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Sociedad Acoso laboral | acoso sexual | Carlos Melconian

Acoso laboral: el convenio 190, los protocolos de compromiso y los Melconianes de la vida

Los audios de Carlos Melconián, exdirector del Banco Nación, ofreciendo empleo público a cambio de sexo pusieron en foco nuevamente el tema del acoso laboral. En febrero de 2022 la Argentina ratificó el convenio de la OIT para prevenir y erradicar la violencia laboral. ¿Cuánto se ha avanzado en el tema? ¿Qué dicen las estadísticas?

Hay muchas maneras de comenzar esta nota que no trata sobre los resultados probables de la segunda vuelta electoral, ni del 12,7% de inflación en septiembre, ni de los más de 1.800 muertos (al cierre de este artículo) de la guerra entre Israel y Hamas; sino sobre un tema que afecta física y psicológicamente a millones de personas, pero que sólo adquiere relevancia cuando algún personaje notable (hombre y patriarca, la abrumadora mayoría de las veces) es expuesto públicamente como ocurrió con el economista y potencial ministro de Patricia Bullrich, Carlos Melconián.

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El caso representa un clásico del empleo en el sector público, pero también del privado. Un CEO, director, gerente, subgerente o puesto jerárquico de similar o superior altura, acosa por todos los medios (en presencia, por redes sociales o por mail) a una mujer que depende funcionalmente de él (y puede afectarla laboralmente, es decir en la planificación emocional y económica de su vida cotidiana) y que debiera someterse a su deseo “irrefrenable” de abordarla sexualmente.

Aquí se trata de Carlos Melconián en su rol de presidente del Banco Nación (durante el macrismo) y una de sus secretarias, a quien ya habría sometido y pretendía volver a hacerlo con un clásico: la promesa de una posición mejor remunerada en el mismo banco.

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El economista Carlos Melconián quedó en el ojo de la tormenta tras la difusión de una serie de mensajes de audio en los que se lo escucha confesar actos concretos de acoso laboral.

El economista Carlos Melconián quedó en el ojo de la tormenta tras la difusión de una serie de mensajes de audio en los que se lo escucha confesar actos concretos de acoso laboral.

Un trato denigrante, prostituyente, violencia laboral en estado puro y uno de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo que en nuestro país nadie releva porque “las psicopatologías asociadas al estrés laboral” no están reconocidas por el Sistema de Riesgos como enfermedades profesionales y porque, además, las víctimas son mayoritariamente mujeres.

Vamos a ser claros en esta nota: todo abuso es carnal, como sostenía el lingüista John Austin; “las palabras hacen cosas”, tocan, lamen, ultrajan, lastiman. Los piropos verbales no requeridos y abusivos, los mensajes de Whatsapp o Instagram, su repetición obstinada reforzada por una posición de poder asimétrica, configuran también acceso carnal y pueden producir daños físicos, particularmente a la salud mental de las víctimas de semejante tortura milenaria.

Así también lo reconocen el decreto 2385/93 (régimen jurídico básico de la administración pública) que mejora notablemente el artículo 119 del Código Penal de la Nación que insiste con castigar la consumación específica del abuso al penalizar el “acceso carnal por vía anal, vagina u oral, además de otro acto análogo como introducir objetos o partes del cuerpo por alguna de las primeras dos vías”.

Y respecto de la materialidad digital, horas antes de la edición de esta nota, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el Proyecto Olimpia, que incorpora como delito de género y punible la violencia digital a la Ley 26.485 sobre Protección Integral de las Mujeres.

El proyecto fue impulsado originalmente por la legisladora del Frente de Todos Mónica Macha y recolectó apoyos en todos los bloques parlamentarios de la Cámara de Diputados, menos el de La Libertad Avanza, conformado por el binomio que aspira a conducir los destinos del país: Javier Milei y Victoria Villarruel (y de un monobloque aliado que restó con la abstención de Carlos Zapata).

