Un proyecto ingresado a la Cámara de Diputados de Santa Fe pide saber si 15 directivos de la empresa agroexportadora Vicentin y dos de Renova tiene deudas con el fisco provincial o causas en la justicia santafesina. La iniciativa fue impulsada por el diputado del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade.
Los 17 empresarios fueron imputados la semana pasada por la Fiscalía de Delitos Complejos de Rosario por administración fraudulenta contra la empresa Commodities.
Mediante un pedido de informes, el legislador pide que la Provincia informe “si Yanina Boschi, Daniel Buyatti, Martín Colombo, Roberto Gazze, Alberto Macua, Cristian Padoan, Máximo Padoan, Pedro Vicentin, Roberto Vicentin, Sergio Vicentin, Javier Gazze, Miguel Vallazza, Miguel Vallazza, Omar Scarel, Daniel Pajaro, Diego Mejuto y Sergio Gancberg, tienen deudas con el fisco provincial y causas abiertas en la justicia en los últimos diez años, además de las vinculadas con el proceso de estafas desde las empresas Vicentin y Renova”.
Los 17 empresarios fueron imputados la semana pasada por la Fiscalía de Delitos Complejos de Rosario por administración fraudulenta contra la empresa Commodities.
La denuncia sobre los ejecutivos está centrada en el destino de 50.000 toneladas de granos que la empresa Commodities le entregó a Renova en 2019, cargamento que luego fue traspasado a Vicentin sin autorización.
Durante la audiencia, en el Centro de Justicia Penal (CJP), el fiscal Sebastián Narvaja solicitó que se extiendan las cautelares que se impusieron en octubre del año pasado a los directivos de la agroexportadora, entre ellas la prohibición a salir del país, la fijación de un domicilio y una caución por un monto de u$s10 millones, informó el medio, por delitos que van desde confeccionar balances falsos hasta la defraudación y estafa.
También fueron incorporados en las imputaciones a los ejecutivos de Renova, Sergio Grancberg y Daniel Pájaro y no pudo hacerlo con Diego Mejuto porque no estuvo presente. Las mismas se originaron en una denuncia realizada por la cerealera Commodities por el destino de 50 mil toneladas de granos que la misma había depositado en la compañía Renova y que luego fueron traspasados a Vicentin sin autorización.
En el acto, Narvaja solicitó la extensión de las medidas cautelares que se dispusieron en octubre pasado a los directivos de Vicentin, como la prohibición de salida del país para los imputados, la fijación de un domicilio y una caución por un monto de u$s 10 millones. También pidió una caución por u$s 421.000 para los ejecutivos de Renova.
El juez Román Lanzón aceptó todas las imputaciones solicitadas por el fiscal, aunque alivianó las medidas cautelares. En rigor, no hizo lugar al pedido de caución para Grancberg y Pájaro por consider que “no son necesarias” aunque sí les dictó la prohibición de salir del país sin autorización y la necesidad de fijar un domicilio a ambos.
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Para el representante legal de Commodities, Gustavo Feldman, estos cargos son la base de la posible imputación de lavado de dinero, ya que Vicentin exterioriza como propios en el concurso activos y deudas relacionadas con los granos depositados en Renova, que serían producto del delito anterior.
“A partir de este nuevo procesamiento, es fundamental saber si estas diecisiete personas tienen causas pendientes, además de su rol en el consorcio Vicentin, con la justicia provincial en los últimos diez años y también con el fisco santafesino”, expresó el diputado provincial.
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