Lo decidió este miércoles —por unanimidad— luego de analizar y validar, en principio, el pedido de la Procuración de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que investigó denuncias por “violación de derechos de mujeres, niños y niñas” que fueron impulsadas por la asociación civil Red Viva Litoral, entre otras irregularidades dentro de dicho Juzgado.
El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados estuvo integrado por los siete integrantes de la Corte Suprema de Justicia, el senador Felipe Michlig, el diputado José Corral y los abogados Lucas Galdeano y Marisa Ferrero en representación de los Colegios de Abogados.
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En unas semanas se realizará la denuncia formal por parte de la Procuración.
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Integrantes de la Asociación Red Viva Litoral junto a un grupo de víctimas y abogadas de Santa Fe, se reunieron en marzo de 2023 con integrantes de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputadas y Diputados.
El inicio de la causa que impulsó la asociación civil
En marzo de 2023, integrantes de la Asociación Red Viva Litoral denunciaron a los jueces de familia Liliana Michelassi y Fabio Della Siega, de la ciudad de Santa Fe, por “violación de derechos de mujeres, niños y niñas”.
Oportunamente, fueron escuchadas por la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputadas y Diputados y luego por el procurador de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Barraguirre. De esa fecha a esta parte, la jueza Michelassi se acogió a la jubilación, ya que estaba en edad para hacerlo, y la causa de Della Siega siguió su curso.
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Será ahora el turno del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados tomar una decisión en relación a su desempeño.
Cuál es la denuncia de la asociación civil
Desde la ONG denunciaron que durante distintos procesos judiciales a cargo de Michelassi y Della Siega, “el comportamiento y la vida privada de las madres pasaron a ser un tema de especial atención, provocando la construcción de una imagen de "mala madre" generadora o merecedora del arrancamiento de su hijo, desviando el foco de las demandas e investigaciones de origen penal.
“Durante todo el proceso se abrieron juicios de valor y observaciones subjetivas ejerciendo violencia psicológica, simbólica y económica contra las madres y sus hijos o hijas”, expresaron.
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Será ahora el turno del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados tomar una decisión en relación al desempeño del juez.
"En la ciudad de Santa Fe —añaden— estamos viendo un retroceso en cuanto a los derechos del niño y además de las mujeres, si bien existen leyes muy buenas que protegen estos derechos, como la ley del niño, la ley de víctimas, y la ley de violencia contra las mujeres, al momento de hacerlas cumplir, quienes están a cargo de ello hacen distintas interpretaciones”.
En el caso de maltrato o abuso sexual, indicaron que “para algunos fiscales no es suficiente con el relato del niño o de la madre, piden un informe psicológico o evidencias de abuso, pero tampoco piden cámara gesell que es lo primero que se debería hacer. Archivan las causas antes de elevarlas y esto deja casos impunes. Cuando el tema llega al juzgado de familia, si no hay condena penal, se hace el cambio a “cuidado personal” y dejan a los niños con las personas denunciadas por violencia o abuso sexual, con el argumento de que no hubo cámara gesell y se archivó".
El testimonio de una de las madres que padeció violencia institucional por parte de la jueza Michelassi
Andrea, una de las madres perjudicadas por la jueza Liliana Michelassi, contó en la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados detalles del accionar de la magistrada. “Me separé en 2017 por una situación de violencia de género. Dos años más tarde, en 2019 tuvo lugar la primera audiencia por el cuidado personal del hijo que tenemos en común que en ese entonces tenía 10 años. La jueza decidió darle el cuidado unilateral a su papá con el argumento que yo trabajaba muchas horas y que no me podía hacer cargo de mi hijo”, explicó.
El régimen que se estableció en ese momento permitió a la mujer ver al niño cada 15 días y pasó de vivir con ella a vivir con su papá de un momento para otro. “En 2020, tuvimos otra audiencia en la que mi hijo volvió a manifestar que quería estar conmigo, pero Michelassi no lo permitió. Dos años más tarde, en los que casi no lo pude ver, él me llamó contándome que su papá le pegaba. Lo fui a buscar a pesar de la perimetral que tenía y nos fuimos a hacer la denuncia a la Comisaría de la Mujer”.
Durante todo el proceso, Andrea fue excluida de su hogar y tuvo que empezar de cero. Realizó innumerables denuncias en el Centro Territorial y hasta en el Ministerio Público de la Acusación, todas sin respuesta. Recuperó a su hijo, pero aún la jueza no le otorga la tenencia. “Vivo un peregrinar desde hace años y siento que es la primera vez que se nos escucha. Los niños quedan en calidad de, dado que ante el pedido de ayuda a la Subsecretaría de la Niñez o la Defensoría, no pueden intervenir porque el caso está judicializado y no pueden intervenir. Esto no puede suceder en la justicia”, concluyó.