Pero, además de un plexo normativo capaz de proveer derecho a la defensa legal y disuadir abusadores “con gente a cargo” –y que sus expertos abogados suelen defender argumentando “percepción subjetiva aumentada” de sus víctimas–, existe un convenio supranacional impulsado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), complementado por la resolución 260 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo.

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Como todos sabemos, son sugerencias para forjar normativa para los distintos países miembros de la OIT y no tienen poder vinculante. Es decir que deben ser ratificados por los parlamentos de esos países.

En la actualidad, 34 países han adherido al convenio, 10 de los cuales son americanos; la Argentina lo ratificó mediante la ley 27.580 sancionada por el Congreso el 15 de diciembre de 2020. Entró en vigencia el 23 de febrero de 2021.

La provincia de Santa Fe fue pionera en normativas destinadas a prevenir y erradicar la violencia en el trabajo. Tiene vigencia la ley 12.434/2005 –sancionada durante el segundo gobierno de Jorge Obeid– que tiene como objetivo prevenir, controlar y sancionar lo que conceptualiza como “toda conducta, activa u omisiva, ejercida en el ámbito laboral por funcionarios o empleados públicos que, valiéndose de su posición jerárquica o circunstancias vinculadas a su función, constituya un manifiesto abuso de poder, materializado mediante amenaza, intimidación, inequidad salarial fundada en razones de género, acoso, maltrato físico y psicológico y ofensa que atente contra la dignidad e integridad física, sicológica, sexual y/o social del trabajador o trabajadora”.

Quemá esas cartas: la cultura del acoso y el subregistro

Al igual que sucede con las denuncias y registros consecuentes de violencia de género y femicidios, las cifras que deberían servir para tomar decisiones de política pública contra el acoso laboral están dispersas en distintos organismos públicos y privados y ONGs específicas, en algunos pocos titulares de diarios y portales de noticias y, por supuesto, son apenas la punta de un iceberg. Debajo del agua operan las extorsiones exitosas y la vergüenza y el dolor de las víctimas.

Pero repasemos algunas para intentar mensurar la extensión de ésta pandemia prácticamente invisible y que no encuentra pico.

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Testimonios de una tortura cotidiana: “Me encerraba a llorar en el baño casi todos los días. El único lugar donde me sentía a salvo. Demoraba 40 minutos frente al espejo tratando de ponerme algo que no llamara la atención”.

Testimonios de una tortura cotidiana: “Me encerraba a llorar en el baño casi todos los días. El único lugar donde me sentía a salvo. Demoraba 40 minutos frente al espejo tratando de ponerme algo que no llamara la atención”.

Según el Anuario Estadístico 2017 de la OIT, la violencia laboral (que incluye el acoso sexual) afecta a unas 15 millones de personas en todo el mundo, de las cuales el 68% son mujeres.

En nuestro país, la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral (dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación) contabiliza denuncias acotadas al AMBA y aporta que de enero a julio de 2021 el 65% de las consultas fueron hechas por mujeres; y si bien las denuncias recogidas implican varios tipos de violencias simultáneas, los resultados hablan de un 88% de casos de violencia psicológica, 8% de violencia sexual y un 4% de violencia física.

Del total de las denuncias, sólo el 4% manifestó haber abandonado su trabajo para ponerse a salvo de esas violencias, es decir que la gran mayoría de las víctimas cambia plata por salud y soporta la demolición sistemática que implica sostener el asedio del “sujeto deseante” que lastima al “objeto sujetado”.

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Aquí viene a cuento una de las características del abuso que Melconián ejercía sobre su secretaria y que algunes impresentables utilizan para bajarle el precio a su condena social: ella ya había accedido, pero el nivel de testosterona imperial de Carlos no encontraba sosiego.

