Lo curioso es que Vicentin hizo la presentación ante la Corte sin notificación previa ni en respuesta a requerimiento alguno, sino por haber tomado conocimiento “a través de las noticias periodísticas”, explica. Habrá que ver qué actitud adopta el tribunal, si incorpora la presentación o la rechaza y le dice a Vicentin que vuelva cuando la llamen.
Se trata de un escrito de 30 páginas que lleva las firmas del vicepresidente y el apoderado de la empresa, Daniel Foschiatti y Ricardo Gil Lavedra respectivamente, y del abogado santafesino Maximiliano Torricelli.
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A pesar de la vehemencia de la empresa, los ministros de la Corte provincial, con Rafael Gutiérrez a la cabeza, volverán a verse este martes, en la reunión de acuerdos semanal. El tribunal deberá definir una agenda sucesiva para tramitar el pedido de avocamiento, que como ya informó AIRE, no es sólo de Commodities SA sino que se le sumó la presentación en el mismo sentido del Banco Nación, que con un impago de 300 millones de dólares es el principal acreedor individual en el concurso.
Cabe recordar que el 16 de junio –a 14 días de que venza el plazo de exclusividad de la empresa para acordar con los acreedores– el presidente de la Corte ordenó al juez de Reconquista Fabián Lorenzini paralizar el concurso y remitir el expediente. De esa forma dio trámite al pedido de avocamiento de Commodities SA que aduce que hay una situación de gravedad institucional y acusa al juez del concurso de haber permitido y cometido una larga lista de “antijuricidades”.
Un aspecto que analizará la Corte es si levanta la feria judicial para tramitar el pedido de avocamiento. El receso está previsto desde el 11 hasta el 22 de julio. Fuentes judiciales consultadas indicaron que ese lapso sería útil para correr vista a todos los que tienen que opinar en forma sucesiva. Lorenzini ya remitió su posición el viernes. La empresa lo hizo ayer en base a “las noticias periodísticas”, pero no a pedido de la Corte. Y deberán también ser consultadas la sindicatura, la intervención, el comité de acreedores. Y falta la opinión de la procuración, y luego que los ministros estudien el asunto. Quienes conocen de plazos judiciales, estimaron que acelerando a fondo, dando tres o cuatro días a cada uno para que conteste, recién a mediados de agosto podría el pleno de la Corte resolver si hace lugar o no.
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El escrito ingresó alrededor de las 15 de este lunes y consta de 30 páginas en las que se despliegan argumentos en contra del avocamiento, pero también cuestiona la decisión Gutiérrez de darle trámite por decreto al pedido de Commodities SA.
“Resulta evidente la absoluta ausencia de atribuciones del alto tribunal provincial para avocarse al conocimiento de una causa judicial, mucho menos dentro del marco de un concurso y para ordenar la suspensión de términos, máxime de la manera en que lo hizo, por presidencia, y sin traslado previo a mi parte (Vicentin), vulnerando derecho de defensa y garantía del juez natural” y “sin invocar normas de derecho positivo y antecedentes jurisprudenciales”, dice la compañía.
La empresa ataca la presunta gravedad institucional. “Es indudable que en el caso no hay gravedad institucional alguna. Más allá de la importancia económica del concurso, su dilucidación sólo compete a las partes involucradas en ese proceso y existen las vías legales para corregir instancias superiores en caso de error”, afirma el escrito.
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En el párrafo siguiente invierte los papeles: “Por el contrario, la gravedad institucional sólo se podría provocar si la Corte, en medio de un proceso concursal complejo como el que aquí se desarrolla, decidiera avocarse a la presente causa. La intervención podría generar incertidumbre en los acreedores con los que se estaba negociando”.
Reprocha a Gutiérrez que el decreto con el que paralizó el concurso violó el principio de legalidad, el derecho de defensa y la garantía de juez natural de la causa. Remata adelantando que irá “a la Corte Suprema de la Nación por vía del recurso extraordinario federal” en caso que los ministros santafesinos consumen el avocamiento.
Los abogados de Vicentin también se dieron por enterados a través de AIRE que el martes pasado el Banco Nación se sumó al pedido de avocamiento. Allí dice que “la única salida alternativa… es transitar prontamente la «segunda ronda concordataria», “salvataje” o “cramdown”, dado que a todas luces es inviable lo que ha ensayado hacer la multideudora colectiva en el estadio del período de exclusividad de su amañado –y estéril– proceso concursal, tal como se viene insólitamente desarrollando hasta el presente”.
El cramdown es una instancia prevista en la ley para el caso que la firma en concurso no llegue a un acuerdo con sus acreedores. Antes decidirse la quiebra, uno a varios acreedores o cualquier interesado podría ofrecer una salida al juez.
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Vicentin advierte a la Corte lo que a su entender ocurriría si se cae la oferta actual y se llegase al cramdown. “Si la sociedad fuese al cramdown, los fasones (trabajos de terceros que alquilan las instalaciones de Vicentin) se interrumpirían y no se podrán pagar sueldos, impuestos ni ninguna otra obligación, y al ser el volumen de Vicentin tan grande no resultará tan sencillo conseguir nuevos fasones, por lo que mes a mes, la situación se agravará inexorablemente”.
“Que el acreedor Commodities SA, no este conforme (con la propuesta de pago) no significa que tenga derecho a hacer fracasar un acuerdo que cuenta con amplios consensos”, según Vicentin. Estima entre 8 a 12 meses el proceso en caso que se llegue al cramdown, “en los que la sociedad colapsará por falta de ingresos”.
También presiona con cifras económicas: “Para entrar hay que garantizar 300 millones de dólares” (para capital de trabajo) y recuerda que desde el sector público ya ha dicho que no va a participar de ese financiamiento y que no pueden compensar créditos con capital. Dice Vicentin que “además de los 300 millones de dólares para arrancar hay que generar resultados para pagar a los acreedores”.
Por último achaca “la adopción de una medida no prevista legalmente” que “genera una situación de extrema gravedad al no respetar las reglas de juego existentes, poniendo en juego la continuidad de la empresa y miles de fuentes de trabajo”.
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