El diputado provincial, Carlos Del Frade (Bloque Frente Social y Popular) respaldó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de intervenir en el concurso de acreedores de la empresa agroexportadora Vicentin, y de iniciar el trámite de avocamiento por irregularidades e ilegalidades, solicitado por un grupo de firmas acreedoras. Según el legislador, “la decisión se basa en la información que surgió de la audiencia motivada por la detención de Omar Scarel, en la que volvió a quedar libre porque tuvo que dejar 500 mil dólares en caución”.
Del Frade aseguró que “la clave es Renova. Su supuesta venta el 2 de diciembre de 2019, horas antes de la cesación de pagos, aquel estrés financiero, y su total extranjerización a favor del grupo Glencore Viterra, recientemente sancionado en distintos países del mundo por múltiples delitos”. En aquella oportunidad, se le transfirió a Reinasco BV el 16,67% de la compañía.
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Sin embargo, el diputado advirtió que esas movidas “no fueron un hecho aislado” y precisó: “Parece ser el principio de un presunto acuerdo entre los directivos de estas sociedades (los que integraban el directorio en aquella oportunidad y los actuales, Reinasco BV, Oleaginosa Moreno, Vicentin y Viterra) para terminar de sacar a Renova del activo de la concursada, y seguir así aumentando sus beneficios”.
Según el diputado del Frente Social y Popular, respecto al proceso, la Afip sostuvo que “la propiedad/participación de VICENTIN SAIC en RENOVA S.A. (33,33% que VICENTIN SAIC conserva, más el 16,67% que simula haber transferido) equivale al tercio de todos sus bienes, tomando la estimación realizada por la sindicatura concursal, en seguimiento de art. 39 inciso 2 de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ). Tal estimación calcula en 851 millones de dólares (al cambio actual) el valor de los bienes de la concursada, frente a los 1.400 millones de dólares de pasivo que deberá afrontar”.
“Están intentando vaciar Renova para sacar de circulación 851 millones de dólares. Una nueva operación de vaciamiento a favor de los directivos de Vicentin Glencore Viterra y en perjuicio de los acreedores”, aseguró.
A modo de resumen, Del Frade especificó que “los hechos fueron: aquella venta del 16,67% de las acciones de titularidad de Vicentin a Reinasco BV, luego la cesión de los derechos de fasón que tenía Vicentín en Renova, que se hizo en favor de Viterra en el mes de enero de 2020, y por último el reciente intento de venta del 33,33% de las acciones de Vicentin, que pudo ser evitado al menos temporalmente gracias al accionar y la determinación de esta Fiscalía, y que de consumarse implicaría dejar afuera de Renova a esta última, y colocar a Glencore (a través de Viterra y Rainasco) como única dueña”.
Respecto de la decisión de la presidencia de la Corte, el diputado expresó que “es una buena decisión. Hay que parar un nuevo intento de vaciamiento” y agregó que “es un necesario alerta para que los gobiernos no le dejen tanta zona liberada a grupos empresariales que hacen lo que quieren con la riqueza que genera el pueblo trabajador al cual después terminan empobreciendo”.
Pedido de avocamiento y suspensión de los plazos del concurso
A dos semanas del plazo final para que la empresa Vicentin, una de las agroexportadoras más importantes de la Argentina, acuerde el pago de una deuda millonaria que mantiene con sus acreedores, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe intervino en el proceso y ahora el posible acuerdo es toda una incógnita.
El plazo vence el 30 de junio. Pero ahora todo cambió, porque el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, resolvió dar inicio a un trámite de un pedido de avocamiento presentado por los abogados de un grupo de acreedores de Vicentin.
Se trata de un pedido realizado por un grupo de damnificados por la firma Vicentin, en el que dan cuenta de una seria de irregularidades contenidas en el concurso de acreedores. Ahora, la Corte corrió traslado al juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, para que se exprese y luego remita los expedientes. Después, la Corte deberá expedirse sobre el pedido de fondo del avocamiento. El futuro del acuerdo es incierto, debido a que, además, el máximo tribunal decidió suspender los términos y los plazos de concurso.
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