La reforma constitucional del 25: una cirugía compleja al corazón de la democracia santafesina
Con 46 artículos incorporados, 42 reformados y 27 disposiciones transitorias, se engendró la convivencia de un nuevo orden legal en Santa Fe.
El distrito que durante años fue el único, junto con Mendoza, en no actualizar su carta magna tras la reforma nacional del 1994, definió finalmente un nuevo texto normativo.
Después de más de sesenta años, Santa Fe optó por emprender nuevamente la construcción de una reforma constitucional. 2025 fue el año elegido por el oficialismo para avanzar con un histórico proceso, bajo un clima político que combinó acuerdos interpartidarios y la utilización del capital político que permitió al radicalismo volver al gobierno también tras seis décadas.
El distrito que durante años fue el único, junto con Mendoza, en no actualizar su carta magna tras la reforma nacional del 1994, definió finalmente un nuevo texto normativo que impactó directamente en la vida democrática e institucional de la provincia.
Con 46 artículos incorporados, 42 reformados y 27 disposiciones transitorias, se engendró la convivencia de un nuevo orden legal que incluye desde el reconocimiento tardío de la soberanía por las Islas Malvinas y la Antártida, hasta medidas de acción positiva que ponen en valor la existencia de colectivos constantemente rezagados en la historia de Santa Fe. Además, también hubo espacio para la discutida limitación de privilegios políticos y la eliminación de un fantasma que cerró puertas durante décadas.
Una cirugía a corazón abierto en Santa Fe
Desde que comenzaron las labores de la Convención Reformadora, que contaron con una cobertura exclusiva de AIRE, hasta la jura de la nueva Constitución, el legislador Diego Giuliano del Frente Más Para Santa Fe, patentó un análisis metafórico para referirse al proceso del cual formó parte. Cirugía a corazón abierto, terapia intensiva y otros términos acompañaron su discurso durante meses, sobre todo cuándo respondía incógnitas constituyentes. Semejante modo de relatar los hechos tiene un antecedente insólito pero real, que relaciona a la medicina con los golpes de estado.
El legislador Diego Giuliano del Frente Más Para Santa Fe, patentó un análisis metafórico para referirse al proceso del cual formó parte.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
En 1962, la inestabilidad democrática era la regla. A instancias del entonces gobernador Carlos Sylvestre Begnis —médico de profesión—, la provincia emprendió un camino hacia la reforma de su Constitución. Regía hasta entonces un texto revisado en 1900, debido a la derogación militar de las versiones de 1921 y 1949.
Un nuevo golpe de Estado azotó al país con la destitución del presidente Arturo Frondizi. Mientras el líder desarrollista permanecía detenido y bajo la amenaza de una intervención provincial, sesionó desde enero a abril una Convención Reformadora compuesta por 58 varones y 2 mujeres. Según consta en el Diario de Sesiones, el 65 por ciento de los convencionales provenía de Rosario o de la ciudad de Santa Fe. Se establecieron cuatro comisiones de trabajo —Redactora del Reglamento Provisional, Redactora del Reglamento Definitivo, Redactora del Proyecto de Constitución y de Asuntos Generales— y siete subcomisiones temáticas: desde “Preámbulo, Declaraciones, Derechos y Garantías” hasta “Régimen Económico y Social”.
Después de casi 90 días de debate, juraron sobre la nueva Constitución los convencionales y el propio gobernador, que debió interrumpir una cirugía para asistir al recinto legislativo y participar del acontecimiento. Diez días más tarde, el gobierno de facto intervino varias provincias, entre ellas Santa Fe, y destituyó a Sylvestre Begnis. A pesar de ello, el texto de 1962 sobrevivió: la dictadura anuló comicios, pero no aquella reforma que definió la arquitectura institucional santafesina durante más de seis décadas, salvaguardada por una publicación periodística antes que la protocolar en el Boletín Oficial debido al inestable tiempo demócratico que puso en jaque la promulgación del nuevo texto.
