La denunciante fue dejada cesante y reclama que se dé marcha atrás con la resolución.
Una empleada de la Municipalidad de Firmat reclama ser reincorporada a su lugar de trabajo tras haber sido cesanteada en el marco de una denuncia por abuso sexual contra el secretario general del sindicato de los trabajadores municipales de esa localidad del sur santafesino. Mientras la causa penal se encamina al juicio oral y público, la mujer reclama que se deje sin efecto su cesantía y que el municipio realice la denuncia ante la Aseguradora de Riesgo de Trabajo.
La denunciante, Daniela S.V., es asistida por las abogadas Carolina Walker Torres y Rebeca Di Battista. El hecho fue investigado por el fiscal de Firmat, Matías Merlo, quien acusó a Enzo Edgardo J. como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el daño en la salud, acusación que fue acompañada por la querella que representa a Daniela S.V. La Fiscalía anticipó un pedido de pena de 14 años de prisión, mientras que la querella pretende una condena a 20 años.
Por su parte, los abogados defensores de Enzo J., los abogados Franco Daniel Gardali y Fernando Javier Mellado, sostuvieron en la audiencia preliminar que la acusación “es falsa y con motivaciones políticas”. El auto de apertura a juicio lleva la firma del juez Aldo Baravalle.
Este lunes se sorteó el tribunal que llevará adelante el debate, y está conformado por los jueces Paula Verónica Borrello, Leandro Maximiliano Martin y Mauricio Antonio Clavero. Se espera que en el juicio, que aún no tiene fecha, declaren más de 20 testigos.
Daniela S.V. denunció en agosto de 2019 que un viernes de finales de marzo de 2017 Enzo J. ingresó al baño del sindicato en Firmat, donde se encontraba la mujer, y abusó sexualmente de ella: “Callate que nadie te va a creer, te vas a quedar sin poder darle de comer a tus hijos”, expresó, situación que le ocasionó un grave daño en su salud mental por lo que tuvo que comenzar terapia psicológica, y se dictaminó su licencia psiquiátrica en septiembre de 2019.
En la actualidad, la denunciante aun presenta cuadros de “angustia persistente, insomnio, falta de apetito, ideas de suicidio, estado de alerta permanente, temor al transitar por la calle, aislamiento social y pesadillas provocadas por las amenazas sufridas por el señor J., sumado al abandono y desinterés por parte de las autoridades de la Municipalidad de Firmat, “que nunca brindaron una respuesta ni adoptaron las medidas urgentes y necesarias tendientes a la protección de sus derechos no hace sino amedrentar mi dignidad como mujer trabajadora y como persona”, detalla el escrito presentado ante la municipalidad reclamando que se deje sin efecto la cesantía dictaminada.
En julio de 2022 la denunciante fue notificada que se dispuso su cesantía, a través de un decreto que lleva la firma del intendente de Firmat Fabio Leonel Maximino y del secretario de Hacienda y Finanzas Diego Bullorini. Actualmente, la denunciante a través de sus abogadas, presentó un recurso de reconsideración y solicita que se de intervención a la Aseguradora de Riesgo de Trabajo ya que su salud se vio afectada por hechos ocurridos en el ámbito laboral.
El escrito detalla que la licencia psiquiátrica responde a “diferentes hechos de violencia física y sexual, y hostigamiento laboral y psicológico, dirigidos por el Sr. Enzo Edgardo J. hacia mi persona, tal como se desprende de la copia de la pertinente denuncia penal efectuada por ante Dependencias de A.I.V.G.F.S. en fecha 15 de agosto de 2019”, y como fue notificado a la municipalidad en agosto de 2019.
La licencia psiquiátrica fue dispuesta a raíz del trauma que le generó la agresión sexual, y el médico psiquiatra solicitó el “urgente alejamiento” del puesto de trabajo, a fin de “disminuir el estado permanente de alerta, angustia y temor que generaba la posibilidad de encontrarme con el sujeto referido, por lo que no era posible física y emocionalmente cumplir con mis tareas”, detalla el escrito al que tuvo acceso Aire Digital.
Además, la denunciante reclama que la Municipalidad de Firmat no ha brindado asistencia alguna: “no ha efectuado la correspondiente denuncia penal, ni ha dispuesto investigación interna alguna para esclarecer los hechos, ni ha cumplido el protocolo de actuación dispuesto para estos casos (Ley Micaela). Tampoco esta repartición ha procurado reubicarme en otro sector lejos del victimario, ni ha dado tratamiento al evento como de “accidente de trabajo” a fin de que me sean concedidas las prestaciones en dinero y en especie previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo. Nada. Ninguna acción, ninguna disposición, ningún magro esfuerzo para al menos en apariencia, acompañe a la suscripta en la situación de violencia denunciada por mi persona”.
La abogada querellante Walker Torres explicó a Aire Digital que la cesantía de Daniela V.S. se dispuso a raíz de una “enfermedad inculpable”, como es el cuadro de salud mental que presenta la mujer, sin embargo, la municipalidad no tiene en cuenta que esa situación de salud se originó en el mismo ámbito laboral, y por un superior, cuestiona. “El abuso sexual, la violencia psicológica y el hostigamiento laboral impetrado por el señor J. a mi persona no constituyen una enfermedad inculpable, son hechos violentos absolutamente repudiables, acontecidos nada menos que en mi propio lugar de trabajo”, detalla el documento.
“Resulta injustificada la negativa de dar tratamiento al evento como un siniestro laboral ya que se ha tratado de manera absolutamente clara de un hecho súbito, violento (en extremo), sufrido mientras la suscripta cumplía con sus tareas habituales”, remarca el escrito.
El documento concluye con que la municipalidad de Firmat “omitió brindar apoyo y colaboración” tras haber notificado la agresión, acompañando la denuncia penal del ilícito: “no adoptó a su hora las medidas necesarias y urgentes para brindarme protección en miras a preservar mi integridad psicofísica, sino que redobló con su accionar, profundizando aún más el daño infringido, iniciando un sumario administrativo mediante el cual dispuso mi Cesantía, agregando a la violencia psicológica y sexual ejercida por mi agresor, la violencia institucional y laboral impetrada por esta repartición”.
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