Al argumentar su decisión, el juez Foppiani dijo que “cuesta pensar que se haya intentado cometer el delito de desobediencia de una orden judicial con una venta de 300 millones de dólares. Había tantos órganos de control informados de la medida cautelar que pesaba sobre los bienes, tantas partes involucradas, otro juez en el marco del proceso concursal, que parece el delito imposible”.
Aun así dejó un alerta para los acreedores que están analizando si entran al concurso. Dijo que la Fiscalía “me convenció de se trata de un contrato enmarañado y que este enmarañamiento no es casual”. También, dirigiéndose directamente al imputado, le aclaró: “Que quede claro que, en adelante, cualquiera de estas operaciones requieren autorización judicial previa. No es comprensible que se haya hecho un contrato por 300 millones de dólares sin hablar con la fiscalía”.
Leer más ► Por qué detuvieron a Omar Scarel, presidente del directorio de Vicentin
Si bien negó la prisión preventiva, el juez aclaró dos veces “no soy ingenuo” y reflexionó sobre “cómo puede ser que en un país agroexportador la gallina de los huevos de oro esté enferma”.
El debate
En una audiencia que se extendió más de seis horas, la Fiscalía acusó a Scarel de vender las acciones de Vicentin a pesar de estar cauteladas por orden judicial y pidió la prisión preventiva por peligrosidad procesal por entender que sigue realizando ardides como parte de la maniobra original por la que está imputado. En ese planteo tuvo el acompañamiento de dos querellantes. Para la defensa “la acusación es un intento de usar el juicio penal como una suerte de control del proceso civil y comercial” y “evitar la homologación del concurso por vía de la criminalización”.
El delito atribuido fue desobediencia de dos órdenes judiciales. Una de septiembre de 2020 que impedía vender o transferir bienes por más de 50 millones de pesos y otra de diciembre de 2020 donde una de las medidas fue la “Prohibición de cambiar la propiedad de las acciones de las empresas donde Vicentin Saic tenga participación. Incluye Renova, Friar, Oleaginosa San Lorenzo y Algodonera Avellaneda, entre otras”, y “Prohibición de desprenderse de activos de las empresas donde Vicentin Saic tenga participación”.
En el inicio de la audiencia el fiscal Sebastián Narvaja mostró copia del contrato por el cual Vicentin, con la firma de Scarel, acepta la oferta de Viterra SA por el 33% del paquete accionario por una cifra de 310 millones de dólares el 28 de abril pasado que serán pagados en pesos al dólar oficial. “Una evidente maniobra para que Viterra se quede con lo que le queda a Vicentin por la mitad del precio”, dijo el abogado querellante Gustavo Feldman.
vicentin Omar Scarel
La Fiscalía acusó a Omar Scarel de vender las acciones de Vicentin a pesar de estar cauteladas por orden judicial.
Ese contrato es parte de la oferta de Vicentin a sus acreedores. Es decir que con el producido de esa venta, piensa pagarle a los acreedores, pero es dinero que no sabe si podrá disponer porque sobre él pesan cautelares propias del concurso preventivo pero también de jueces penales, que están desvinculadas del proceso civil y comercial.
La abogada querellante Viviana Cosentino dijo que la oferta a los acreedores no la van a cumplir porque “o defraudan a la gente porque nunca le dijo a los acreedores que el pago que les promete depende de las decisiones judiciales sobre las cautelares, o violan la cautelar de la justicia, acá no hay término medio”.
De los querellantes en la causa penal, ayer impulsaron la detención sólo dos de ellos, Comodities SA y Olzen SA representados por Cosentino y Feldman. Los defensores Daniel Cuenca y Jorge Ilarrescondo hicieron notar que la acusación esta vez no fue acompañada por los bancos internacionales, el Banco Macro y Cuatro Hojas.
La palabra de Scarel
Scarel hizo uso de la palabra durante la audiencia, negó las acusaciones, dijo no haber cometido ningún delito al firmar el acuerdo de “transferencia” con Viterra SA de las acciones que Vicentin conserva en Renova y que integra la oferta concursal.
