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Policiales abuso sexual | Firmat | Festram

Firmat: condenaron al secretario gremial de Festram por el abuso sexual de una empleada

Enzo Juárez, secretario gremial de Festram, fue condenado a 14 años de prisión en el marco de un juicio oral y público que lo encontró responsable del abuso sexual de la mujer, cometido en marzo de 2017 en la sede del gremio en la localidad de Firmat.

El tribunal de juicio conformado por los jueces Mariana Vidal, Paula Borrello y Leandro Martín dieron a conocer los fundamentos de la sentencia a 14 años de prisión para Enzo Juárez, secretario general de Festram, sede Firmat, como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el daño en la salud.

En los fundamentos a los que tuvo acceso AIRE, se destaca el grave daño ocasionado a la salud mental de la denunciante, quien se desempeñaba como secretaria de actas del sindicato.

La denuncia fue radicada en 2019 luego de que la mujer recibiera asistencia y acompañamiento por parte de la "Red Provincial de Mujeres Libres de Violencia". El abuso fue cometido en marzo de 2017 en uno de los baños de la sede gremial y fue investigado por el fiscal Matías Merlo. En el juicio, el MPA estuvo representado por el fiscal Julián Cochero.

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La denunciante se constituyó como querellante en la causa con representación de las abogadas Carolina Walker Torres y Rebeca Di Battista. Por su parte, Juárez transitó el proceso en libertad asistido por los abogados defensores Franco Gardali y Fernando Mellado, quien sostenía que la causa tenía un trasfondo político. Al dictarse la sentencia condenatoria el tribunal dispuso la detención inmediata de Enzo Juárez.

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Abuso y violencia

La víctima fue abusada sexualmente un viernes de fines del mes de marzo de 2017, cuando se encontraba dentro del baño de las oficinas que compartían con Juárez, en el Sindicato de Empleados Municipales de Firmat. El hombre forzó la cerradura de la puerta y agredió sexualmente a la mujer en un espacio reducido. Además, le dijo: “Cállate, cállate, te vas a quedar sin trabajo, nadie te va a creer, no vas a tener que darle de comer a tus hijos”.

La Fiscalía sostuvo que la mujer se encontraba en una situación de doble vulneración, en su calidad de mujer y en razón de la posición de poder, laboral y sindical del acusado. La agresión sexual le provocó a la víctima un grave daño en la salud mental por el que inició un tratamiento psiquiátrico. Cuando comenzó a manifestar episodios de depresión, angustia y aislamiento, fue asistida por la "Red Provincial de Mujeres Libres de Violencia".

En los alegatos, la parte querellante agregó que las manifestaciones de violencia sistemática continuaron. Cuando la mujer comenzó a cursar un embarazo de riesgo fue obligada por Juárez a trabajar, lo que le generó un parto prematuro. Además, las pericias practicadas probaron un daño irreparable en la víctima. La denunciante siempre fue silenciada y por eso el develamiento del abuso fue progresivo.

En sus fundamentos, el tribunal destacó que la denunciante se desempeñaba como secretaria de actas “por propuesta directa del Jefe Sindical Enzo Juárez, quien personalmente la seleccionó. Ambas partes, acusado y denunciante, en sus declaraciones dicen que él la pidió cuando la vio en el corralón”.

El relato de la denunciante

En los fundamentos, los jueces repasaron el testimonio de la víctima, quien se desempeñó como empleada permanente de la Municipalidad de Firmat durante once años, donde cumplía funciones de limpieza y tenía llaves a cargo de la oficina. En el sindicato trabajó desde 2014, ingresó como secretaria de actas y desarrollaba tareas de limpieza. Juárez era su jefe.

La mujer relató que la primera denuncia la hizo en agosto de 2019 por maltrato y acoso sexual, que llamó a la policía y luego a su acompañante de la Red de Mujeres. Detalló que no recuerda haber acompañado ningún papel o documental en esa denuncia, pero sí recuerda haber enviado una carta documento para que se termine con los maltratos y la persecución laboral a la que estaba sometida. Que tenía un embarazo de alto riesgo y que le sacaron la beca para estudio que tenía.

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Carolina Walker Torres, abogada querellante

Carolina Walker Torres, abogada querellante

En su declaración, agregó que quedó embarazada en el año 2017, que era un embarazo de riesgo y que Juárez lo sabía porque le entregó un certificado médico. Esto generó el enojo de Juárez: le decía que no podía quedar embarazada justo ahora eran pocos, y que era muy importante el cargo de Secretaria de Actas, que ella debía estar donde él estaba. Esta situación generó que la beba nazca prematura, en octubre, y la mujer debió permanecer internada.

En cuanto a la situación del abuso sexual, la mujer dio detalles de cómo ocurrió y que Juárez le decía que no dijera nada, que iba a perder el trabajo y no iba a tener qué darle de comer a sus hijos. Tras el ataque, la mujer se fue a su casa, se bañó y se acostó; no se lo contó ni a su marido ni a nadie... relató que estaba muy angustiada y llorando y que cada vez que su marido le preguntaba qué le pasaba, ella no decía nada por vergüenza y por miedo a la destrucción de su matrimonio. Finalmente, sostuvo que decidió hacer la denuncia porque no aguantó más, tras poder hablar con los psiquiatras que la asistieron.

La decisión de los jueces

Los jueces consideraron que el relato de la denunciante fue verosímil, “que se expresó sobre hechos evocados que se localizaban en sus propias vivencias y no que lo haya hecho desde una falsa acusación atento su estado de vulnerabilidad. Se explayó de manera desestructurada, cargada de angustia, fue dando precisiones de diálogos y detalles en cantidad. Se la notó sensiblemente angustiada, retraída, es decir, acorde a quien depone sobre padecimientos que le son propios en situaciones como las que se examinan”.

El tribunal destacó que las declaraciones de los testigos permitieron acreditar el relato de la mujer: sus compañeros de trabajo, los profesionales de la salud y los policías que tomaron intervención en la causa: "la credibilidad permite un segundo nivel de análisis con el testimonio de compañeros de trabajo, agentes policiales intervinientes en la denuncia, los especialistas que la asistieron en sus padecimientos de salud, física y mental y aquellos que la escucharon en este proceso, a los fines de verificar la verosimilitud del relato".

Los jueces destacaron también el acompañamiento que recibió la denunciante por parte de la Red de Mujeres Libres de Violencia, quienes acompañaron el develamiento progresivo. Las etapas subsiguientes a la denuncia de agosto de 2019 ocurrieron ya no ante autoridades policiales sino ante el Ministerio Público de la Acusación.

El tribunal remarcó que la denunciante continúa con asistencia psicológica y psiquiátrica, con consumo de medicación, “es decir tenemos un daño permanente en su salud psíquica, le llevó mucho tiempo denunciar, producto de dicha persistencia de padecimientos. Incluso el abuso sexual no es lo primero que se animó a denunciar, sino que tuvo que afrontar una situación crítica en su trabajo, la pérdida de su permiso gremial, para empezar a decir basta. Hasta ahí, el temor, la vergüenza, el no querer perder lo que había conseguido y hasta naturalizar el maltrato quizás le aseguraron la impunidad a Juárez”.

El tribunal destacó también que la denunciante “fue disociándose, enfrascando lo vívido para seguir adelante. Luego, la pérdida de la licencia gremial, disimulada como alejamiento de la sede sindical por diferencias con el grupo político en gestión, es el detonante para el desvelamiento. Muchas veces las víctimas explotan o rompen el secreto por algo que proporcionalmente es mucho menor a lo sufrido, pero que sirve para salir del circuito de abuso”.