La epopeya democrática y un cuerpo que resistió al paso del tiempo
Cada intento de reforma posterior tropezó con las mezquindades de la dirigencia política. Entre los noventa y la segunda década de los dos mil, los gobernadores Carlos Reutemann, Jorge Obeid, Antonio Bonfatti, Miguel Lifschitz y otros legisladores retomaron el debate, pero la falta de consenso legislativo y el temor al “fantasma de la reelección” lo dejaron nuevamente archivado.
El último intento frustrado llevó la firma —y la frustración— del fallecido gobernador Miguel Lifschitz.
Esa combinación de precaución, intereses y desconfianza mantuvo congelado un texto que ya no dialogaba con su tiempo. Hasta 2025.
El último intento frustrado llevó la firma —y la frustración— del fallecido gobernador Miguel Lifschitz. En 2019, en una conferencia de prensa rodeado de los principales dirigentes del Frente Progresista, se mostró ofuscado:
“Siempre creí que el debate sobre una reforma constitucional en Santa Fe debía ser un proceso que sirviera para unir a los santafesinos en una discusión sobre el futuro. Por eso impulsé el proyecto y convoqué a la consulta popular. Pero hay dirigentes que buscan evitar un dictamen popular y le temen a la participación ciudadana”.
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“Desde 1994, Santa Fe está en mora constitucional al mantener una Carta que contradice a la Nacional en algunos aspectos y está retrasada en otros. Ya habrá tiempo para profundizar la democracia y promover esta y otras consultas sobre temas trascendentes”, advirtió finalmente tras ver esfumarse su deseo reformador.
Recién el gobernador Maximiliano Pullaro pudo vencer más de seis décadas de sueño constituyente. Luego de haber sido electo por más de un millón de votos, aceleró y logró lo que al menos cuatro antecesores no pudieron: abrir el debate, trabajar sobre la construcción de consensos y concretar la reforma.
Malvinas, el tema que despertó a la política del coma
En una Argentina polarizada, Santa Fe logró construir una base común en torno a símbolos y valores compartidos. Que todas las fuerzas políticas coincidieran en reconocer constitucionalmente la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, la Antártida y los espacios marítimos circundantes, se avizoraba como un hecho desde el inicio mismo de la Convención Reformadora. El tema fue, desde el comienzo, la muestra más evidente de por qué la Constitución de 1962 estaba “desactualizada”: era tan vieja que ni siquiera hablaba de Malvinas.
El tema fue, desde el comienzo, la muestra más evidente de por qué la Constitución de 1962 estaba “desactualizada”: era tan vieja que ni siquiera hablaba de Malvinas.
Sancionada dos décadas antes del conflicto bélico de 1982, la vieja Carta Magna no contemplaba la cuestión soberana ni el peso simbólico que ese episodio adquirió en la identidad nacional. La incorporación del artículo sobre la soberanía permanente de la Nación sobre los territorios australes no solo saldó esa omisión histórica, sino que también funcionó como punto de encuentro en medio de la fragmentación política del país.
El artículo fue votado por unanimidad. En los pasillos de la Convención, los veteranos de guerra presentes fueron aplaudidos de pie. “No hay grietas cuando se habla de Malvinas”, dijo uno de ellos, conmovido.
La escena condensó uno de los momentos más simbólicos del proceso: el consenso posible en torno a la memoria colectiva.
Sin embargo, hasta ese acuerdo unánime debió sortear matices inesperados. Un sector condicionó su voto a la inclusión de una cláusula que mencionara el respeto protocolar a la bandera de Santa Fe, en un intento de equiparar símbolos provinciales con nacionales. La propuesta fue descartada de inmediato por las fuerzas mayoritarias, que consideraron improcedente vincular la identidad local con una causa de soberanía nacional.
argentina bandera convencion sesion 27-08
La escena condensó uno de los momentos más simbólicos del proceso: el consenso posible en torno a la memoria colectiva.
