambiente | Santi Maratea |

Gestión y voluntarismo: el Estado gasta dos Marateas por día para combatir incendios

La banalización del debate político y una visión escolar de la gestión pública nos deja en éstas encrucijadas absurdas: Estado u ONGs, ministros o influencers. Por encima y por debajo se agitan los verdaderos problemas: el capitalismo predatorio del ambiente, la estrechez presupuestaria, la inercia burocrática, la reforma constitucional del 94 y sobre todo la evasión y fuga que nos privan de más y mejores servicios estatales.

Sentemos postura de entrada: no vamos a gastar una línea de ésta nota en especular acerca de si los $100 millones que juntó el voluntarioso Santi Maratea provienen de algún lavado o enjuague de los muchos que existen en un país donde los ricos suelen declarar el 50% de lo que realmente poseen y tienen extranjerizados prácticamente un PBI: U$S 353.072 millones sin contar propiedades, instrumentos bursátiles e inversiones directas en otros países.

Tampoco importa si la solidaridad de Santi es básicamente una estrategia de márketing estratégico. Por la razón que fuese, el millenial argentino hizo lo que otros no y se sirvió de sus más de dos millones de seguidores y de Mercado Pago –la empresa de Galperín que se salvara del default de deuda en pesos de Lacunza gracias al tráfico de información habilitado por su amigo Mauricio Macri- para ayudar en 2021 a una comunidad wichi chaqueña, a la bebé Emmita por su atrofia muscular espinal y viabilizar el viaje de 35 atletas argentinos al Sudamericano de Guayaquil. Eso sí, esperamos que ese luminoso y simbólico ejemplo ilumine a Paolo Rocca, Marcos Galperín, Marcelo Mindlin, Enrique Eskenazy o Claudio Belocopitt (socio de Vila y Manzano en el Grupo América) o a algunos de los más de 100 empresarios que contribuyeron a fugar U$S 88.000 millones durante los cuatro años macristas y se compraron más de la mitad de los dólares que ingresaron por la deuda que hoy vamos a pagar con más deuda.

Pero, olvidando la pirámide invertida, las tapas de Barcelona y los memes sobre reemplazar ministros por gamers o streamers solidarios y disolver el Ministerio de Desarrollo Social para darle toda esa guita a la Fundación Fortabat, pasemos ahora a lo realmente importante: cómo administrar recursos escasos y gestionar políticas públicas en Ambiente, después de Macri y del rabino Bergman.

Yo soy Juan

Juan es un punto de cruce complejo y un síntoma de la complejidad de los debates en el campo nacional y popular. Es el hijo sustraído por la dictadura cívica, clerical y militar que desapareció a Alicia Alfonsín y a Damián Abel Cabandié. Es el hijo restituido número 77 gracias a la búsqueda incansable de Abuelas; su historia es una canción de León Gieco; fue uno de los máximos referentes de la agrupación juvenil más demonizada después de Montoneros y -ya con Alberto como soporte principal- es el actual y cuestionadísimo ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Un ministerio históricamente de reparto, predestinado a consolar con su mera existencia la culpa que suele asaltar al capitalismo (sin importar si es de inclusión o exclusión social) por predar sin reparos el ambiente y los recursos naturales.

Un ministerio que el macrismo descalificó designando al rabino Sergio Bergman y que como muchos otros fue loteado entre las distintas orgas que componían Juntos y fue presa fácil del onegeísmo ambientalista ávido de direccionar la gestión estatal y los recursos disponibles de origen nacional o internacional. En el primer año de gestión el rabino lamentaba el desfinanciamiento de Ambiente y del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y declaraba públicamente ante los incendios previstos para el verano de 2017: “Como creyente que soy, lo más útil que podemos hacer es rezar”. Entre 2016 y 2019 se quemaron 4.596.820 hectáreas (el 1,31% de la superficie total de la Argentina) y el presupuesto del ministerio se subejecutó en un 20%, registrándose caídas récords como la del Fondo Nacional de Manejo del Fuego, que en 2017 contaba con U$S 15 millones y que un año después disponía de apenas U$S 2 millones, un hachazo de más del 70% que vuelve lógica la opción del rabino: no quedaba otra que rezar, despotricar contra un sistema que por cada dólar que invierte en reparar o proteger el ambiente gasta 24 en degradarlo o inmolarse como brigadistas vocacionales.

