El agente fue encontrado responsable de los delitos de estafa y falsificación de documento privado y sellos oficiales. La Justicia resolvió también que pague una reparación económica a las víctimas del caso.
Las operaciones inmobiliarias eran realizadas por medio de una firma llamada "AS Negocios Inmobiliarios".
La Justicia condenó este jueves a un corredor inmobiliario santafesino que en 2024 fue detenido por la venta de lotes con escrituras truchas. Se trata de Agustín Storni, imputado como miembro de una banda que cometió un mega fraude que tuvo lugar en Santa Fe, Sauce Viejo y zona de la ruta 1.
La sentencia fue impuesta por el juez penal Nicolás Falkenberg y declaró a Storni ser miembro de una asociación ilícita, de carácter estable y permanente y mediante la cual cometió ocho estafas y a su vez falsificó sellos oficiales y timbrados.
El fallo se dio tras audiencia en donde fue homologado un juicio abreviado pactado entre la fiscal Bárbara Ilera y la defensa del imputado, a cargo de Martín Risso Patrón y el cual tuvo la conformidad de los representantes legales de los damnificados: Daniel Recamán y Juan Benitez; Ricardo Veglia; Raúl Brito; y Alejandro Otte.
La resolución judicial ordenó además el pago (que ya fue realizado) de una suma total de $6.900.000 en concepto de reparación económica para doce víctimas de las maniobras fraudulentas que llevó Storni. No obstante, dispuso que por el plazo de 10 diez años Storni se encontrará inhabilitado a trabajar como corredor inmobiliario.
El juez, por último, le dio la libertad al hoy condenado, quien se encontraba detenido en la cárcel de Las Flores desde hacía ocho meses, cuando el caso salió a la luz.
La reciente condena colocó a Storni como miembro de una asociación ilícita que cometió un mega fraude inmobiliario desde por lo menos 2014 hasta el 23 de agosto del 2024 cuando se dio el desbarate de la organización.
Según Fiscalía, el grupo estuvo conformado por los abogados Alfonso Storni y Javier Cóceres; el corredor inmobiliario Agustín Storni, el martillero público, Diego Parisse; la empleada doméstica María Fernanda Guerra; y los operadores inmobiliarios Atilio Domingo Di Mattía y Emiliano Lihuel Chacón.
Todos fueron acusados de integrar una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada dedicada a cometer hechos delictivos de variada naturaleza: entre ellos, darle apariencia legal a la venta de terrenos cuya posesión o administración no poseían, para insertarlos en el mercado inmobiliario.
La causa estableció que para cometer el fraude, la asociación ilícita montó una estructura utilizando dos agencias inmobiliarias que giraron con el nombre de fantasía AS Inmobiliaria y AS Servicios Inmobiliarios, las cuales fueron provistas por Agustín Storni quien se encontraba matriculado como corredor inmobiliario desde el año 2013. Mediante ambas firmas, la banda ofreció a la venta innumerable cantidad de lotes por distintos medios y publicidades, ya sea cartelería o medios electrónicos, y utilizó principalmente redes sociales para su publicidad y que giraron con distintos nombres.
Como integrante de la asociación ilícita, Agustín Storni fue condenado por ocho estafas que ocurridas entre 2018 y 2024, cuando se dio su detención y posterior imputación en la causa que se tramita en la Fiscalía de Delitos Complejos.
Por el caso también fue condenado Emiliano Chacón, que tenía a su cargo la administración de las redes sociales de AS Negocios Inmobiliarios y el cual en diciembre del 2024 acordó un juicio abreviado por tres años de prisión y el pago de 10 millones de pesos. Además, tuvo que realizar una donación de 250 mil pesos a las entidades de bien público: Mundo Pequeño y el Colegio Mayor Universitario.
En tanto, a principios de enero del 2025, fue condenado el martillero público, Marcelo Parisse, a tres años de prisión de cumplimiento condicional más el pago (en concepto de reparación económica) de 11.239 dólares y 1.570.000 pesos que se repartirán entre las víctimas de seis defraudaciones.
También tuvo que donar 4.000 dólares a cuatro entidades de bien público (1.000 dólares para cada una), y abonar 630.000 pesos como multa.
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