También hubo coincidencia plena en constitucionalizar la defensa de la democracia y el llamado federalismo de concertación, una figura que recupera la tradición de acuerdos interjurisdiccionales como base del modelo político santafesino.
En ese sentido, la reforma pareció debatirse de espaldas a la realidad nacional: mientras en Buenos Aires predominaban los choques institucionales, Santa Fe apostaba por el diálogo y la negociación, reafirmando su identidad histórica como provincia de consensos antes que de rupturas, con el ejemplo más evidente en el mote de “Cuna de la Constitución” que ostenta la capital de la provincia.
Un respiro para los colectivos rezagados
Parte fundamental de un texto constitucional yace en los apartados que hablan de derechos. Por eso, otro de los hitos de la reforma santafesina fue la incorporación de medidas de acción positiva. En una provincia históricamente marcada por desigualdades territoriales y sociales, la nueva Constitución consagró la obligación del Estado de garantizar igualdad de oportunidades “a través de acciones concretas que compensen desigualdades históricas”.
La paridad de género, el reconocimiento a los pueblos originarios, los derechos de las personas con discapacidad y el respeto a las diversidades atravesaron buena parte del debate en la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, el espacio que más voces externas recibió. Por allí pasaron referentes sociales, colectivos feministas, organizaciones indígenas y asociaciones de personas con discapacidad. Esa apertura convirtió a la comisión en un verdadero foro ciudadano, donde las sesiones —algunas maratónicas— se extendieron hasta entrada la madrugada en algunos casos, tanto en Santa Fe como en Rosario.
De esas audiencias nació uno de los artículos más celebrados y, según juristas, de avanzada respecto a la Constitución Nacional. El nuevo artículo 13 reconoce que “la Provincia reconoce la existencia de desigualdades estructurales que limitan el goce pleno de los derechos de las personas” y se compromete a adoptar medidas de acción positiva para reducir sus efectos negativos. A continuación, establece una enumeración que abarca desde la protección integral de niñas, niños y adolescentes hasta la equidad territorial para superar la discriminación por razones geográficas.
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Este año, las comunidades de nuestra provincia levantaron su voz para ser reconocidas en la nueva Constitución. Aún falta camino por recorrer, pero lograron dar un paso histórico hacia el lugar que merecen. pic.twitter.com/GXJ8JUiPw5
Semejante inclusión guarda también un momento simbólico irrepetible: fue la única vez que la Convención habló en otro idioma. El día en que las comunidades originarias expusieron su pedido de reconocimiento constitucional, varios representantes hicieron uso de la palabra en su lengua nativa. Las intervenciones generaron una emoción compartida entre los convencionales, que derivó en un fuerte aplauso cerrado.
El fantasma de la reelección falleció
Antes de la sanción de la nueva Constitución, todos tenían reelección en Santa Fe menos el gobernador y la vicegobernadora. Diputados, senadores, concejales e intendentes podían permanecer indefinidamente en sus cargos, amparados en una lógica de poder que el propio texto de 1962 no había logrado romper.
En el plano nacional, en cambio, la figura presidencial contaba desde 1994 con la posibilidad de un segundo mandato consecutivo. Santa Fe —junto con Mendoza— seguía siendo una excepción: una de las pocas provincias argentinas donde el gobernador debía conformarse con un solo período.
maximiliano pullaro fabián bastia sesión 10-9 convención del 25
Antes de la sanción de la nueva Constitución, todos tenían reelección en Santa Fe menos el gobernador y la vicegobernadora.
Durante más de seis décadas, esa restricción fue el principal obstáculo para encarar una reforma constitucional. El argumento —la prevención de la concentración del poder ejecutivo— se transformó en dogma.
“Tenemos nuevo texto. Estén contentos, porque fue como escalar el Monte Everest”, graficó el presidente de la Convención, Felipe Michlig, cuando se aprobó el despacho de la última comisión temática antes de la votación final. La metáfora no fue casual: había caído la piedra en el zapato que durante sesenta y dos años trabó toda posibilidad de cambio, algo que además podría permitir nuevas modificaciones en plazos más cortos.