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Consciente de que su pasado no lo absuelve de nada en la gestión y de su condición de inmigrante en cuestiones ambientales, Cabandié se obsesiona por apagar incendios y eficientizar una gestión donde los aciertos pagan poco y los errores cuestan caros.

Consciente de que su pasado no lo absuelve de nada en la gestión y de su condición de inmigrante en cuestiones ambientales, Cabandié se obsesiona por apagar incendios y eficientizar una gestión donde los aciertos pagan poco y los errores cuestan caros.

Cabandié integró desde el arranque un gabinete que expresaba y expresa –aún después de la derrota electoral de 2021– el peso relativo en las decisiones de sus principales socios fundadores. Y aquí viene la parte de ganarse enemigos por el centro y por izquierda (porque por derecha están descontados desde siempre): se impuso de inmediato el desafío de convertirse en un idóneo capaz de gestionar un área para la que no poseía un expertiz profesional, recuperó a cuadros técnicos ministeriales raleados por la gestión macrista e incorporó a especialistas capaces de aportarle volumen a su gestión. Se ocupó personalmente de perseguir los indicadores de ejecución presupuestaria de cada área del ministerio, consciente de la tradición subejecutora y de que su sostenibilidad dependía no sólo del equilibrio a establecer entre ambientalistas y desarrollistas (un punto crítico que hoy divide opiniones también los ministerios de Guzmán y Kulfas), resistir operaciones internas y mantenerse al margen de los cruces entre socialdemócratas y peronistas, revolucionarios y reformistas o albertistas y kirchneristas.

En dos años tramados por la pandemia se lo pasó apagando incendios, buscando afanosamente incrementar los fondos destinados a financiar la defensa de bosques nativos (junto a los pastizales pampeanos los más afectados por las quemas) e impulsando una ley de humedales que quedó fuera de las extraordinarias y perdió estado parlamentario por tercera vez en 9 años. Bajó el promedio anual de hectáreas arrasadas por el fuego hasta llegar a 331.000 en 2021, el promedio más bajo en los últimos cinco años.

Tuvo que lidiar con un sistema de controles y monitoreo preventivo y de provisión de datos federalizado, atomizado y con rendimientos sumamente desparejos, heredado de la reforma constitucional de 1994 que –entre esperpentos tales como la autonomía de CABA o el Consejo de la Magistratura– nos legó la potestad de las provincias para administrar sus recursos naturales, lo que supone también cederles el poder de policía para controlar y castigar infracciones contra la Ley General del Ambiente, la Ley de Bosques o la mismísima Ley de Manejo del Fuego.

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La cifra anual de hectáreas arrasadas por el fuego bajó hasta llegar a 331.000 en 2021, el promedio más bajo en los últimos cinco años.

La cifra anual de hectáreas arrasadas por el fuego bajó hasta llegar a 331.000 en 2021, el promedio más bajo en los últimos cinco años.

En marzo de 2021 se aprobó una ampliación presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) financiada por una contribución obligatoria de las primas de seguros, que implicó un incremento del 517% respecto de 2019 hasta totalizar $3.058 millones (unos 30 Marateas), lo que aumenta 10 veces el volumen del SNMF en el marco del presupuesto nacional. Este año se aprobó una partida de $4.000 millones (40 Marateas) para incrementar el SNMF y se asignaron $50 millones adicionales al presupuesto de Parques Nacionales para la prevención y combate de incendios forestales.

