Así lo revelaron desde la querella del caso por el cual, el último viernes, fueron detenidas siete personas acusadas de estafas reiteradas mediante la venta de lotes.
Desde la querella sostienen que el dinero era enviado por medio de transferencias pequeñas a una cuenta bancaria del país centroamericano.
La querella del caso que investiga una mega estafa inmobiliaria en Santa Fe y la región, a través de la venta de lotes, sospecha que el dinero pudo haber sido sacado del país, en distintas transferencias, y enviado a un banco de la república de Panamá.
La suposición forma parte de la teoría del caso impulsada por el abogado Ricardo Veglia, que patrocina a un grupo de damnificados que denunciaron haber sido estafados por el grupo de corredores inmobiliarios y abogados detenidos el último viernes tras cuatro allanamientos ejecutados por el Organismo de Investigaciones y en donde fueron secuestrados documentos que acreditarían las transferencias de fondos al exterior.
Las detenciones fueron dispuestas por la fiscal del área de Criminalidad Económica, Bárbara Ilera, que en los próximos días formalizará la imputación en una audiencia que tendrá lugar en tribunales.
Los arrestados fueron identificados como los abogados Al. S. y J. C.; los corredores inmobiliarios A. S. (hermano de Alfonso S.) y D. P. (imputado además en una vieja causa por estafas); y los tres particulares M. F. G. (empleada doméstica); A.D.M. y E. V.M.
Desde la querella, estiman que los detenidos son parte de una organización que realizó estafas desde por lo menos 2022 y hasta la semana pasada, cuando se concretaron las respectivas detenciones.
Se sospecha que el grupo inmobiliario ofrecía los lotes a través de redes sociales y tras captar víctimas, concretaban un boleto de compra venta en donde un tercero (integrante de la banda) simulaba ser el propietario vendedor.
La parte querellante cree además que la organización también habría promovido juicios civiles de escrituración o usucapión, asentados en documentación falsa para inducir al engaño a los magistrados judiciales que tomaron intervención en cada caso. Una vez que los juicios se ponían en marcha, el grupo inmobiliario le decía a los compradores (víctimas) que los terrenos se iban a poder escriturar una vez que saliera la sentencia judicial.
El caso tiene la particularidad de que uno de los detenidos es D. P., quien en 2017 fue procesado por una causa del viejo sistema penal, denominada de los “escribanos”, y la cual detectó cómo se fraguaron escrituras de inmuebles abandonados o en conflictos judiciales para luego insertarlos en el mercado inmobiliario a nombre de falsos vendedores.
Aquella causa supo tramitarse en el Juzgado de Instrucción Quinta, a cargo del entonces juez Darío Sánchez, que procesó a 26 personas por los delitos de estafa, asociación Ilícita y falsedad ideológica de instrumento público.
La resolución judicial fue dictada el 29 de diciembre del 2017 y luego confirmada, dos años después, por el juez de la Cámara de Apelaciones, Jorge Andrés, que dejó firme el procesamiento pero solo a 22 imputados.
El expediente pasó luego a tramitarse en el sistema oral y quedó a cargo de la fiscal Ilera, la cual elevó a juicio la causa en 2023.
