El paso de los damnificados por la sede judicial se dio en el marco de una convocatoria impulsada por el fiscal Walter Rodríguez, que investiga a la empresa de agroquímicos por una presunta estafa que rondaría los 100 millones de dólares.
Con domicilio legal en la ciudad de Santa Fe, Surcos SA, entró en cesación de pagos en diciembre del año pasado, en el marco de un expediente judicial que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación, a cargo del juez Carlos F. Marcolín.
LEER MÁS ► Buscan posibles víctimas de una empresa de agroquímicos que emitió una deuda millonaria un mes antes de entrar en cesación de pagos
El default justamente se dio un mes después de que la empresa emitió deuda por lo que desde la Fiscalía investigan si cometió un delito al haber ofrecido valores negociables o instrumentos financieros, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas.
Investigación abierta
Para la Fiscalía, Surcos “emitió el suplemento de prospecto concerniente a obligaciones negociables (Serie XIV, en sus Clases A, B y C) por un valor nominal de hasta 100.000.000 de dólares estadounidenses, mediando la ocultación de factores de riesgo especialmente vinculados a la deuda instrumentada, y en el marco de una situación financiera caracterizada por un severo descalce entre su liquidez de corto plazo y vencimientos inmediatos, tal como se confirmó -en escaso tiempo- cuando la firma incurrió en el incumplimiento del pago de pagarés bursátiles y, más tarde, al solicitar la apertura del concurso preventivo ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial, Segunda Nominación, de Santa Fe, cuyo titular fijó el 28 de noviembre de 2024 como fecha de cesación de pagos”.
Ante esa sospecha, el fiscal Rodríguez solicitó convocar a inversores con el objetivo de producir las medidas probatorias que permitan satisfacer los requisitos de la formalización de la investigación penal en un plazo de 90 días -prorrogables por igual término ante el juez de garantías-, previsto en casos con posible autor individualizado.
A raíz de esa convocatoria, la Fiscalía resolvió comunicar al presidente de la sociedad comercial la existencia de la investigación preliminar para garantizar el ejercicio de todos sus derechos, entre ellos la posibilidad de designar un abogado defensor para que lo asista técnicamente.
