Ahora, con el nuevo texto sobre la mesa, una nueva etapa aflora con rapidez: el momento post constituyente.
Tras la sanción de la nueva Constitución de Santa Fe, aflora un proceso que será arduo en términos legislativos: la etapa post constituyente.
Maiquel Torcatt / Aire DigitalLa Constitución del 25 de Santa Fe, sancionada el pasado viernes tras la labor de la Convención Reformadora, dio paso a un nuevo capítulo en la historia institucional de la provincia. Ahora, con el nuevo texto sobre la mesa, una nueva etapa aflora con rapidez: el momento post constituyente.
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El texto actualizado de la Constitución provincial se compuso a través de 161 artículos y 27 disposiciones transitorias. La adaptación normativa implicó, respecto a la Carta Magna de 1962, la modificación de 42 artículos más la incorporación de otros 46 nuevos.
Con la finalización del proceso reformador, la provincia entrará en una nueva etapa que demandará un trabajo legislativo sostenido y riguroso. Tal como anticiparon varios convencionales en los últimos días de la Convención, será necesario emprender una serie de jornadas de análisis y deliberación para implementar adecuadamente los cambios aprobados.
La creación de nuevos órganos y la modificación de disposiciones existentes implican la obligación de dictar nuevas leyes y ajustar otras ya vigentes. El objetivo será darle cumplimiento pleno a los preceptos constitucionales establecidos.
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En total, más de quince nuevos textos deberán redactarse como máximo en el plazo de dos años. De hecho, la disposición transitoria número séptima de la Constitución provincial vigente establece taxativamente que “todas las leyes que deban dictarse de conformidad con lo dispuesto por esta Constitución serán sancionadas dentro del plazo máximo de dos años, contando a partir de su entrada en vigencia, salvo que se prevea expresamente un plazo menor. Hasta tanto se dicten, continúan vigentes las actuales”.
Entre ellas se destacan normas clave sobre el régimen municipal —como la ley orgánica de municipios, de ordenamiento territorial y de recursos coparticipables—, así como leyes vinculadas al funcionamiento del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo. También se incluyen reformas en materia electoral, de ética pública, responsabilidad del Estado, protección ambiental, servicios públicos y participación ciudadana, como la revocatoria de mandatos y la convocatoria a audiencias públicas.
Si la Legislatura santafesina, por algún motivo, no avanza en los plazos previstos con la sanción de las leyes que exige la nueva Constitución provincial, varias de sus disposiciones quedarán en letra muerta. Ese vacío normativo impediría la aplicación real de derechos y mecanismos institucionales que, aunque reconocidos en la Carta Magna, requieren de una reglamentación concreta para tal fin.
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En términos jurídicos, esta situación se conoce como inconstitucionalidad por omisión, ya que el Poder Legislativo incumple el mandato expreso de dar efectividad a lo dispuesto por la norma fundamental. No sería algo novedoso en el marco de la historia argentina, puesto que, por ejemplo, tras la reforma de la Constitución Nacional de 1994, numerosas figuras como el Consejo de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo o la protección de derechos ambientales y de consumidores necesitaron leyes que tardaron años en llegar.
Durante ese período, dichos institutos carecieron de plena operatividad y, en algunos casos, aún hoy presentan deficiencias estructurales. La demora en su implementación generó un debate que derivó en la percepción generalizada de que el Congreso había incurrido en omisiones legislativas que bordeaban la inconstitucionalidad.
En el caso de Santa Fe, como se mencionó anteriormente, el plazo previsto para adecuar la legislación a la nueva normativa es de dos años. Sin embargo, según trascendió en el ámbito legislativo, varias de esas leyes podrían ser aprobadas antes del cierre de este año, de acuerdo con lo manifestado por varios de los legisladores involucrados en el proceso.
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