sábado 25 de junio de 2022
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Vicentin: Banco Nación también pide que la Corte Suprema intervenga el concurso de la agroexportadora

El Banco Nación, principal acreedor individual de la agroexportadora Vicentin, también pidió la intervención de la Corte Suprema en el concurso preventivo. La solicitud se suma al de la firma Commodities S.A. la semana pasada, que provocó que el presidente del máximo tribunal, Rafael Gutiérrez, ordenara suspender los plazos procesales.

La Corte Suprema de la provincia recibió en las últimas horas un segundo pedido para que se meta de lleno en el concurso preventivo de Vicentin ante supuestas irregularidades en el trámite. Y no se trata de un acreedor más, sino del Banco de la Nación Argentina, que es el principal acreedor individual de la agroexportadora con un pasivo de 300 millones de dólares. El Banco aportó 30 escritos mínimos que darían cuenta de la antijuridicidad de las acciones del juez que lleva adelante el concurso y deja en claro que debe dejarse de lado la oferta que Vicentin estaba haciendo a sus acreedores y pasar “prontamente” al proceso de cramdown.

El pedido de BNA se suma al de la firma Commodities SA la semana pasada, que provocó que el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, emitiera un decreto en el que ordenó al juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, suspender los plazos procesales del concurso preventivo, enviar el expediente al máximo tribunal y le corrió vista para que haga un descargo ante las innumerables objeciones de la corredora de granos con sede en Rosario.

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El pasado jueves, el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, puso en pausa el concurso procesal de la agroexportadora.

El pasado jueves, el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, puso en pausa el concurso procesal de la agroexportadora.

Una vez que Lorenzini haga su descargo, se le pedirá dictamen a la procuración y luego los seis ministros del máximo tribunal deberán votar si aceptan o rechazan los pedidos de avocamiento.

El escrito del Banco Nación también aduce una “situación de gravedad institucional” que justifica “una proactiva y rápida intervención de este Alto Cuerpo como «función remedial jurisdiccional» para el sinnúmero de antijuridicidades que se han verificado a lo largo del proceso concursal que nos ocupa…”.

El escrito, que lleva la firma de los abogados Rafael Pérez Bustamante y Silvia Beatriz Romero, detalla treinta escritos que forman parte del concurso preventivo como “mínimo imponible” que “debieran evaluarse, de los miles que obran en el expediente principal electrónico y en su incidente de intervención”, dice.

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Traducido: el Banco Nación le sugiere a la Corte que no hace falta que mire todo el expediente, que con sólo estudiar los 30 escritos que le detalla va a encontrar suficientes “antijuridicidades” que justifican su intervención extraordinaria. El listado inicia con la objeción a la apertura irregular del concurso preventivo por el faltante del último balance 2019 y cierra con la impugnación del Banco Nación y los sindicatos a la “disolución anticipada pro liquidación de Emulgrain” (empresa subsidiaria del grupo Vicentin). Cabe recordar que el expediente del concurso alcanza dimensiones gigantescas: 250 cuerpos y 52.000 fojas.

De los 30 escritos, cuatro de ellos corresponden al expediente paralelo que abrió el juez Lorenzini, relativos a la intervención de la IGJP de la provincia que lleva como identificación: “Inspección General de Personas Jurídicas Santa Fe c/ Vicentin Saic s/ intervención de la administración”.

El pedido de avocamiento también hace mención a las contradicciones entre el trámite del concurso en el fuero civil y comercial y las causas penales que se llevan adelante en Rosario contra el directorio.

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La sede de la empresa Vicentin en la localidad de Avellaneda.

La sede de la empresa Vicentin en la localidad de Avellaneda.

En ese sentido, recuerda que el 28 de abril pasado, el presidente del directorio de Vicentin Omar Adolfo Scarel, procedió a aceptar la “oferta de compra de acciones” efectuada por Viterra Argentina SA –“interesado estratégico” del foráneo Grupo Glencore– de las que Vicentin Saic era titular en Renova SA pese a haber una interdicción (inhibición) vigente en sede penal al respecto, y sin que ello alterara el ánimo judicante del juez Lorenzini, sumado a que a nuestro mandante -acreedor privilegiado- no se le ha formulado propuesta alguna de pago en el marco del concurso en trámite”.

Como otros acreedores y la fiscalía de Rosario, Banco Nación acusa a Vicentin de estar enajenando bienes y comprometerlos para el pago de la oferta que le estaba haciendo a sus acreedores siendo que no puede disponer de esos bienes porque están cautelados por otros jueces en otros procesos de índole penal.

“No tenemos dudas que la única salida alternativa… es transitar prontamente la «segunda ronda concordataria», “salvataje” o “cramdown”, dado que a todas luces es inviable lo que ha ensayado hacer la multideudora colectiva en el estadio del período de exclusividad de su amañado -y estéril– proceso concursal, tal como se viene insólitamente desarrollando hasta el presente”.

El Banco Nación fue mencionado por el presidente Alberto Fernández días atrás al revivir la idea de convertir a Vicentin en una empresa testigo del mercado de granos y alimentos a partir de que, a su entender, la intervención de la Corte Suprema de Santa Fe generó un escenario mucho más favorable que el de 2020, cuando se intentó la fallida expropiación. Sin dar detalles, Fernández sugirió que ese objetivo se podría lograr junto con otros acreedores. Cabe recordar que el Banco Nación tiene prohibido capitalizar su acreencia, por lo que para avanzar en ese sentido el Ejecutivo debería idear una figura que “le compre” el pasivo al Nación para después sí capitalizarlo.

El descargo de Vicentin

A partir de la decisión de la Corte provincial que suspendió el concurso, Vicentin emitió un comunicado en el que ratifica su confianza en las instituciones, en especial en la Justicia. Afirma que “el proceso concursal ha discurrido… de manera transparente”. Que la propuesta de cancelación -que cuenta con apoyo de más de 1.000 acreedores- tiene posibilidades concretas de alcanzar la declaración de Existencia de Acuerdo y que “es la única alternativa concreta que permite a los acreedores de la Sociedad recuperar sus acreencias”.

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También hace mención a la posibilidad de un cramdown: “Todas las explicaciones relativas a un hipotético cramdown sólo llevan a confusión a la audiencia no especializada, puesto que ninguna de ellas explica cómo se va a financiar la actividad de Vicentin, de dónde saldrán los 300 millones de dólares de capital de trabajo necesario para operar, cómo recuperarán sus acreencias los acreedores -todos, no solamente los granarios- y cómo se protegerán los 1.500 puestos de trabajo directos durante una aventura sin conducción ni capacidad financiera”.

Y en respuesta a las declaraciones del presidente de la Nación, afirma que “Vicentin no es ni puede ser una empresa testigo que ordene el mercado de granos, puesto que Vicentin es tan solo una (gran) empresa de molienda que transforma granos en aceite y harina. Su participación antes de la presentación en concurso nunca alcanzó el 15% del sector”.

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