Confirmó que se firmaron varios contratos de compromiso de transferencia de acciones para dar respaldo a la propuesta, entre ellos el de Renova, pero que se trata de “un acuerdo de transferencia sujeto a condiciones”.
Esas condiciones, según su versión, es que el juez civil y comercial que lleva el concurso preventivo, podrá aprobar la propuesta sólo si los jueces penales levantan las restricciones que pesan sobre los activos de Vicentin Saic. Es decir “que el juez no puede homologar el concurso sin que se levanten todas las medidas que impiden transferir las acciones”.
Para los fiscales, en los términos del Código Civil y Comercial, la venta ya se concretó con la firma del contrato. “No le imputamos transferir las acciones a Renova, sino habérselas vendido. En términos del Código Civil y Comercial, hace falta la obligación de una parte de entregar algo a cambio de alguien que se compromete a pagar”. El fiscal Narvaja definió en varias oportunidades la diferencia entre venta y transferencia, como dos acciones diferentes desde el punto de vista legal.
Leer más ► Piden saber si los directivos de Vicentin y Renova tienen deudas con el fisco provincial
Este es un punto central. De hecho los fiscales explicaron que en la noche del lunes recibieron correos de parte de un abogado de la firma Renova dando los mismos argumentos que Scarel. “Otra vez confunden la transferencia de las acciones, que por supuesto no podrán inscribirlas si está cauteladas, con la venta, que ya se concretó”, insistió Narvaja.
Para los fiscales la venta quedó firme en los 10 días hábiles posteriores al 28 de abril. Ese día está fechada la nota firmada por Scarel en la que acepta la oferta de compra de las acciones de Renova que Viterra (propietaria del resto de la procesadora de soja) le había hecho días antes. Según el fiscal Narvaja declararon el valor en 310 millones de dólares.
La defensa rechazó esa interpretación y adujo que no hay una orden incumplida y rechazó la diferenciación técnica entre transferencia y venta, y que ésta última no se concreta hasta que no se produzca la transferencia cocnreta e inscripción de las mismas.
El abogado Guido Ferullo, que representa a Vicentin en el concurso de acreedores en Reconquista, calificó la interpretación de la fiscalía como “rebuscada” y aclaró que “ni siquiera el juez concursal interpretó de esta manera” la diferencia entre transferencia y venta. “Esos contratos no tienen ejecución porque no la pueden tener si no se cumplen esas dos condiciones: alcanzar el acuerdo de la mayoría de acreedores y la homologación del juez”, afirmó.
Por el contrario, la fiscalía describió al presidente de Vicentin como “un prestidigitador” y “alguien que todo el tiempo quiso mostrar algo que no es tal”.
Según su interpretación, la venta de las acciones fue “aceptada irrevocablemente por el señor Scarel” en su nota a VIterra del 28 de abril. Recordó que “en febrero el juez del concurso Fabián Lorenzini le dijo a Vicentin que debían mejorarla la oferta a los acreedores del concurso y les pidió que vaya acompañada de contratos que vinculen a los inversores, porque uno de los inversores interesados, Molinos Agro, en un momento se fue (los otros son ACA, Viterra y hace poco entró Bunge en reemplazo de Molinos). Traigan los inversores pero con documentos que avalen que aceptan les dijo el juez”, explicó el fiscal Narvaja.
La acusación y descripción que hizo la fiscalía pone un manto de dudas sobre el futuro de la oferta que Vicentin hizo a sus acreedores y que tiene como plazo máximo de aceptación el 30 de junio próximo. El fiscal Sebastián Narvaja describió de una forma muy minuciosa lo que calificó como una redacción confusa y engañosa.
Los fiscales compararon varios de esos contratos que el juez le había exigido para respaldar su oferta e hicieron notar que en varios de ellos se detalla que están sujetos a la evolución de las medidas cautelares que pesan sobre esos bienes. “El contrato con Renova, en cambio, no pone ningún condicional, ni que está sujeta a nada, a diferencia de los que se detalla en el contrato de la reconversión de las acciones de Vicentin Saic y otros activos”, afirmó el fiscal Moreno.
