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Alberto Fernández sobre el salvataje de Vicentin: "Si somos garantes de la continuidad, pondremos las condiciones"

Tras la intervención de la Corte Suprema de Santa Fe, el presidente Alberto Fernández dijo que está dispuesto a avanzar con el salvataje de Vicentin: "Una empresa testigo que te ordene el mercado no es algo menor".

El presidente Alberto Fernández está dispuesto a avanzar con el salvataje de Vicentin, después de que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe interviniera en el expediente del concurso de acreedores con la decisión de suspender los plazos procesales. A dos años del fallido anuncio de la estatización de la cerealera, ahora el presidente vuelve a la carga con una idea similar. “Una empresa testigo que te ordene el mercado no es algo menor”, evaluó.

Fernández se manifestó a favor de la posibilidad de que el Estado cuente con “una empresa testigo para que ordene el mercado” en el plano alimentario y dijo que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de desplazar al juez del concurso de acreedores de Vicentin permite contar con “un escenario más favorable” que el que existía en el inicio del proceso.

“Una empresa testigo que te ordene el mercado no es algo menor (...) Nosotros en materia alimenticia tenemos que hacer algo que nos permita de algún modo intervenir para ordenar estas cosas. No se trata de la Junta Nacional de Granos, sino de buscar más herramientas. En su momento, la alternativa (de estatizar) Vicentin la descarté. En ese momento, dije lo descarto, porque era hacerle un favor a los acreedores, no a la Argentina”, señaló el jefe de Estado en un reportaje publicado este domingo por Página/12.

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“En el escenario actual, en el que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ha intervenido y se podría dar la posibilidad de cramdown (salvataje) –que es una propuesta de solución de la deuda hecha por los acreedores principales, en este caso el Banco Nación–, yo dije estudiémoslo porque es posible. Lo que no es posible es esta lógica de ‘expropiemos empresas de cualquier modo’ porque después se paga lo que no corresponde. Y yo no quiero hacer eso”, subrayó el Presidente.

“El Banco Nación es un acreedor privilegiado y puede ser determinante de la quiebra o de la continuidad. Ahora, si somos garantes de la continuidad, entonces pondremos las condiciones para que sea posible”, agregó.

Fernández dijo que en su momento decidió retroceder con la estatización de Vicentin ante la posibilidad de que una decisión en tal sentido “podía obligar a los argentinos a pagar una deuda cuantiosa, que no era razonable”.

“Retrocedí de la estatización, pero seguimos trabajando la alternativa del cramdown y ahora hay un escenario donde, tal vez, podamos hacer algo. No digo que esté seguro, pero sí que tenemos un escenario más favorable que aquel”, completó.

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Hasta el momento del concurso de acreedores, Vicentin era una de las principales agroexportadoras de la Argentina.

Hasta el momento del concurso de acreedores, Vicentin era una de las principales agroexportadoras de la Argentina.

Según Fernández, “el problema es que a Vicentin lo convierten en un problema ideológico. Y no es un problema ideológico, es un problema de oportunidad”.

“Yo estoy convencido de que lo que nosotros tenemos que garantizar es terminar con estos oligopolios, monopolios, y cuando estos sistemas existen, como el caso de las 7 u 8 cerealeras que existen en Argentina, si el Estado tuviera una cerealera que exporta, tendríamos posibilidades de intervención en favor del mercado, en favor de los argentinos. Pero eso no hay que hacerlo de cualquier modo”, remarcó.

La Corte Suprema de Santa Fe intervino en la Causa Vicentin

A dos semanas del plazo final para que la empresa Vicentin, una de las agroexportadoras más importantes de la Argentina, acuerde el pago de una deuda millonaria que mantiene con sus acreedores, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe intervino en el proceso y ahora el posible acuerdo es toda una incógnita.

El plazo vence el 30 de junio. Pero ahora todo cambió, porque el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, resolvió dar inicio a un trámite de un pedido de avocamiento presentado por los abogados de un grupo de acreedores de Vicentin.

Se trata de un pedido realizado por un grupo de damnificados por la firma Vicentin, en el que dan cuenta de una seria de irregularidades contenidas en el concurso de acreedores. Ahora, la Corte corrió traslado al juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, para que se exprese y luego remita los expedientes. Después, la Corte deberá expedirse sobre el pedido de fondo del avocamiento. El futuro del acuerdo es incierto, debido a que, además, el máximo tribunal decidió suspender los términos y los plazos de concurso.

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Vicentin tenía tiempo hasta el 30 de junio para cerrar un acuerdo con los acreedores. No obstante, de acuerdo a lo estipulado por la Ley de Concursos y Quiebras, aún necesita conseguir la aprobación de los acreedores que representan los dos tercios (el 66%) del capital de la deuda.

En diálogo con AIRE, Gustavo Feldman, abogado de un grupo de damnificados por Vicentin, explicó que “la Corte corrió traslado al juez del concurso los fundamentos del pedido de avocamiento hecho por Casanova y Matos, que son abogados de Commodities S.A., que relata las mismas irregularidades que venimos denunciando hace dos años respecto de los que vienen ocurriendo en el concurso y de lo que viene haciendo Vicentin a posterior del estrés financiero y el default”. Feldman destacó mucha de esa información fue dada a conocer en la audiencia imputativa contra Oscar Scarel, actual presidente del Directorio de Vicentin.

A modo de ejemplo, el abogado hizo referencia a una de las tantas movidas irregulares encaradas por Vicentin. “En un momento, se quiso transferir a la empresa Emulgrain, que era de Vicentin. El juez no la autorizó. Entonces la liquidaron con la connivencia y el conocimiento pleno de cada paso de la liquidación de la empresa”, sostuvo Feldman.

Para el abogado, las irregularidades de Vicentin “dejaron 880 voluntades engañadas”, en referencia a los acreedores. Y precisó que “está comprometido el orden público general y tiene gravedad institucional porque la propuesta contiene pautas indicativas de conductas ilegales”.

“El juez del concurso puede no intervenir en la parte económica –cantidad de cuotas, montos, etc–, pero no puede desconocer los contenidos ilegales e irregulares. Son delitos de acción pública, nulo de nulidad absoluta”, indicó Feldman.

Asimismo, el abogado Feldman recordó que “el año pasado –entre febrero y marzo de 2021– con mi firma entró pedido de recusación del juez Lorenzini. La Justicia de Reconquista lo rechazó, fuimos en queja y la queja está en la Corte sin resolverse”.

“Muchas de las cosas que se dicen ahora por el avocamiento, lo dije hace un año y tres”, concluyó Feldman.

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