La situación institucional de Diego Rodríguez y Barros, fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en San Jorge, llegará a la Legislatura provincial el próximo jueves 27 de noviembre, cuando a pedido de la Comisión Bicameral de Acuerdos se celebre una Sesión Conjunta, de diputados y senadores, para votar una posible suspensión provisoria.
El expediente que lo involucra fue remitido por el Auditor General del MPA, quien señaló presuntas irregularidades no solo en este caso sino también en el de otros dos funcionarios.
La denuncia que desató el proceso disciplinario contra el fiscal de San Jorge
A Rodríguez y Barros se le atribuye haber presentado presuntamente una denuncia falsa por el robo de neumáticos, para lograr que la aseguradora de su vehículo repusiera ambos elementos. Según el auditor Leandro Mai, la compañía habría advertido directamente al MPA sobre la maniobra.
El dictamen también menciona que el fiscal llegó tarde a una audiencia argumentando que había roto un neumático en el trayecto, pero ese mismo día se habría radicado una denuncia ante la aseguradora por el supuesto robo de dos ruedas.
La presidenta de la Comisión de Acuerdos, Lionella Cattalini, marcó públicamente la gravedad de la acusación si llegara a comprobarse. Afirmó que el proceso está en curso y que la conducta señalada no solo involucra un posible acto fraudulento, sino un problema institucional mayor porque implica a un funcionario cuya tarea es investigar a otras personas. En sus palabras, se trataría de “un mal ejemplo hacia la sociedad”.
El descargo del fiscal: negaciones y críticas al proceso
En diálogo con AIRE, en el programa CREO, Rodríguez y Barros negó de manera categórica los hechos que se le imputan. Ante la consulta directa sobre si le robaron o no las ruedas del auto, respondió: “La respuesta es no, no es cierto lo que se está diciendo”. Rechazó entonces la interpretación que se analiza en la Comisión de Acuerdos: “No sucedió una falsa denuncia. No hubo un choque. Eso es lo que dicen, pero no lo que sucedió”.
Rodríguez y Barros en el Salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, junto a autoridades del MPA, el día que juró como fiscal adjunto para la localidad de San Jorge.
En ese sentido, ratificó que realizó un reclamo a su aseguradora, pero remarcó que “nunca la compañía hizo una denuncia”. También cuestionó la hipótesis sobre un intento de obtener un beneficio económico: “Los funcionarios públicos tenemos muy buenos sueldos como para afrontar la compra de ese tipo de elementos”, mencionó.
Otro de sus planteos apuntó a la falta de información formal en su contra. Señaló que no existe un proceso abierto que contenga una acusación precisa y criticó que, aun así, se hayan difundido datos personales: “Desde el inicio se brindan mis datos y los de otros fiscales. Eso no tendría que ser revelado hasta que las personas no sean responsabilizadas como corresponde. Lo único que me enteré fue por los medios periodísticos”, dijo.
Disputa jurídica y constitucional
Además del caso puntual, el fiscal cuestionó el procedimiento elegido por la Legislatura para juzgar su conducta. Sostuvo que “la forma de juzgamiento que pretende aplicar es inconstitucional”, debido a que la Constitución reformada establece un nuevo sistema de enjuiciamiento que —según planteó— no se estaría aplicando.
La presidenta de la Comisión de Acuerdos, Lionella Cattalini, marcó públicamente la gravedad de la acusación si llegara a comprobarse. El órgano tiene al menos tres procesos disciplinarios contra fiscales en análisis.
Sin embargo, la disposición transitoria 12 de la Constitución provincial indica que, hasta que se sancione una ley específica para los procesos disciplinarios de jueces, fiscales, defensores y procuradores, estos deben seguir sustanciándose ante los órganos y bajo la normativa vigente. En este marco, las faltas graves continúan siendo competencia de la Comisión Bicameral de Acuerdos.
