Las claves del acuerdo entre el Gobierno nacional y las universidades: salarios, presupuesto y paritarias
Siete de ocho gremios universitarios respaldaron el acuerdo paritario con el Gobierno nacional sobre salarios y presupuesto.
A pesar de la mejora salarial y presupuestaria, el conflicto no quedó cerrado.
Después de más de dos años sin convocatorias formales, el Gobierno nacional y el sistema universitario alcanzaron un acuerdo que permitió reabrir las paritarias, actualizar salarios y reforzar partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales.
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El entendimiento fue recibido como un avance significativo por rectores, docentes y trabajadores del sector, aunque las autoridades universitarias advirtieron que no resuelve el reclamo de fondo: la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, una disputa que continúa judicializada y que podría llegar a tener definiciones en la Corte Suprema.
La propuesta forma parte de una negociación más amplia entre el Gobierno y el Frente Universitario, integrado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y las organizaciones gremiales docentes. El acuerdo fue ratificado en una reunión paritaria y recibió el respaldo de siete de las ocho entidades sindicales con representación en el sector, según información a la que accedió AIRE. La única organización que aún no definió una postura es Conadu Histórica, que analizará la oferta en un plenario convocado para este jueves.
La recomposición salarial acordada entre el Gobierno nacional y las universidades
Uno de los puntos centrales del entendimiento es la actualización de los salarios docentes y no docentes. El acuerdo contempla una recomposición acumulada del 24,33% sobre la masa salarial. El incremento se aplicará en dos tramos: un 21,33% desde junio sobre los salarios vigentes a mayo de 2026 y un 3% adicional en octubre, calculado sobre los básicos de septiembre.
Además, las partes acordaron retomar una dinámica regular de negociación. La próxima reunión paritaria quedó fijada para el 15 de septiembre y, en adelante, los encuentros no podrán espaciarse más de tres meses. El objetivo será revisar la evolución de los salarios frente a la inflación y continuar discutiendo la recomposición pendiente por las pérdidas acumuladas durante 2024.
Más recursos para universidades, becas y hospitales
El acuerdo también incorpora medidas vinculadas al financiamiento institucional. Entre ellas figura una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, un incremento del 50% en las becas Manuel Belgrano y una partida adicional destinada a los hospitales universitarios, por encima de los recursos ya previstos en el Presupuesto 2026.
Estos puntos eran considerados prioritarios por las autoridades universitarias, que durante los últimos meses habían advertido sobre las dificultades para sostener actividades académicas, investigación, programas de becas y servicios de salud dependientes de las casas de estudio.
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A pesar de la mejora salarial y presupuestaria, el conflicto no quedó cerrado. Desde el CIN y las organizaciones gremiales sostienen que el problema estructural continúa vigente porque aún no se implementó plenamente la Ley de Financiamiento Universitario.
Las universidades consideran que esa norma es la herramienta necesaria para garantizar recursos estables y previsibles para el sistema, tanto en materia de funcionamiento como de salarios. Por ese motivo, remarcan que el acuerdo alcanzado representa una respuesta coyuntural, pero no una solución definitiva.
La disputa que sigue en la Justicia
Mientras avanzan las negociaciones salariales y presupuestarias, las universidades mantienen activas las acciones administrativas, políticas y judiciales vinculadas a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En el sector sostienen que la reapertura de la paritaria y la asignación de nuevos fondos constituyen una conquista obtenida a partir de la movilización de la comunidad universitaria, pero insisten en que la discusión de fondo sigue abierta.
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Por eso, aunque el acuerdo permitió descomprimir uno de los conflictos más importantes que atravesó el sistema universitario en los últimos años, las autoridades y los gremios anticipan que continuarán reclamando la plena vigencia de la ley para garantizar un esquema de financiamiento permanente para las universidades públicas argentinas.