Leer más ► Vicentin: el juez Lorenzini prorrogó por 90 días el concurso de acreedores
Al argumentar el pedido de cese de la libertad provisional de Scarel, el fiscal Moreno citó como antecedente la causa contra los dueños de Oil Combustibles, Cristóbal López y Fabián De Souza, quienes admitieron haber transferido acciones de una de sus empresas cinco días antes de pedir autorización al juez. Y por lo tanto este les dictó la prisión preventiva.
También compraron el accionar de la propia Vicentin. Moreno citó el caso de la firma Los Amores, que el año pasado solicitó el levantamiento de embargos para vender una propiedad en Santiago del Estero para el pago de deudas bancarias. Y la fiscalía lo permitió. Luego citó otros pedidos similares con quienes no llegaron a ser imputados y se les levantaron las cautelares para que dispongan de los bienes.
“Cuando quisieron hacerlas las cosas como se dispuso en sede penal, las hicieron. Era imposible que vendieran como vendieron sin que antes nos notificaran a nosotros”, concluyó Moreno.
La defensa explicó que “no podía pedir autorización a la fiscalía porque no había venta, sino una propuesta. No le vamos a pedir permiso para hacer una propuesta”.
La imputación primigenia
En octubre pasado fueron imputados por estafa los 14 miembros del directorio de Vicentin Daniel Néstor Buyatti (presidente de Vicentin), Alberto Julián Macua (vicepresidente), Roberto Alejandro Gazze (director financiero), Máximo Javier Padoan, Cristián Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Boschi, Raul González Arcelus, Omar Adolfo Scarel (síndico) y Miguel Vallazza. A todo se los imputó por estafa.
Luego, en abril pasado, en otra audiencia imputativa, la fiscalía de delitos complejos volvió a imputar a directivos de Vicentin y de Renova por administración fraudulenta en perjuicio de la empresa Commodities SA, en el marco de una investigación sobre el destino de los granos que la firma le entregó en 2019.
En aquella audiencia de octubre la fiscalía había pedido la prisión preventiva para los principales directivos de Vicentin, entre ellos Scarel. Este martes repasó varios de los hechos revelados en aquella audiencia para fortalecer el argumento de que Scarel pone en riesgo la investigación.
Leer más ► La cooperativa que puso el ojo en los activos de Vicentin multiplicó por 15 sus exportaciones
“Si bien la defensa nos dirá que los imputados no han intentado sustraerse de la acción de la Justicia, eso no es todo. Porque en varios casos se presentaron domicilios falsos, eso provocó que a la hora de allanar se frustraran esos allanamientos en función de la información falsa”, dijo en aquel entonces el fiscal. También dijo que “estar a derecho implica no entorpecer pruebas”. Presentó una decena de escuchas telefónicas y correos electrónicos que daban de distintos hechos, entre otros: la búsqueda de contadores para firmar papeles, manipulación de los números de Vicentin Paraguay, manejo de información que se le ocultaría a los contadores forenses designados por el juez, gestiones para salvar 200 mil dólares que estaban en una de las cajas de seguridad cauteladas por la Justicia que eran del hijo de Scarel y que no tenían forma de justificar y mails en los que se transfer de millones de dólares entre Vicentin Paraguay a Vicentin Europa, el regreso a Vicentin Uruguay y a Friar Uruguay.
En ese momento el juez a cargo de la audiencia no hizo lugar a la prisión preventiva solicitada por fiscalía, pero impuso reglas de conducta, prohibición de salir del país y libertad bajo caución a la que fijó en 10 millones de dólares.
“No digo que no exista riesgo procesal, sino que no es de la magnitud suficiente como para aplicar la medida más grave que prevé nuestro Código Procesal que es la prisión de libertad”, explicó el juez.
En ese entonces la fiscalía adelantó que hay por lo menos 11 hechos de estafa por los que adelantó que en total estarían permitiendo pedir penas de hasta 66 años. También los querellantes transitaron ese mismo camino. La defensa, por su parte, rechazó por erróneos esos cálculos (discutieron sobre si se trataba de un delito en concurso real, ideal o continuado) y rechazó la posibilidad de penas de esa magnitud.
Dejá tu comentario