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Santa Fe Justicia | Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe |

Piden investigar a dos jueces de Familia de Santa Fe y exigen que se los lleve a juicio político

La Asociación Red Viva Litoral denunció a los jueces Liliana Michelassi y Fabio Della Siega, de los juzgados de familia N° 2 y 3 de la ciudad de Santa Fe, "por violación de derechos de mujeres, niños y niñas", y exigen que se los investigue.

Integrantes de la Asociación Red Viva Litoral junto a un grupo de víctimas y abogadas de Santa Fe, se reunieron con integrantes de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputadas y Diputados, que preside Lionella Cattalini, para denunciar a los jueces Liliana Michelassi y Fabio Della Siega, de los juzgados de familia N° 2 y 3 de la ciudad de Santa Fe, por “violación de derechos de mujeres, niños y niñas”.

Durante el encuentro, se expusieron testimonios de madres perjudicadas y de un menor que pudo escapar de su casa, años después de que la jueza Liliana Michelassi lo obligara a vivir con su padre, denunciado por maltrato.

La diputada Lionella Catalini dijo a AIRE que se tomó conocimiento de la denuncia realizada en la Comisión y que por estos momentos analizan las pruebas y el material entregado por la ONG. Asimismo, fuentes de la Cámara baja adelantaron que ya pidieron una entrevista con el procurador de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Barraguirre.

Cuál es la denuncia de la Asociación Civil Red Viva

Desde la ONG denunciaron que durante distintos procesos judiciales a cargo de Michelassi y Della Siega, “el comportamiento y la vida privada de las madres pasaron a ser un tema de especial atención, provocando la construcción de una imagen de "mala madre" generadora o merecedora del arrancamiento de su hijo, desviando el foco de las demandas e investigaciones de origen penal. “Durante todo el proceso se abrieron juicios de valor y observaciones subjetivas ejerciendo violencia psicológica, simbólica y económica contra las madres y sus hijos o hijas”, expresaron.

"En la ciudad de Santa Fe -añaden- estamos viendo un retroceso en cuanto a los derechos del niño y además de las mujeres, si bien existen leyes muy buenas que protegen estos derechos, como la ley del niño, la ley de víctimas, y la ley de violencia contra la mujeres, al momento de hacerlas cumplir, quienes están a cargo de ello hacen distintas interpretaciones”.

En el caso de maltrato o abuso sexual, indicaron que “para algunos fiscales no es suficiente con el relato del niño o de la madre, piden un informe psicológico o evidencias de abuso, pero tampoco piden cámara gesell que es lo primero que se debería hacer. Archivan las causas antes de elevarlas y esto deja casos impunes. Cuando el tema llega al juzgado de familia, si no hay condena penal, se hace el cambio a “cuidado personal” y dejan a los niños con las personas denunciadas por violencia o abuso sexual, con el argumento de que no hubo cámara gesell y se archivó".

El testimonio de una de las madres que padeció violencia institucional por parte de la jueza Michelassi

Andrea, una de las madres perjudicadas por la jueza Liliana Michelassi, contó en la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados detalles del accionar de la magistrada. “Me separé en 2017 por una situación de violencia de género. Dos años más tarde, en 2019 tuvo lugar la primera audiencia por el cuidado personal del hijo que tenemos en común que en ese entonces tenía 10 años. La jueza decidió darle el cuidado unilateral a su papá con el argumento que yo trabajaba muchas horas y que no me podía hacer cargo de mi hijo”, explicó.

El régimen que se estableció en ese momento permitió a la mujer ver al niño cada 15 días y pasó de vivir con ella a vivir con su papá de un momento para otro. “En 2020, tuvimos otra audiencia en la que mi hijo volvió a manifestar que quería estar conmigo, pero Michelassi no lo permitió. Dos años más tarde, en los que casi no lo pude ver, él me llamó contándome que su papá le pegaba. Lo fui a buscar a pesar de la perimetral que tenía y nos fuimos a hacer la denuncia a la Comisaría de la Mujer”.

Durante todo el proceso, Andrea fue excluida de su hogar y tuvo que empezar de cero. Realizó innumerables denuncias en el Centro Territorial y hasta en el Ministerio Público de la Acusación, todas sin respuesta. Recuperó a su hijo, pero aún la jueza no le otorga la tenencia. “Vivo un peregrinar desde hace años y siento que es la primera vez que se nos escucha. Los niños quedan en calidad de, dado que ante el pedido de ayuda a la Subsecretaría de la Niñez o la Defensoría, no pueden intervenir porque el caso está judicializado y no pueden intervenir. Esto no puede suceder en la justicia”, concluyó.