Con la intención de visibilizar la situación crítica del sector, las organizaciones que trabajan con y para las personas con discapacidad, explican las dificultades económicas y trabas burocráticas que entorpecen el sistema de acceso a prestaciones y beneficios, en un panorama agudizado como consecuencia de las políticas del Gobierno nacional.
La situación de las personas con discapacidad y de las instituciones las acompañan lleva años de lucha y reclamos por sus derechos. En los últimos meses, la crisis se agudizó a partir de las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional, que recortan recursos vitales para el sector.
La Unión de Entidades de Apoyo de y para Personas con Discapacidad de la Provincia de Santa Fe (Uendisfe), que nuclea a más de 40 instituciones del centro-norte de la provincia que brindan apoyo y servicios de atención a personas con discapacidad, advierte sobre el impacto de estas medidas. Su vicepresidente, Francisco Zanotti, dialogó con AIRE sobre el panorama actual y las dificultades que este representa para las personas con discapacidad en su vida cotidiana.
En 2024 el Gobierno nacional decidió realizar, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), una auditoría sobre unas 470.000 Pensiones No Contributivas emitidas en los últimos años. Para esto se enviaron cartas documento a los beneficiarios citándolos a una auditoría médica.
Zanotti explica que este proceso se realizó de manera masiva, sin evaluar en profundidad los casos particulares y con varias fallas en su implementación, lo que generó muchas dificultades para las personas auditadas.
Por un lado, se encontró que las notificaciones se enviaron a domicilios incorrectos. Desde las instituciones se constató que muchas personas no fueron notificadas formalmente y se recurrió a otros mecanismos para confirmar si estaban incluidas en la auditoría.
Por otra parte, los plazos estipulados para presentar la documentación requerida —estudios médicos, certificaciones, informes de evaluación, etc— resultaron imposibles de cumplir en muchos casos. “Hay que tener en cuenta que la población que accede a una PNC suele estar en situación de vulnerabilidad y pobreza. Es probable que toda su historia clínica esté en efectores públicos de salud y conseguir un turno puede llevar mucho tiempo”, explica Zanotti.
“Nosotros acompañamos estos procesos —agrega— en algunos casos cubriendo turnos médicos o elaborando informes con nuestros equipos profesionales, para que las personas contaran con algún respaldo. Pero aquellas que no cuentan con una institución seguramente no lograron reunir la documentación, y mucho menos pudieron pagar para acceder a ella de forma particular”.
Sumado a esto, los lugares designados para realizar las auditorías implicaban para muchas personas dificultades logísticas: “Conocemos a alguien que tuvo que pagar una ambulancia desde Esperanza a Santa Fe para poder presentarse. Hubo familias que debieron pagar 30 mil pesos de remis para asistir al turno. Son gastos muy difíciles de afrontar en este contexto”.
Desde Uendisfe advierten no estar en contra de que el Estado audite, aunque sí cuestionan la metodología implementada: “Hay un criterio orientado a la restricción del gasto. Esta masividad, sumada a la falta de criterio y de sensibilidad hacia esta población, históricamente desfavorecida, no hace más que profundizar la vulneración de sus derechos”.
“Nosotros no hablamos en nombre de las personas con discapacidad, ni nos arrogamos su voz. Las organizaciones somos un soporte para ellas, su núcleo familiar y la comunidad. Como red de apoyo —que no existe en el ámbito público— somos parte de un tejido institucional construido a partir de legislaciones que, a lo largo del tiempo, han contribuido a mejorar la calidad de vida de muchos”, introduce Zanotti respecto de la problemática que viven las instituciones y los prestadores de servicios del sector.
El vicepresidente de Uendisfe resalta que este engranaje forma parte del sistema de salud y que la actividad, al estar regulada por el Estado, debe cumplir con muchos requisitos que tienen un costo económico: “Estos recursos son los que venimos reclamando. Los aumentos del famoso nomenclador siempre han quedado desfasados respecto al incremento de paritarias, de los servicios y de los insumos que usamos para trabajar. Hoy estamos cobrando casi un 50% por debajo de lo que se debería pagar. A eso se suma que cobramos tarde: con suerte a los 60 días, pero muchas veces a los 90 o incluso a los 120 días”.
“La situación es crítica —advierte— ya no alcanza con el altruismo, la buena voluntad, o las ventas de empanadas, alfajores o prepizzas para sostener la estructura de las instituciones. Tenemos que postergar pagos y, por supuesto, recortar horas de profesionales, terapias o actividades planificadas porque no cierran los números; lo que repercute en la calidad del servicio que reciben las personas con discapacidad”.
Las personas con discapacidad y las instituciones que forman parte de su red de apoyo impulsan una Ley de Emergencia en Discapacidad. El proyecto, que cuenta con dictamen de mayoría en Diputados, busca asegurar los derechos del colectivo a un nivel adecuado de vida, salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo.
“Esta iniciativa surge como una síntesis de las inquietudes de muchos referentes y organizaciones de todo el país que se aglutinan en este documento. El objetivo es que, a través de una herramienta legal, el Ejecutivo pueda disponer de recursos de otras áreas, sin aumentar el presupuesto general, y reasignarlos a este sector, que estaría siendo declarado en emergencia”.
El proyecto —que aún no tiene fecha de tratamiento— aborda la actualización del nomenclador y de los montos que se pagan por Pensiones No Contributivas; la necesidad de fortalecer el programa Incluir Salud (el sistema de protección social para quienes reciben las pensiones); y la posibilidad de establecer, a través de la AFIP, un régimen especial que permita descomprimir las obligaciones fiscales o refinanciar aportes y contribuciones; entre otros puntos.
Respecto de la mirada del Gobierno nacional sobre las personas con discapacidad y las políticas que lleva adelante respecto del sector, Francisco Zanotti considera que hay se está aplicando un criterio reduccionista sobre la importancia del Estado en áreas muy sensibles.
“Hay una mirada muy negativa hacia la importancia que tiene para la sociedad contar con un Estado presente. Prima la decisión de reducir el gasto público, y en esto no está ajena la discapacidad. No se está cumpliendo con la ley que otorga jerarquía constitucional a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a la promoción de acciones concretas que los garanticen. Tampoco parece haber voluntad de avanzar en ese sentido”, asegura el vicepresidente de Uendisfe.
“Los derechos tienen que hacerse efectivos y para eso es necesario un entramado institucional que implica inversión económica que debe ser controlada, auditable y eficiente, pero sostenida en el tiempo”, agrega.
Para finalizar, Zanotti advierte sobre la actitud del gobierno de denostar a distintos sectores de la sociedad y ponerlos como sospechosos para luego recortar sus derechos: “Ha pasado con los jubilados, con la universidad, con la ciencia y la tecnología. Hay una reducción de la inversión pública que termina por precarizar al Estado y en definitiva la vida de las personas con y sin discapacidad”.
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