Días después, en su alocusión final -y única del proceso en su calidad de convencional reformador-, leyó el preámbulo del nuevo texto, un momento sucedido por un abrazo con la justicialista Lucila De Ponti, una de las legisladoras opositoras que impulsó desde su banca como diputada la discusión sobre la necesidad de reforma constitucional.
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Paradójicamente, casi ocho de cada diez convencionales votaron a favor de habilitar una sola reelección consecutiva para gobernador y vice. Sin embargo, la cláusula transitoria que extiende ese derecho al actual mandatario obtuvo un respaldo menor, una pintura que explicó el delicado equilibrio entre modernización institucional y recelo político.
La novedad no se limitó al Ejecutivo. Los propios convencionales se autolimitaron en el poder: a partir de 2036, los legisladores provinciales y demás autoridades electas por el pueblo también solo podrán reelegirse una vez.
Pero el proceso dejó dos lecturas que sólo se perciben desde el seguimiento cercano de los cronistas periodísticos constituyentes. En primer lugar, la reforma no fue escrita sin objeciones por el oficialismo, pese a los pronósticos de algunos opositores al proceso.
Si algo demostró el desarrollo de la Convención fueron las jornadas de debate —largas, tensas, con votaciones reñidas y acuerdos construidos al filo de la madrugada— que habrían sido impensables en un texto cerrado ferréamente de antemano. Incluso dentro de las filas del oficialismo hubo disensos visibles, muestra de una deliberación necesaria ante la tiranía del tiempo que se acababa día tras día.
En segundo lugar, el clima político santafesino contrastó con el nacional. Mientras en Buenos Aires los debates legislativos se caracterizan por los gritos y los reproches, en Santa Fe, al menos en los temas de mayor trascendencia institucional, el peronismo, el radicalismo, el socialismo, los liberales y el PRO lograron consensos amplios.
La reforma no fue entonces un escrito cerrado del oficialismo, sino una obra colectiva. Un texto con páginas para todos los colores políticos, que enterró definitivamente al fantasma de la reelección y puso a la mayorìa de la política santafesina en un lugar que parecía no existir: el de la capacidad de construir acuerdos en democracia.
¿Por qué el corazón de la reforma sigue latiendo?
Si la Legislatura santafesina, por algún motivo, no avanza en los plazos previstos con la sanción de las leyes que exige la nueva Constitución provincial, varias de sus disposiciones quedarán en letra muerta. Ese vacío normativo impediría la aplicación real de derechos y mecanismos institucionales que, aunque reconocidos en la Carta Magna, requieren de una reglamentación concreta para tal fin.
En términos jurídicos, esta situación se conoce como inconstitucionalidad por omisión, ya que el Poder Legislativo incumple el mandato expreso de dar efectividad a lo dispuesto por la norma fundamental. No sería algo novedoso en el marco de la historia argentina, puesto que, por ejemplo, tras la reforma de la Constitución Nacional de 1994, numerosas figuras como el Consejo de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo o la protección de derechos ambientales y de consumidores necesitaron leyes que tardaron años en llegar.
Convencion del 25 reforma constitucional Comision Redactora 4
Si la Legislatura santafesina, por algún motivo, no avanza en los plazos previstos con la sanción de las leyes que exige la nueva Constitución provincial, varias de sus disposiciones quedarán en letra muerta.
Durante ese período, dichos institutos carecieron de plena operatividad y, en algunos casos, aún hoy presentan deficiencias estructurales. La demora en su implementación generó un debate que derivó en la percepción generalizada de que el Congreso había incurrido en omisiones legislativas que bordeaban la inconstitucionalidad.
En el caso de Santa Fe el plazo previsto para adecuar la legislación a la nueva normativa es de dos años. Sin embargo, según trascendió en el ámbito legislativo, varias de esas leyes podrían ser aprobadas durante el inicio del 2026, de acuerdo con lo manifestado por varios de los legisladores involucrados en el proceso.