Citemos frases reales de mujeres reales para contestar esto:

  • “Me encerraba a llorar en el baño casi todos los días. El único lugar donde me sentía a salvo. Mis propias compañeras me sugerían que afloje porque así el tipo se descargaba y seguro me dejaba de joder”.
  • “Me dijo que le debía el laburo con que le mataba el hambre a mi hija, que él trabajaba todo el día para que sus empleados tuvieran una vida mejor y que una culeada era lo menos que podía hacer para devolverle semejante sacrificio”.
  • “En todos lados terminé marcada como una puta, en mi trabajo me acostumbré a todo y no soy la única a la que le pasa, pero en mi familia es insoportable”.

La dolorosa experiencia de millones de compañeras demuestra que “algo o mucho, nunca son suficientes”, que las mujeres no sólo cambian trabajo por salario y que la estigmatización –que en muchos casos incluye a otras mujeres, de baja o nula sororidad– sigue siendo el principal enemigo de los famosos protocolos de prevención y erradicación de violencias en las organizaciones públicas y privadas.

Consultado para ésta nota, Pablo Sorondo, miembro de la Oficina de OIT para Argentina, celebró los casi dos años del convenio ratificado por nuestro país y a la vez reconoció que en ese lapso se impulsaron talleres y se asesoró a las tres centrales obreras (la CGT y las dos CTA), la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

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También se redactaron protocolos en ministerios y organismos descentralizados del Estado nacional, en provincias y municipios. La enorme mayoría, muy parecidos a los Manuales de Buenas Prácticas, pero meramente enunciativos, sin claridad en la integración multipartita de las estructuras internas destinadas a evaluar casos ni tampoco anexos con tipificaciones precisas y definición punitiva para los abusos.

Sin ese segundo término, el protocolo es una noble desiderata, pero sin efecto concreto, dejando margen para soluciones de coyuntura con acuerdos inconfesables, de los que muchas veces participan los mismos gremios y que conforman a las víctimas reubicándolas, alejándolas físicamente de la mirada, la boca o la mano que busca pelo, hombro, espalda para hacer más concreto y humillante el asedio.

Otra de las iniciativas destacadas en el marco del convenio y el apoyo de la OIT es un estudio publicado en 2021 y elaborado por la Universidad Nacional de Avellaneda, la Red Intersindical contra la Violencia Laboral y la Iniciativa Spotlight (una alianza entre la Unión Europea y la ONU).

Entre los principales resultados pueden citarse que 6 de cada 10 trabajadores y trabajadoras habían experimentado situaciones de violencia laboral. La violencia psicológica fue –otra vez– la que mayores menciones acaparó (78%), seguida por situaciones asociadas a la discriminación (67%) y finalmente la violencia sexual (52%) y física (35%).

Los últimos movimientos en el Estado nacional los realizó Ana Castellani, la secretaria de Gestión y Empleo Público, que desde 2021 viene insistiendo con la realización de relevamientos internos en todos los ámbitos del Estado sobre exposición a riesgos psicosociales en el trabajo.

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En noviembre de 2021 estableció las Comisiones Paritarias de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (CyMAT) como el espacio apropiado para implementar estas encuestas por cuestionario, definidas como “de clima laboral”.

¿El resultado? Muy pocas encuestas, con herramientas híbridas de diseño variado, sin etapas de sensibilización y validación previas y aplicadas a muestreos poco representativos. Sin contar con el poderoso lobby en contra de la Unión Argentina de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

Pero, más allá de la calidad y cantidad de los protocolos, Pablo Sorondo también reconoce que OIT no tiene un relevamiento cuantitativo que permita cuantificar el avance producido en éstos dos años, ni en nuestro país ni en ninguno de los países que lo ratificaron.

Nadie dijo que iba a ser rápido ni fácil, sobre todo cuando se trata de un flagelo que esconde no a especímenes desviados del género masculino, víctimas enfermizas de centurias de militancia machista, sino a hijos legitimados y sanos del patriarcado.