Actualmente el Estado gasta $200 millones (o dos Marateas) por día en el combate contra los focos activos y destinó $300 millones (o tres Marateas) para que las provincias adquieran equipamiento para brigadistas y adopten soluciones logísticas.

La traducción alude pero no tiene la misma intención que la paridad boletas de luz/pizzas de Prat Gay, no busca disculpar vicios o medidas impresentables de una gestión, mucho menos encubrirlas. Pero es un llamado a tomar real dimensión de lo que implica gestionar un ministerio en la escala y sostenibilidad requeridas, de las complicaciones burocráticas y los recursos necesarios para traducir en los hechos un proyecto político, contra las limitaciones de una buena estrategia de fundraising (captación de recursos con fines benéficos), ideal como herramientas de corto alcance, excepcionales ante una emergencia y útiles para el deporte nacional de azotar a la política.

Ecología y peronismo, sin ambiente no hay socialismo nacional

Mucho antes de que el Papa argentino y capitalista hiciese su esfuerzo por reconciliar capitalismo y democracia / capitalismo y medio ambiente a través de la “Laudato si”, Juan Domingo Perón publicaba en marzo de 1972 la carta “Mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo”. El querido José Pablo Feinmann recordaba que cuadros encumbrados de la JP y las formaciones especiales que esperaban definiciones la etapa superior del peronismo -el socialismo nacional- puteaban en colores porque el viejo se entretenía con cuestiones ecológicas.

En la parte resolutiva Perón aseguraba que “son necesarias y urgentes una revolución mental en los hombres, especialmente en los dirigentes de los países más altamente industrializados; una modificación de las estructuras sociales y productivas en todo el mundo, en particular en los países de alta tecnología donde rige la economía de mercado, y el surgimiento de una convivencia biológica dentro de la humanidad y entre la humanidad y el resto de la naturaleza”.

Asumiendo la obviedad de que no hay actividad humana inocua para el medio ambiente, ponía en la cabeza de los dirigentes políticos (no de filántropos millonarios ni celebridades u ONGs que lavan las ganancias extraordinarias de ésos filántropos) la responsabilidad de elaborar o alentar proyectos de desarrollo que incorporen desde el vamos una estrategia de impacto reducido o remediación de años, particularmente en las actividades extractivas.

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En un gabinete donde conviven diferentes concepciones de desarrollo y falta coordinación, resulta esencial que Kulfas, Cabandié y Filmus monitoreen con el mismo cuidado los mismos indicadores productivos, tecnológicos y ambientales.

En un gabinete donde conviven diferentes concepciones de desarrollo y falta coordinación, resulta esencial que Kulfas, Cabandié y Filmus monitoreen con el mismo cuidado los mismos indicadores productivos, tecnológicos y ambientales.

Dirigentes políticos que no ejercen funciones en el vacío sino fuertemente condicionados por sus principios (los que los tienen), los pactos que sus organizaciones establecen con sus votantes, el acoso permanente de partidos y dirigentes opositores y el poder de lobby o veto de empresas trasnacionales patrocinadas por sus embajadas y articuladas a socios locales que –muchas veces– son más voraces que los extranjeros.

Por eso no se trata de pedir la cabeza de nadie sino de revisar cifras y medidas concretas, asumir que Cabandié es también parte de un proyecto en tensión interna que complejiza (además de las herencias y la pandemia) la gestión y que un debate que hace 40 años podía resultar temprano, hoy es una emergencia indudable. Y que Kulfas debe juntarse más seguido con Cabandié (que asume que falta diseño táctico y coordinación interministerial) y Filmus para implementar un modelo de desarrollo económico y productivo donde se monitoreen desde el vamos no sólo lo que consigue votos, la cantidad de empleos, los niveles de productividad y rentabilidad o el aporte científico-tecnológico, sino también todos los indicadores de sustentabilidad ambiental.